Las Palmas de Gran Canaria, 18 mar (EFE).
– Amnistía Internacional ha documentado en un nuevo informe sobre la situación de la infancia migrante en Canarias que los menores no acompañados sufren violencia y excesos en los centros de acogida, y que la descoordinación entre administraciones lastra sus perspectivas de futuro.
En el informe ‘A día de hoy no tengo nada’, al que ha tenido acceso EFE, Amnistía denuncia que el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias está «saturado e infradotado», lo que repercute negativamente «en el bienestar, la adecuada protección, la atención y el respeto a los derechos de los niños y niñas», no solo mientras son menores de edad, sino también en su transición a la vida adulta.
Entre las principales preocupaciones que expone la organización están las denuncias de extrabajadores y de los propios menores acogidos sobre supuestos malos tratos y la saturación en los centros de acogida, pero también fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo al cumplir la mayoría de edad, o en la identificación adecuada entre aquellos que tienen necesidades especiales.
Así, entiende Amnistía que la acogida de los menores se lleva a cabo en «macrocentros en los que no se garantiza el cumplimiento del principio del interés superior del menor» y que, además, no se lleva a cabo una «adecuada supervisión» por parte de las autoridades competentes.
Ello se suma a una descoordinación entre las administraciones que tienen las competencias para la atención de los menores migrantes no acompañados, lo que hace que no se esté «garantizando la diligencia debida en relación con la detección e identificación de los niños y niñas que llegan a Canarias para su inmediata protección, con los trámites para obtener documentación, o para garantizar que aquellos que necesitan protección internacional puedan acceder a ella».
Amnistía llama a la responsabilidad compartidaPor último, la ONG considera que parte de la solución a estos problemas «pasa por la asunción de una responsabilidad compartida y equitativa de la Administración central y el resto de las comunidades», pero mientras esto pase, llama a revisar y mejorar los procedimientos propios y la coordinación interinstitucional.
Con base en estas conclusiones, Amnistía recomienda una serie de medidas a las distintas administraciones encargadas de la gestión de los menores migrantes, tales como dimensionar de forma adecuada los recursos para su atención; revisar la normativa y los criterios para la apertura de estos, o garantizar un sistema de inspección y control que sea adecuado, con mecanismos para canalizar las posibles denuncias de violencia contra los menores.
Algunos testimonios recabados en el estudio de campo para este informe, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2024 en seis centros de acogida de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, denunciaban malos tratos, entre ellos castigos excesivos como aislamiento o retrasos a la hora de cumplimentar los trámites relativos a la documentación para su regularización o escolarización.
Varios de los menores tutelados o extutelados refirieron al equipo de Amnistía haber presenciado o haber sufrido represalias por parte del personal de sus centros de acogida, como privación de comida, retirada del abono transporte o confiscación de sus teléfonos móviles o del dinero de bolsillo del que gozan, pero también amenazas con traslados a recursos conocidos por sus peores condiciones de vida.
Represalias que, según el informe, también se han extendido a trabajadores que denunciaron estos actos de violencia o excesos, y que incluso fueron castigados con perder sus empleos.
Fracaso en la responsabilidad compartida y odioEn el documento, Amnistía también pone el foco en el «fracaso» de la corresponsabilidad entre comunidades autónomas, afeando el «aumento de discursos por algunos representantes de partidos políticos que atacan directamente a la dignidad de los niños y niñas migrantes», con acusaciones sin fundamento o mensajes «que apelan a la xenofobia».
De hecho, ahonda en que ve «muy preocupante» que se utilice la estrategia política de verter mensajes antimigración o que atacan y criminalizan directamente a estos menores «para no asumir sus obligaciones».
Por ese motivo, insta a las autoridades y partidos políticos a «adoptar todas las medidas necesarias para combatir el racismo y la discriminación especialmente contra la infancia migrante».
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