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Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– Organizaciones sindicales han reclamado este miércoles al Gobierno central que actualice la indemnización por residencia que perciben los empleados públicos destinados en Canarias, que no se revisa desde 2007, y han anunciado concentraciones cada quince días para presionar al Ejecutivo.

Los sindicatos han criticado que la reciente mejora acordada para los empleados públicos de Baleares no se extienda también a Canarias y han defendido que la condición de región ultraperiférica y la insularidad justifican un tratamiento diferenciado.

En una rueda de prensa, representantes de UGT, CCOO Canarias, CSIF en Canarias, Organización y Finanzas de la Unión Federal de Policía y la Unión Federal de Policía han señalado que el coste de la vida y las dificultades para cubrir determinadas plazas están afectando a la prestación de los servicios públicos en las islas.

Por parte de CCOO Canarias, Jennifer Ferrer, ha defendido que la actualización alcance tanto al personal de la Administración General del Estado como al transferido, entre ellos sanitarios, docentes y personal de Justicia, así como al personal de la Comunidad Autónoma.

Ferrer ha reclamado además que la indemnización no dependa de la categoría profesional, ya que, a su juicio, el coste de la vida es el mismo independientemente del salario del empleado público.

Ha advertido, asimismo, de que existen plazas sin cubrir, especialmente en las islas periféricas, y ha vinculado esta situación a las dificultades para afrontar el coste de la vida sin una actualización de la indemnización.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, ha matizado que la indemnización por residencia no debe utilizarse para afrontar el problema coyuntural de la vivienda, sino para compensar las condiciones derivadas de la lejanía y la insularidad, y ha reclamado una mejora de las cantidades para hacer más atractivos los destinos en Canarias y evitar que queden plazas de empleo público sin cubrir.

El secretario regional de la Unión Federal de Policía en Canarias, José Delgado, ha reclamado que las organizaciones sindicales participen en la negociación de la actualización y ha pedido compromisos concretos tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente autonómico del Sindicato Socialista de Canarias, César Martínez, ha señalado que el Gobierno central se había comprometido a abordar a partir de octubre la actualización de las cantidades y ha reclamado que Canarias no quede relegada tras el acuerdo alcanzado para Baleares.

Según ha explicado, el acuerdo firmado en noviembre del año pasado contemplaba la creación de una comisión para revisar las cantidades de la indemnización por residencia y otros conceptos de la Administración General del Estado, con la previsión de que en la segunda quincena de septiembre se fijaran las fechas de las mesas de negociación.

Concentraciones cada quince díasLos representantes sindicales han indicado que esas mesas todavía no han sido convocadas y han anunciado concentraciones cada quince días ante la Delegación del Gobierno, las subdelegaciones y las direcciones insulares.

Las primeras fechas planteadas son el 9 y 23 de octubre y el 6 y 20 de noviembre, según han señalado los representantes sindicales, que calculan que la reivindicación afecta a más de 130.

000 empleados públicos si se incluye al personal de la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado y los cuerpos de seguridad.

EFEbrr/spf(foto)

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha apoyado por unanimidad una iniciativa del PSOE en la que se reconoce el derecho de unas 10.

700 familias a adquirir en propiedad las viviendas protegidas que tienen alquiladas con opción de compra desde hace treinta años, propiedad del Icavi y de Visocan.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado del PSOE Sebastián Franquis, quien aceptó parcialmente una enmienda de Coalición Canaria.

El texto aprobado pide al Gobierno de Canarias que identifique y haga público en un plazo máximo de tres meses el conjunto de viviendas que pueden acogerse a este procedimiento de acceso a la propiedad.

La iniciativa requiere además que el Ejecutivo asigne una partida presupuestaria específica para financiar a Visocan el importe de las bonificaciones previstas en la normativa y asegurar así la viabilidad económica de la operación.

Sebastián Franquis ha defendido que esta medida otorga seguridad jurídica a unas 10.

700 familias que residen desde hace 30 años en estas casas y que firmaron contratos con opción a compra.

Ha criticado que el actual Ejecutivo regional ha interpuesto obstáculos burocráticos durante su mandato que han generado angustia e incertidumbre entre las miles de personas afectadas por esta paralización administrativa.

Por ello, el representante socialista ha reclamado a las administraciones públicas que agilicen los trámites y ofrezcan transparencia para cumplir con un derecho reconocido formalmente en el marco del Pacto por la Vivienda.

