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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 21 sep (EFE).

– La Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación Canaria Pequeño Valiente para desarrollar distintas actuaciones de apoyo a pacientes pediátricos, familias y profesionales en el hospital, dentro de la estrategia de humanización de la atención sanitaria del centro, ha anunciado este lunes.

El convenio ha sido suscrito por el gerente del Hospital General de Fuerteventura, Alejandro Miguens, y el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Juan Jerez, en un acuerdo que establece un marco de colaboración de dos años, con carácter de continuidad, y contempla la puesta en marcha de diferentes acciones dirigidas especialmente al ámbito pediátrico, ha informado Sanidad en un comunicado.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la dinamización socioeducativa de la planta de hospitalización pediátrica, con actividades orientadas a hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los menores que se encuentran bajo tratamiento médico en los servicios de Oncohematología y con otras patologías.

La Fundación participará además en la programación de actividades de humanización del centro y colaborará en acciones de formación dirigidas a los profesionales sanitarios.

El acuerdo contempla también una línea específica de apoyo a las familias residentes en Fuerteventura cuyos hijos necesiten recibir tratamiento fuera de la isla.

En estos casos, el Servicio de Trabajo Social Hospitalario será el encargado de canalizar las situaciones hacia la Fundación Canaria Pequeño Valiente, que prestará apoyo al Servicio Canario de la Salud cuando sea considerado por sus técnicos en materia de alojamiento, acompañamiento psicosocial y asesoramiento en los trámites y gestiones derivados del proceso de salud.

Esta colaboración permitirá, de este modo, dar una respuesta coordinada a las necesidades que pueden surgir, tanto durante la hospitalización pediátrica en Fuerteventura como cuando los menores deben desplazarse a otros centros sanitarios para continuar sus tratamientos.

El convenio establece asimismo la creación de una mesa de seguimiento técnico, que permitirá coordinar las actuaciones desarrolladas y realizar el seguimiento de la colaboración entre ambas entidades.

Además, ambas entidades organizarán anualmente al menos una jornada o sesión de presentación del programa de voluntariado, dirigida a los equipos asistenciales de las áreas implicadas dentro del centro hospitalario.

EFE1011279evs/cms

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).

– La diputada del Común, Lola Padrón, ha instado al Gobierno de Canarias a «abrir un diálogo directo» con las personas que opositan al Cuerpo General de la Policía Canaria y «reforzar la transparencia», para que puedan afrontar las pruebas «con seguridad y en igualdad de oportunidades», ante las dudas que sobre la objetividad de los precedentes.

El anterior proceso selectivo para la escala básica de la Policía Canaria, de 141 plazas, está judicializado tras las reclamaciones planteadas por alrededor de 200 aspirantes en relación con las pruebas y la actuación del tribunal calificador, ha informado la Diputación del Común.

Lola Padrón se ha reunido con Ángeles Padilla, abogada y representante del Colectivo de Aspirantes Afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), para conocer las preocupaciones de las personas afectadas por el anterior proceso selectivo y la inquietud con la que afrontan las nuevas convocatorias de acceso al cuerpo.

Los opositores han perdido la confianza en una selección por las dudas surgidas durante el procedimiento anterior, que afectan a su percepción sobre las garantías de igualdad, mérito, capacidad y objetividad, según le han transmitido a la diputada del Común.

A la nueva convocatoria de 150 plazas concurren más de 2.

500 aspirantes y quienes ya participaron en el procedimiento anterior consideran necesario que se aborden las dudas y la pérdida de confianza sobre el procedimiento.

La Diputación del Común ha indicado que no puede entrar en consideraciones sobre el proceso anterior porque está judicializado, pero se hace eco de «la preocupación trasladada por los opositores» y quiere contribuir «a que puedan afrontar los nuevos procesos con seguridad y confianza».

De ahí que Lola Padrón pida al Gobierno de Canarias que dialogue de forma directa con las personas afectadas, que escuche sus preocupaciones, que les facilite información y que ofrezca «certidumbre» ante las nuevas pruebas.

EFEacp/brr

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).

– La Universidad de La Laguna (ULL) ha defendido este lunes la autonomía académica del grupo de investigación y del departamento que han organizado un evento en el que participa la escritora Lucía Etxebarria, ante la petición de la Delegación de Estudiantes de cancelar su participación, prevista para el próximo 10 de octubre.

