Santa Cruz De Tenerife, 29 abr (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel y el pago de 71.
000 euros al exgerente de un restaurante de Arona, que se había apropiado de dicha cantidad por su acceso a la caja registradora, y además deberá abonar una multa de 1.
600 euros.
La sentencia da por probado que entre el 6 de mayo de 2016 y el 29 de junio de 2018, mientras ejercía sus funciones de dirección y gerencia del establecimiento, utilizó sus facultades y conocimiento del programa informático para controlar la apertura y cierre de la caja registradora.
De esta manera podía modificar las ventas a los efectos de corregir cualquier incidencia de facturación que surgiera en la actividad hostelera del local.
“Durante todo el tiempo referido a sabiendas y de manera adecuada para inducir a equivocación en el resultado contable, con un propósito de enriquecimiento ilícito, de manera habitual y en una pluralidad de ocasiones reiteradas en el tiempo, modificaba las facturas del registro informático de las comandas que se servían en el restaurante”, afirma la sentencia.
El encausado suprimía pedidos para que no aparecieran en el registro informático y se quedaba con los importes abonados por los clientes, sin llegar a reembolsarlos en la caja registradora del negocio, indica el fallo, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El acusado negó los hechos y dijo que si bien ejercía el cargo de maître y era quien más usaba la caja registradora, sus capacidades eran limitadas y entre ellas no estaba la de hacer anulaciones de facturas.
Añadió que, en la práctica diaria, ni él ni otros empleados utilizaban códigos personales para operar, restando relevancia al sistema de claves descrito por los denunciantes.
Un informe pericial indicó que en ese período las cancelaciones se incrementaron en un 59% y si se tiene en cuenta los días de vacaciones o de baja, globalmente la cifra se situaría en un 55%, pese a lo cual el perito no concretó la autoría de estas operaciones.
Tras ser descubierto en julio de 2018, el acusado pidió a su jefe directo que intercediera ante los dueños para que pudiera seguir trabajando, comprometiéndose a ir devolviendo el dinero poco a poco y justificó lo ocurrido porque era aficionado al juego.
El encausado limita las cantidades de las que se habría apropiado de forma irregular a unos 4.
000 euros, que se corresponden a las invitaciones que hacía a determinados clientes.
Otro perito cuantificó que en 2016 se habrían sustraído casi 17.
000 euros, en 2017 33.
500 y el último año cerca de 21.
000 euros y consideró significativo que estos hechos se incrementaran tras su contratación.
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