Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).
– El PP en el Cabildo de Gran Canaria presentará en el próximo pleno de la corporación una moción para pedir al Gobierno canario que entregue la propiedad de las viviendas de protección pública a las cerca de 10.
500 familias adjudicatarias que llevan casi tres décadas residiendo en régimen de alquiler.
En un comunicado remitido este martes, la portavoz adjunta del PP, Pepa Luzardo, ha informado de que el Ejecutivo autonómico reconoció mediante un decreto del año 1999 el derecho de los adjudicatarios del I y II Plan de Viviendas de Canarias a adquirir sus casas, al mismo tiempo que obliga a los poderes públicos a favorecer el acceso a la propiedad de los arrendatarios.
«Es de justicia que estas 10.
500 familias canarias, la mitad de ellas de la isla de Gran Canaria, puedan obtener las escrituras de propiedad de sus casas tras muchos años de lucha, pero da la impresión de que el Gobierno canario no está por la labor pese a que los adjudicatarios formalizaron anexos a los contratos de arrendamiento en los que se reconocía expresamente esa opción de compra», ha afirmado.
Según Luzardo, el anterior Gobierno canario (PSOE, NC y Podemos) aprobó el Decreto 1/2023, de 19 de enero, «un texto normativo que establece las medidas de acceso a la propiedad de las viviendas protegidas pero que ha quedado en papel mojado, generando falsas expectativas a las familias, que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para defender sus derechos».
En su moción, el PP insta al Gobierno de Canarias a identificar y hacer público, en el plazo máximo de tres meses, el conjunto de promociones de titularidad de la Comunidad Autónoma y de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) que existen en Gran Canaria, en el ámbito de aplicación del Decreto 1/2023, indicando su situación administrativa y el calendario previsto de actuaciones.
Además, instan al Instituto Canario de la Vivienda a activar el procedimiento previsto para la entrega de la propiedad en el artículo 3 del Decreto 1/2023, para las promociones existentes en Gran Canaria que reúnan los requisitos, dando prioridad a aquellas familias que cuenten con contratos suscritos con la Administración en los que reconoce la opción de compra.
El PP propone también constituir una mesa de trabajo y seguimiento integrada por representantes de los distintos ayuntamientos de la isla, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y las plataformas de afectados con el objetivo de alcanzar una solución definitiva y consensuada, ajena a los cambios de ciclo político, que otorgue seguridad jurídica a las familias.
Por otra parte, el pleno del Cabildo debatirá otra moción presentada por el PP en la que se insta al gobierno insular a impulsar, junto al resto de administraciones públicas competentes, la firma de un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un plan de reposición de las viviendas del conjunto residencial ubicado en el entorno de la calle Gobernador Marín Acuña, en el barrio capitalino de San Francisco.
Se trata de 571 viviendas con casi 70 años de antigüedad, distribuidas en cinco bloques de entre cinco y siete plantas, que presentan graves problemas de humedades en el interior de los pisos, deterioro de fachadas, grietas, deficiencias de accesibilidad y otras patologías estructurales o relacionadas con las redes de saneamiento, indica la nota.
EFEcda/pcr