La ULL ha señalado en un comunicado que la actividad ha sido organizada por un grupo de investigación y un departamento de la Universidad que, «en el ejercicio de su autonomía académica», han seleccionado a las personas que consideran adecuadas para participar en ella.

La institución ha reconocido que algunas declaraciones públicas realizadas anteriormente por Etxebarria sobre las personas trans «han generado rechazo y preocupación en parte de nuestra comunidad universitaria».

La Universidad ha subrayado que su posición en este ámbito es «clara» y que defiende la igualdad y la no discriminación, así como los derechos y la dignidad de las personas trans, de acuerdo con la legislación vigente y con su propia normativa.

En este sentido, ha recordado que desde 2020 dispone de un reglamento de atención a la diversidad de género y de acompañamiento a estudiantes trans y que ha apoyado numerosas actividades científicas, divulgativas y culturales a favor del colectivo trans y de sus reivindicaciones históricas.

La institución ha precisado que no va a promover la cancelación de la actividad ni a realizar una valoración preventiva sobre el contenido de una intervención que todavía no se ha producido.

El equipo de gobierno de la ULL ha agregado que respeta la autonomía académica de quienes organizan el seminario, aunque pueda discrepar de su decisión, y ha reiterado la posición institucional de la Universidad en materia de igualdad y no discriminación.

Asimismo, ha considerado «plenamente legítimo» que el alumnado y otros sectores de la comunidad universitaria discrepen de la elección realizada y expresen públicamente sus críticas, siempre que lo hagan «de forma pacífica y respetuosa»Extebarria niega algunas de las expresiones que le atribuyenPor su parte, Etxebarria ha negado haber utilizado algunas de las expresiones que la Delegación de Estudiantes de la ULL le atribuyen, así como haber plagiado un libro publicado en 2005La escritora ha negado haber calificado a las mujeres trans de «aberración» y ha explicado que utilizó la expresión «aberración jurídica» para referirse, según su versión, a determinadas consecuencias de una ley.

También ha señalado que no suele utilizar la expresión «varones» para referirse a las mujeres trans y que considera que se la ha confundido con otra persona.

Asimismo, ha rechazado una acusación de plagio relacionada con un libro publicado en 2005 y ha reclamado que se aporte una sentencia que determine que la obra es un plagio.

Etxebarria ha invocado la libertad de expresión y la libertad de cátedra y ha citado el artículo 20 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, que recoge la libertad académica.

La escritora ha mencionado además otros casos de personas que, según afirma, han sufrido cancelaciones, boicots, amenazas, protestas o intentos de impedir sus intervenciones por sus posiciones críticas con la denominada Ley Trans.

Etxebarria ha defendido el derecho de la Delegación de Estudiantes a criticarla, protestar, organizar actos alternativos o acudir a su conferencia y formularle preguntas, pero ha cuestionado que las discrepancias se resuelvan «suprimiendo al discrepante».

EFEbrr/spf

(añade nuevos detalles y declaraciones de los hijos de la propietaria del inmueble)Jandía (Fuerteventura), 21 sep (EFE).

– La familia propietaria de la casa de la Cueva de la Negra, en el sur de Fuerteventura, sobre la que hay una orden de derribo, ha logrado paralizar el desalojo y tapiado de la vivienda por el incumplimiento de los plazos de notificación que establece el juzgado para la notificación por parte de la Demarcación de Costas del Estado.

Minutos antes de las 11.

00 horas, efectivos de la Guardia Civil y el Ministerio de Transición Ecológica se presentaron en la vivienda, propiedad de Pascuala Roger, con la idea de cumplir con la actuación prevista, que consistía en la entrada en el inmueble y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas.

Tras más de media hora de conversación, la representación legal de la familia ha conseguido parar, de momento, la entrada en el inmueble por no cumplirse los cinco días hábiles de notificación, al haber sido festivo el viernes en Fuerteventura.

El derribo estaba previsto para el pasado 26 de agosto, pero se consiguió paralizar después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares para suspender la demolición de la vivienda con el objetivo de evitar «un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico», ya que la casa se encuentra en las proximidades de un yacimiento arqueológico.

En el informe, el Cabildo de Fuerteventura «aconseja extremar las medidas de protección y adoptar las cautelas necesarias» antes de ejecutar cualquier actuación y justifica las medidas cautelares en la necesidad de conocer y documentar previamente sus características y su posible relación con el patrimonio arqueológico y cultural.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias remitió un escrito a la Demarcación de Costas del Estado para advertirle del riesgo de destrucción del patrimonio cultural si se llevaba a cabo el derribo previsto para este lunes.

