Santa Cruz de Tenerife, 5 may (EFE).
– El antropólogo Juan José Pérez, exdirector de la Fundación Yrichen y miembro de la Plataforma Canaria del Tercer Sector, ha advertido de que las administraciones públicas canarias combaten la pobreza infantil desde “la emergencia” y no desde la planificación, con problemas estructurales de burocracia, falta de evaluación y escasa orientación a resultados.
Pérez ha comparecido este martes en la comisión parlamentaria sobre pobreza infantil de la Cámara regional y ha defendido que Canarias debe dejar de abordar la pobreza infantil como una sucesión de urgencias y empezar a diseñar políticas con perspectiva de 10 o 20 años.
Un «suelo» de pobreza cada vez más altoSegún ha expuesto, cada crisis económica, pandemia o ciclo negativo eleva los indicadores de pobreza infantil, que luego bajan parcialmente pero quedan en un “suelo” cada vez más alto.
Esa tendencia, ha advertido, puede llevar a que dentro de dos décadas la fotografía social del archipiélago sea “peor” si no se corrigen los fallos actuales.
Uno de los principales problemas, ha señalado, es que la administración no está logrando que las ayudas lleguen a quienes cumplen los requisitos, y ha citado el ingreso mínimo vital como ejemplo de una herramienta con capacidad real para reducir la pobreza severa, pero que no alcanza a más de la mitad de sus potenciales beneficiarios por trabas administrativas.
Más grave aún, ha añadido, es el caso del complemento de ayuda a la infancia vinculado al ingreso mínimo vital, que no llega a tres de cada cuatro familias que podrían cobrarlo.
“Habiendo recursos económicos y habiendo necesidad, las administraciones no están siendo capaces de ayudar a esas familias”, ha lamentado.
Modelo basado en la sospechaPérez ha defendido que este problema revela un modelo administrativo basado en la fiscalización previa y en la sospecha, en lugar de partir de que quien solicita una ayuda la necesita y comprobar después si ha cumplido los requisitos.
También ha cuestionado la organización de la función pública, al afirmar que no se trabaja por objetivos ni por resultados, sino por procedimientos que muchas veces se perpetúan aunque no se mida su impacto y ha indicado que, por experiencia personal, en ocasiones el éxito de una ayuda o proyecto depende de “quien te toque” en la administración y de su vocación o implicación personal.
El compareciente ha considerado asimismo que Canarias arrastra un problema de “costumbre” administrativa, con la lógica de “esto siempre se ha hecho así”, lo que dificulta reformas ya aplicadas en otras comunidades autónomas o poner en prácticas maneras de trabajar más eficaces.
En ese sentido, ha pedido homogeneizar formularios, simplificar procedimientos, usar plataformas únicas y evitar que entidades y ciudadanos tengan que presentar cada año la misma documentación ante sedes electrónicas distintas.
Retrasos en las resolucionesPérez ha puesto como ejemplo las convocatorias de subvenciones para entidades sociales, que a menudo se resuelven provisionalmente en julio, octubre o incluso noviembre, cuando los proyectos deben ejecutarse antes de terminar el año, una situación que obliga a reformular actuaciones sin margen, endeuda a entidades pequeñas, provoca renuncias y deja fondos sin ejecutar, según ha esgrimido.
Ha citado convocatorias como las vinculadas al IRPF social o a proyectos de infancia y familia, que financian pisos tutelados, comedores, centros de día o programas de acompañamiento a menores, donde según ha aseverado en muchos casos el cobro anticipado llega cuando el proyecto está a punto de finalizar.
Para Pérez, esto supone un “fracaso colectivo”, porque existen recursos públicos para combatir la pobreza infantil, pero no se movilizan por incapacidad administrativa.
Ha añadido que este problema no afecta solo al Gobierno canario, sino también a cabildos y grandes ayuntamientos.
El antropólogo ha defendido además una financiación más estable para el tercer sector, con fórmulas plurianuales y desarrollo real del concierto social, tomando como referencia modelos de Aragón o Baleares.
Ha recordado además que muchas ONG canarias son entidades pequeñas, con pocos trabajadores y alta carga de auditoría, pero que a la vez sostienen programas esenciales de intervención social.
Ruralización de la pobrezaEn su diagnóstico, Pérez también ha vinculado la pobreza infantil con vivienda, empleo, educación y salud mental, y ha advertido de la “ruralización” de la pobreza, por familias expulsadas de barrios urbanos hacia zonas periféricas o rurales donde encuentran vivienda, pero no necesariamente empleo, redes familiares ni servicios suficientes y donde por ejemplo están desconectados de los servicios sociales.
Asimismo, ha alertado de que el empleo ya no garantiza inclusión, pues hay hogares con personas ocupadas que siguen en riesgo de pobreza y ha reclamado proyectos de segunda oportunidad para jóvenes que han abandonado el sistema educativo, alineados con las necesidades reales de empleo.
Como propuestas, ha planteado reforzar la investigación aplicada, medir el impacto del tercer sector, avanzar en ayudas eficaces a la crianza, universalizar la educación de cero a tres años, impulsar vivienda pública y diseñar políticas intersectoriales que combatan a la vez pobreza, desempleo, fracaso educativo y emergencia habitacional.
Pérez también ha alertado de la cronificación generacional de la pobreza, al señalar que las entidades sociales trabajan hoy con “los hijos y los nietos” de personas atendidas hace décadas, con historias de vida marcadas por abusos, exclusión, adicciones, problemas de salud mental o prisión.
El antropólogo también ha pedido poner el foco en los menores tutelados o no acompañados que desaparecen del sistema, entre ellos menores extranjeros, porque no saber dónde están supone un riesgo extremo ante posibles redes de trata, explotación sexual o delincuencia.
EFEcmg
