Santa Cruz de Tenerife, 1 abr (EFE).
– Los grupos parlamentarios y los representantes de los cabildos han asumido que será necesario matizar el decreto del Gobierno de Canarias que suspende las sanciones por la residencialización de apartamentos turísticos, aunque es probable que los cambios se introduzcan en otra norma que está en trámite, el proyecto de ley de alquiler vacacional.
El decreto ha sido debatido este martes en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias, a pesar de que el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, quien hizo la presentación del texto legal, informó de que en principio no se prevé la intervención de las corporaciones insulares.
Sanabria explicó que la residencialización de inmuebles en complejos turísticos es una realidad y que el decreto permite que los ayuntamientos modifiquen el planeamiento (para pasar un inmueble de turístico a residencial) a solicitud de los propietarios cuando esa residencialización sea irreversible.
A la vez, los afectados pueden pedir que, entre tanto se haga el cambio en el uso, se suspendan temporalmente los procedimientos sancionadores en marcha que han sido incoados por no destinar sus propiedades a uso turístico durante un periodo máximo de tres años.
De los siete cabildos convocados por el Parlamento, tres no asistieron (los de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro) y los otros cuatro apoyaron el texto entre advertencias de la necesidad de introducir matices para dar claridad y garantizar la seguridad jurídica, en línea con algunas observaciones del Consejo Consultivo.
En cuanto a los representantes de los grupos parlamentarios, los que apoyan al Gobierno respaldaron el texto aprobado por el ejecutivo, asumiendo la necesidad de algunos ajustes, y los de la oposición observaron que o «nace muerto» (PSOE), que «no actúa» sobre el problema (NC-BC) o que no elimina las sanciones (Vox).
Nereida Calero, vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, consideró que el decreto «está bien afinado» y se sitúa en «un término medio» entre los intereses de los propietarios y la necesidad de mantener la unidad de explotación.
Adasat Reyes Herrera, vicepresidente del Cabildo de La Gomera, pidió más claridad en el decreto para evitar la judicialización.
No se especifica cuántos propietarios de un inmueble son necesarios para pedir a su ayuntamiento el cambio en el planeamiento y puede acabar en los tribunales si no se permite que el uso preexistente de alquileres vacacionales pueda mantenerse en el caso de que se determine que un inmueble es de uso residencial, alertó Reyes Herrera.
Raquel Rebollo, vicepresidenta del Cabildo de La Palma, reclamó que se atienda la realidad de cada isla, en particular la de la suya, que necesita salir de una emergencia volcánica, y cuestionó que se limite la capacidad municipal de definir su planeamiento, por la imposibilidad de revertir a uso turístico un inmueble ya reconocido como residencial.
Para José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, se trata de una norma «oportuna y adecuada», aunque reconoció que hay cuestiones que es necesario precisar, bien sea mediante la tramitación del decreto como proyecto de ley en el Parlamento o bien aprovechando que está en trámite en la cámara el proyecto de ley de vivienda vacacional.
El diputado del PSOE Gustavo Santana se opuso a se utilice el proyecto de ley de vivienda vacacional para cambiar este decreto y reclamó que debe tramitarse como decreto ley en el Parlamento, entre otras razones porque «nace muerto» y no resuelve los problemas de los afectados.
El decreto «genera inseguridad jurídica y carga la responsabilidad a los ayuntamientos», cualquier solución debe contar con los afectados, defendió Santana.
En cambio, para José Miguel Barragán, de CC, el decreto es positivo porque trata de resolver una situación de hecho, la residencialización de complejos turísticos en los que habitan de forma permanente unas 16.
000 personas.
Los cambios que sean necesarios podrán introducirse mediante enmiendas en el proyecto de ley de vivienda vacacional, según Barragán.
La portavoz del PP, Luz Reverón, coincidió en que el decreto es una solución ante la residencialización de zonas turísticas, y también apoyó que se incluyan enmiendas en el proyecto de ley de alquiler vacacional.
Según Luis Campos, de Nueva Canarias, con este decreto el Gobierno de Canarias «dice que actúa», pero «no es verdad», es un claro ejemplo de «inacción que no resuelve el problema de fondo», el cual resurgirá cuando en tres años concluya la «moratoria» en las sanciones.
La diputada de Vox Paula Jover denunció que en 2013 se cruzó la «línea roja» de sancionar a los propietarios por el uso que hacen de sus viviendas, una dinámica que el decreto no suspende, sino que obliga a los afectados a presentar solicitudes contra los procedimientos y luego «ya se verá».
Melodie Mendoza, ASG, apoyó el decreto, pero advirtió de que puede generar inseguridad jurídica porque no se establece cuántos son los propietarios necesarios para impulsar el cambio de uso de un inmueble a residencial.
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