El pasado viernes se hizo público que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria había admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger contra el auto que autorizó la entrada en el inmueble de la Cueva de la Negra.

Los hijos de la propietaria, Martín y Ana Francés, se han mostrado satisfechos con la nueva batalla ganada a Costas al lograr paralizar el desalojo y tapiado, aunque han reconocido que sigue adelante el derribo por lo que han pedido más apoyo a las administraciones de la isla a las que echaron en falta este lunes en la Cueva de la Negra.

Por otro lado, Martín Francés ha denunciado, en declaraciones a EFE, «la doble vara de medir» de la Demarcación de Costas del Estado pues la ley «no es igual para todos: lo que sirve para un hotel en una playa no sirve para una casa de 1910».

Para Martín, el derribo de la vivienda sería «un mensaje que da Costas hacia cualquier otra casa, porque para ellos el patrimonio y la memoria no significa nada».

«El derribo sentaría un precedente y para es importante terminar esta acción» porque, de no ser así, «sentaría un precedente contrario: el que nos podemos defender», ha concluido.

EFE1011279evs/jmr(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).

– Los siete cabildos han acordado en la Federación Canaria de Islas (Fecai), crear una comisión de trabajo junto a las dos universidades públicas para articular medidas que faciliten el acceso a un alojamiento a los estudiantes en las ciudades universitarias ante las dificultades que existen en la actualidad.

«Hemos dado un paso importante para propiciar una estrategia conjunta de los cabildos en materia de alojamiento universitario para estudiantes de las islas, fundamentalmente de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna», explica el presidente del Cabildo de Gran Canaria, presidente de turno de la Fecai, en un comunicado.

Morales subraya que los cabildos son «conscientes de la situación que viven centenares de familias que ven con enorme dificultad conseguir una plaza en una residencia o alquilar un piso en cualquiera de las ciudades universitarias».

Por ello, quieren conocer la realidad de cada una de las islas y «afrontar el problema con inversiones directas o financiación directa a los instrumentos que se establezcan».

«La idea es identificar las necesidades para poder aportar financiación directa o recursos para la gestión de los espacios alojativos que se creen en el futuro», ha adelantado.

Por otro lado, la sesión de la Fecai celebrada en Gran Canaria ha acordado también dirigirse al Ministerio del Interior para solicitar de manera urgente la reanudación del proyecto para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) del norte de Lanzarote.

Morales remarca se trata de una infraestructura esencial para proteger vidas de los inmigrantes que intentan llegar a la isla en patera y para la seguridad insular frente al narcotráfico.

La Fecai subraya que la obra fue financiada con seis millones de euros en 2015 y que en 2020 el proyecto fue declarado de interés nacional por su carácter estratégicas.

Las obras, iniciadas en 2023, continúan paradas desde entonces tras un acto vandálico y no ha habido una nueva respuesta por parte del Gobierno de España desde 2024.

Asimismo, la Fecai ha mostrado su respaldo institucional a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura.

EFEjmr

Las Palmas de Gran Canaria, 21 sep (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo aprobará antes de que acabe el año un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias para impulsar la creación de plazas residenciales de atención diurna en las islas.

Delgado ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha destacado que uno de los déficit detectados por el último informe sobre el desarrollo del sistema público de Servicios Sociales fue la falta de plazas sociosanitarias en el archipiélago.

La consejera ha explicado que el nuevo plan se desarrollará en colaboración con los cabildos insulares y contará con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation y del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Según ha indicado, el Ejecutivo autonómico ya tiene comprometido más del 98 % de los fondos Next Generation destinados a este ámbito, lo que permitirá avanzar en la creación de nuevas plazas sociosanitarias.

Delgado ha afirmado que el anterior plan de infraestructuras «no tuvo el éxito deseado por la gestión que realizaron muchos cabildos en la legislatura pasada».

La consejera ha señalado que el tercer plan incorporará la fórmula de colaboración público-privada que, a su juicio, «tuvo muchísimo éxito» en el primer programa de infraestructuras sociosanitarias.

