Santa Cruz de Tenerife, 15 may (EFE).
– El Cabildo de Tenerife movilizará un fondo de contingencia para atenuar el impacto del combustible en agua y transporte, entre otras medidas sociales, y ha cifrado en 99 millones de euros la cantidad que el Gobierno central debería inyectar a la isla ante el conflicto en Oriente medio.
Es parte de la descripción que sobre el impacto de la guerra ha realizado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un pleno extraordinario sobre este asunto solicitado por el grupo Socialista, cuyo portavoz, Aarón Afonso, le ha pedido cesar en el «victimismo» y evitar la confrontación con el Gobierno central.
La presidenta ha señalado que los indicadores reflejan una primera ronda de impactos directamente en la isla con incrementos cercanos al 40% en el precio del gasóleo, sobrecostes acumulados en el transporte público de más de 440.
000 euros y una proyección que podría superar los 5,9 millones de euros si la situación se prolonga todo el año.
Inicialmente, ha indicado Dávila, el Gobierno de España aprobó un paquete de más de 80 medidas y movilizó más de 5.
000 millones de euros para contener el impacto económico de la crisis pero, ha advertido, Canarias volvió a encontrarse «con una realidad que desgraciadamente conocemos demasiado bien: muchas de esas medidas no eran aplicables automáticamente a las islas porque no tenemos IVA», y porque su condición ultraperiférica exige respuestas específicas.
La presidenta ha recordado que posteriormente se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de España y el de Canarias para compensar económicamente al Archipiélago por aquellas medidas estatales que no tenían aplicación directa en las islas y que, en su opinión, podrían suponer un montante de más de 230 millones para Canarias y, en concreto, de 99 millones de euros para Tenerife.
Ha precisado Dávila que el Cabildo tiene claro su propósito de proteger a Tenerife «ante una crisis importada que no hemos provocado» y por ello abordará siete líneas de trabajo colaborando para que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia a todos los rincones de Tenerife, especialmente en ámbitos como el transporte público, el sector primario, la conectividad y la protección de las familias más vulnerables.
Para ello el Cabildo pondrá en marcha un sistema permanente de seguimiento del impacto económico de la crisis sobre Tenerife, que analizará de forma continua la evolución del precio de los combustibles, los costes del transporte público, el comportamiento de la logística y la evolución de la cesta básica.
Además el Cabildo preparará mecanismos de cobertura presupuestaria para absorber el incremento de costes energéticos que afecta al transporte público insular, fundamentalmente TITSA, así como a las infraestructuras de desalación y depuración.
En el caso de TITSA, el objetivo es garantizar la estabilidad del servicio, evitar reducciones de capacidad operativa y asegurar que el encarecimiento del combustible no termine repercutiendo directamente sobre los usuarios del transporte público.
Además, ha añadido Rosa Dávila, ante el enorme esfuerzo inversor desplegado en infraestructuras de generación y regeneración de agua tras la Declaración de Emergencia Hídrica «tenemos que asegurar que los costes de la energía no comprometan la capacidad de producir el agua que necesitamos».
Para ello el Consejo Insular de Aguas de Tenerife dotará adecuadamente un fondo de contingencia que evite que el incremento de costes se traslade a los ayuntamientos y que estos incrementen la tarifa de agua a los ciudadanos.
También habrá medidas para acelerar la renovación de flotas hacia vehículos menos dependientes de combustibles fósiles y apoyar al transporte de mercancías vinculado al sector primario, reforzar las ayudas sociales contra la pobreza energética y de alimentación y vivienda, especialmente si la crisis internacional se prolonga.
Ha insistido en la suspensión de la regla de gasto para que el Cabildo pueda incrementar el presupuesto en un contexto adverso, lo que permitiría asegurar los servicios públicos, el crecimiento económico y el empleo.
Asimismo, ha continuado, se necesita una mesa permanente de seguimiento económico entre Cabildo, ayuntamientos, Gobierno de Canarias, sectores empresariales y agentes sociales para anticipar escenarios y responder con rapidez.
El portavoz socialista, Aarón Afonso, ha reprochado a la presidenta insular su estrategia de victimismo e insistencia en el «maltrato» por parte del Gobierno central que, aparte de las medidas que afectan al IVA, incluyen otras de tipo estructural como el bono social eléctrico y térmico, la garantía para el suministro de agua y luz y ayudas al sector primario y transportistas.
Afonso ha reclamado además al gobierno insular que convoque a los ayuntamientos de la isla en Consejo Insular de Administración Territorial para acordar las medidas, puesto que «a día de hoy no hay convocatoria alguna en curso y seguimos esperando».
El portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, ha criticado a su vez «la ignorancia» que exhibe el Estado en cuanto a la disposición del Estatuto de Autonomía de articular medidas específicas para Canarias y ha abundado en que, para el Cabildo, la primera reflexión es ver «en qué medida esta crisis no nos afecta en primer lugar a la prestación de nuestro propio servicio», como el transporte público.
José Carlos Acha, del PP, ha enumerado las acciones que ya desarrolla el Cabildo ante los sobrecostes derivados del conflicto y para reforzar servicios de forma que el impacto no repercuta en la población, para advertir que de todas maneras se depende de la acción del Gobierno central en medidas como la deflatactación del IRPF.
Ana Salazar, del grupo Mixto, ha criticado al PSOE por intentar utilizar la situación internacional «para el desgaste político» y ha pedido que en el caso de Tenerife, se elimine el céntimo forestal, pues no se puede cargar «permanentemente» el peso económico sobre «quienes sostienen la isla día a día», sobre lo que Rosa Dávila ha mostrado su completo desacuerdo por entender que es un mecanismo estable de financiación medioambiental.
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