Madrid, 19 mar (EFE).
– Gobiernos autonómicos de distintos colores han presumido este miércoles de su solidaridad hacia los menores migrantes, mientras han atacado el pacto para su distribución territorial alcanzado con la formación de Carles Puigdemont, al que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha llamado «supremacista identitario».
En medio del aluvión de quejas expresadas por las comunidades del PP desde que el Gobierno aprobó el Real decreto-ley para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes, ha sido un presidente socialista el que este miércoles ha avisado de que no admitirá lecciones de solidaridad de quienes pactan con un «supremacista identitario» como Puigdemont.
El presidente de Castilla-La Mancha, que no ha adelantado si presentará un recurso como el que ya han anunciado gobiernos autonómicos del PP, ha opinado que con el pacto migratorio con Junts, que es «cualquier cosa menos progresista», «se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado» en este ámbito.
Como García-Page, otras comunidades han asegurado también ser ya solidarias y han criticado el acuerdo con Junts y la falta de información al resto de territorios.
Así, la presidenta de Cantabria , María José Sáenz de Buruaga, ha señalado que su comunidad es «seria y responsable» y va a cumplir la ley, pero ha anunciado que «va a recurrir sí o sí» contra lo que ha considerado un «atropello».
En Madrid, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha recriminado al ejecutivo central que sea «un partido independentista» como el de Puigdemont el que informe sobre el supuesto reparto «acordado de manera unilateral» porque «Junts tiene los votos que necesita Pedro Sánchez para poder mantenerse en La Moncloa».
La Xunta de Galicia, por boca de su conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha asegurado que «no va a aceptar un reparto obligatorio» de los menores migrantes no acompañados a partir de un documento elaborado con criterios «hechos para beneficiar a Cataluña» y que son «un traje a medida hecho para el señor Puigdemont por su socio Pedro Sánchez».
Igual que García, su homóloga aragonesa, Carmen Susín, ha avisado de que el Gobierno autonómico «no puede aceptar que se estén acatando acuerdos firmados con un huido de la justicia» y ha dicho que los menores migrantes están siendo «rehenes de una negociación insolidaria e injusta que los deshumaniza a cambio de siete votos».
Para el portavoz del Govern balear, Antoni Costa, esta «no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de capacidad» y su comunidad no puede acoger más menores migrantes porque ya está «al límite» y «se tendrán que habilitar tiendas de campañas para esta finalidad».
Desde Andalucía, la diputada nacional del PP y portavoz del partido en la comunidad, Maribel S.
Torregrosa, ha tachado este miércoles de «discriminatorio e inconstitucional» el pacto con Junts y ha subrayado que se trata de «un acuerdo unilateral y a puerta cerrada con un prófugo de la justicia», en referencia también a Puigdemont.
A la solidaridad en el acogimiento de menores migrantes no acompañados han apelado también, en este caso a favor de la iniciativa del Gobierno, los gobiernos de Euskadi y Canarias, que en una jornada de trabajo conjunta han pedido al resto de comunidades autónomas que actúen con responsabilidad y altura de miras en el reparto de menores migrantes sin apoyo familiar y han reclamado un plan de migración estatal que aborde este fenómeno como una cuestión estructural y no coyuntural.
Una altura de miras «por parte de todas las comunidades autónomas” que también ha reclamado la consejera navarra de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ante la actual «situación de emergencia».
Los socialistas en otros territorios han criticado la postura contraria del PP al pacto y a la reforma legal planteada por el Gobierno central, como ha hecho en Galicia su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, que ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de asumir “ideas de ultraderecha”.
En la misma línea, el ministro y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de mantener «un discurso xenófobo y racista» que «no se diferencia en nada» del de Vox y le ha pedido un reparto «objetivo», «transparente» y «solidario» de los menores migrantes que reciba la Comunidad para no enviar a todos, como dijo ayer, al centro de menores de Fuenlabrada, donde gobierna el PSOE.
También a favor del real decreto-ley para la redistribución de menores migrantes, pero en este caso desde el PP, el Gobierno de Ceuta presidido por Juan Jesús Vivas ha defendido este miércoles que la norma aprobada por el Gobierno ofrece una “solución eficaz” a las situaciones de “sobreocupación y colapso” que sufren autonomías como la suya o Canarias.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha manifestado que el texto del ejecutivo central atiende la petición de «auxilio y socorro» que viene haciendo desde agosto del año pasado año, aunque a la vez ha ha demandado que el Estado “dé cobertura al déficit” que la situación actual genera en el presupuesto de la ciudad autónoma.
Todas estas posiciones se confrontarán en la Conferencia Sectorial que el Ministerio de Juventud e Infancia convocará en abril y en la que, entre otros asuntos, se cerrará el reparto de menores migrantes entre territorios.
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