Asimismo, ha avanzado que este plan contará con financiación extra procedente del nuevo Fdcan, que permitirá a los cabildos destinar financiación tanto a la construcción de vivienda como a la creación de plazas sociosanitarias.

Delgado ha añadido que el Gobierno canario pretende agilizar la ejecución de los proyectos barajando «todas las opciones posibles, dentro de la legalidad», incluyendo la implantación de centros sociosanitarios en determinados espacios rústicos previstos en la legislación autonómica.

EFEmrgz/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).

– El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha aceptado la cesión gratuita de un solar por parte del Ayuntamiento de Los Silos, en Tenerife, que se incorporará a su para el desarrollo de futuras actuaciones de vivienda protegida de promoción pública en el municipio.

La parcela, con una superficie de 622 metros cuadrados y un valor de 262.

205,71 euros, está situada en los números 6, 8 y 10 de la calle Efigenia, en el barrio de San Bernardo-Las Canteras.

La directora del ICAVI, Pino de León, destaca en un comunicado que “la incorporación de este suelo nos permite seguir ampliando el patrimonio público disponible para desarrollar nuevas promociones de vivienda y atender las necesidades habitacionales de las familias de Los Silos, en el marco de las actuaciones previstas en el futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030”.

Pino de León valora “la colaboración permanente con los ayuntamientos, que son una pieza fundamental para facilitar la disponibilidad de suelo y hacer posible el desarrollo de nuevas promociones de vivienda pública en las islas”.

“El acceso a suelo público es uno de los principales retos para incrementar el parque de vivienda y, por ello, cada parcela que se incorpora al patrimonio del ICAVI supone un paso adelante para poder desarrollar nuevas viviendas y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, añade.

EFEjmor/spf

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).

– El dinero total que empresas extranjeras decidieron invertir en Canarias (la inversión bruta extranjera) fue de 170,47 millones de euros durante el primer semestre de 2026, una cifra inferior a la alcanzada en el mismo periodo del ejercicio precedente: 197,64 millones.

Este es uno de los datos que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac) de forma trimestral.

El total de esta inversión se ejecutó por parte de empresas que registraron inversiones reales, que son aquellas diferentes de las ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros), es decir, empresas con actividad de economía real que destinan su inversión a abrir nuevas sedes en el extranjero o comprar maquinaria.

Este dato se encuadra en un contexto nacional donde la inversión bruta total en España alcanzó los 15.

479 millones de euros.

A nivel nacional, el grueso de esta inversión (80%) se ejecutó de forma mayoritaria por empresas que registraron inversiones reales (apertura de comercios, hoteles…) y el resto (20%) por ETVE.

EFEjmor/spf

Madrid, 21 sep (EFE).

– El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha confirmado este lunes que no han recibido ninguna oferta por la remodelación del aeropuerto de Tenerife Sur, una de las inversiones previstas en el DORA III, lo que considera que «no es una buena noticia», pero ha remarcado que pueden «asumirlo».

Lucena ha explicado en una conferencia con analistas para presentar el DORA III, aprobado la semana pasada por el Gobierno, que «no es una noticia positiva», pero si la naturaleza jurídica de Aena fuera distinta y el Estado poseyera, por ejemplo, el 40 % de la empresa en lugar del 51 %, «ni siquiera se sabría públicamente que esta licitación o este contrato ha quedado desierto».

Según el ejecutivo, en cualquier empresa privada es normal que, al intentar contratar una inversión importante (464 millones de euros), no se tenga éxito en la primera fase y las cosas no salgan según lo previsto.

«Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Tenerife, pero la diferencia es que todo ha sucedido a la vista de todos.

Así que, desde esta perspectiva, no es algo preocupante», ha matizado.

La estructura accionarial de Aena permite analizar con transparencia aspectos que, en otras empresas de tamaño similar, no se podrían examinar, ya que solo se conocería el resultado final una vez adjudicado el contrato, y no en una fase en la que aún no se ha logrado la adjudicación.

«A veces sucede, y haremos todo lo posible por mejorar la nueva licitación para, al menos, maximizar las probabilidades de una adjudicación adecuada», ha agregado.

El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, ha añadido que el proyecto de Tenerife Sur es probablemente uno de los más complejos, si no el que más, que se llevará a cabo en el marco del DORA III.

Debido a la falta de espacio disponible en el aeropuerto de Tenerife Sur, hay que demoler distintas partes de la terminal y construir una nueva.

«Es una labor que nos llevará varios años», ha remarcado.

De hecho, el contrato licitado contemplaba un plazo de 96 meses; es decir, un proyecto muy largo y complejo en un momento difícil, debido a la incertidumbre sobre los costes de construcción.

A su juicio, «la realidad es que el riesgo que el mercado ha atribuido a este proyecto es mayor de lo previsto».

Al mismo tiempo, Aena ha lanzado otras licitaciones —por ejemplo, dos en Madrid y una en Tenerife para un nuevo aparcamiento— y ha percibido interés por parte del mercado, ha recordado.

En cualquier caso, «nuestros técnicos están evaluando la situación y encontraremos una solución para cumplir con los requisitos», ha indicado.

Marín ha agregado que confían en poder atraer las mejores ofertas de las empresas constructoras para los proyectos previstos en DORA III.

«Creo que contamos con muchas empresas constructoras para las que España es su mercado nacional y estamos convencidos de que estarán muy interesadas en colaborar con nosotros en el desarrollo futuro de los aeropuertos españoles», ha resaltado.

El programa de inversiones aprobado «es realmente ambicioso», tanto por el volumen de inversión como por el hecho de que afecta a la mayoría de los aeropuertos principales, pero la regulación «nos ofrece ciertas herramientas de flexibilidad, las distintas inversiones en los diferentes aeropuertos tienen clasificaciones distintas».

Existen inversiones estratégicas —las más importantes—, para las que es obligatorio cumplir un calendario, y otras muchas no clasificadas, «lo que nos da flexibilidad para priorizar la cartera de proyectos», ha detallado.

«Iniciamos este proceso con incertidumbres sobre los precios y sobre algunos proyectos que aún están pendientes de definición.

Tendremos que gestionar la cartera, pero hay algo que está claro: no vamos a invertir más allá de lo aprobado y contemplado en nuestras tarifas aeroportuarias», ha recalcado.

Es decir, «disponemos de 10.

000 millones de euros y habrá que establecer prioridades teniendo en cuenta los mecanismos de flexibilidad de los que disponemos», ha subrayado.

Por ejemplo, estamos obligados a ejecutar el 80 % de la inversión aprobada para cada aeropuerto, así que «podemos adelantar algunos proyectos o compensar retrasos y, si surgen sobrecostes respecto a las estimaciones iniciales de planificación, tendremos que posponer otros proyectos de menor importancia para gestionar adecuadamente la cartera», ha precisado.

EFEkot/amf/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 21 sep (EFE).

– El Gobierno de Canarias activará el próximo 1 de octubre una segunda remesa de bonos del Plan Renove de Electrodomésticos, después de que la primera fase haya registrado 24.

012 personas y aprobado 2.

751 bonos por un importe conjunto de 449.

770 euros.

La segunda remesa permitirá distribuir el resto de los fondos hasta completar los 1,6 millones de euros destinados a los bonos, con 800.

000 euros para cada provincia, repartidos entre las distintas islas, ha precisado este lunes el Ejecutivo en un comunicadoEl programa cuenta actualmente con 213 establecimientos adheridos y durante la primera fase se han formalizado cerca de 1.

000 compras con bono en los comercios participantes.

Además, 1.

736 bonos permanecen pendientes de resolución, por un importe de 436.

980 euros, según los datos de seguimiento del programa, subvencionado por las Consejerías de Economía y de Transición Ecológica y gestionado por las organizaciones empresariales Femete y Femepa.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha señalado que el plan pretende apoyar la economía de las familias y, al mismo tiempo, impulsar la actividad de los comercios canarios.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que la sustitución de electrodomésticos antiguos por equipos más eficientes permite reducir el consumo energético de los hogares y el impacto ambiental.

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, ha resaltado la demanda registrada durante la primera fase y el esfuerzo de gestión y atención realizado para tramitar las solicitudes, mientras que la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, ha destacado las cerca de 1.

000 operaciones formalizadas en los establecimientos adheridos.

Los interesados pueden consultar la información y realizar las gestiones a través de la web del Plan Renove, así como de los correos electrónicos de Femepa y Femete habilitados para el programa.

El Plan Renove tiene como objetivo incentivar la sustitución de electrodomésticos por equipos de mayor eficiencia energética para reducir el consumo de los hogares y favorecer la actividad de los establecimientos comerciales adheridos.

EFEbrr/spf