La representante de CC Socorro Beato ha respaldado el derecho de las familias a adquirir las viviendas, pero ha advertido de que el decreto de 2023 contiene una laguna jurídica porque trata por igual al ICAVI, que es una entidad pública, y a Visocan, que opera como una sociedad mercantil sujeta a otras reglas fiscales en sus transmisiones patrimoniales.

Por tanto, Beato ha señalado que eso obligaría a los inquilinos de Visocan a asumir el pago de tributos como el IGIC, el impuesto de transmisiones patrimoniales o la plusvalía, de manera que se ha defendido la necesidad de buscar alternativas para modificar el procedimiento y evitar un sobrecoste a las familias.

EFEacp/jmor

Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un proyecto para construir 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el barrio de Las Torres, al licitar un estudio geotécnico sobre las características de las parcelas de suelo donde se planea levantar la promoción.

El estudio lo va contratar la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de la ciudad, por un importe de 47.

325 y con un plazo de entrega de 30 días.

En un comunicado, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, resalta que «la licitación de este estudio geotécnico supone un nuevo paso en la preparación del proyecto de las 240 viviendas de Las Torres».

«Conocer en profundidad las características del terreno es fundamental para avanzar en el diseño de una promoción que debe responder a los criterios técnicos y de seguridad exigibles», indica.

El pliego técnico establece que el estudio deberá determinar los diferentes niveles del subsuelo y sus características geotécnicas, así como la posible existencia y localización del nivel freático y su incidencia en el desarrollo de las obras.

También deberá aportar los parámetros necesarios para dimensionar las cimentaciones, analizar la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierras y determinar las tensiones admisibles y los asientos previsibles de las construcciones proyectadas.

La futura promoción se ubicará en dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, detrás del centro comercial Las Ramblas.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito en enero de 2026 entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Viviendas de la isla, por el que la institución insular financia con 39,6 millones de euros la construcción de estas 240 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

EFEjmr

Madrid, 23 sep (EFE).

– Canarias es la cuarta comunidad autónoma con el suelo urbano más caro de toda España, con un precio que en el segundo trimestre del año se elevó hasta los 327,7 euros/metro cuadrado, frente a los 207,8 euros/metro cuadrado de media nacional.

Por comunidades autónomas, en el segundo trimestre del año el precio de suelo subió en todas salvo en Castilla y León (-2,9 %).

Los incrementos más acusados se dieron en Navarra (133,5 %); País Vasco (59,7 %) y Galicia (51,9 %).

Los precios más elevados se registraron en Baleares (567,6 euros/m2), en Madrid (420,6 euros/m2), en País Vasco (397,3 euros/m2) y en Canarias (327,7 euros/m2).

En el conjunto del país el alza de precios fue de un 15,3% para situarse en el importe más elevado desde 2011, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además, si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio del suelo urbano ha subido un 10,6 % en tasa intermensual.

Con este nuevo incremento, el precio del suelo urbano se ha encarecido de media un 12 % en el conjunto del semestre.

A 77 euros del precio máximoDesde 2004, cuando comienza la serie histórica de esta estadística, el precio medio más alto se registró en el tercer trimestre de 2007, al calor de la burbuja inmobiliaria, con 285 euros/m2.

Esta cifra arroja una diferencia de solo 77 euros por m2 con respecto a los valores actuales.

En un trimestre, el valor más bajo se dio en los tres primeros meses de 2021, cuando aún persistía la covid 19, con 136,4 euros/m2.

Entre abril y junio, se formalizaron además 7.

879 compraventas de suelo urbano, el 6 % más que un año antes.

Según los últimos datos disponibles, se transmitieron 10.

222.

000 m2, el 15,2 % más que en el ejercicio previo.

La falta de suelo disponible es una de las dificultades que afronta el sector inmobiliario para desarrollar nueva vivienda y muchas voces en el sector piden el cambio de uso de algunos suelos terciarios a residencial.

Además, sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del Suelo para dar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos.

EFEcsb/jlm

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha reclamado este martes al Gobierno de España que impulse «de una vez» una Obligación de Servicio Público (OSP) que garantice una conexión marítima «regular, estable y suficiente» entre La Gomera, El Hierro y La Palma.

Chinea ha defendido esta propuesta mediante una enmienda presentada en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado a una moción relativa a la OSP de la línea marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario, y que ha sido aprobada, informa ASG en un comunicado.

En su intervención, el senador gomero ha esgrimido las dificultades de las llamadas ‘islas verdes’, entre ellas una menor población, mercados más reducidos y una oferta de transporte que no siempre responde adecuadamente a las necesidades de los residentes y de los sectores económicos.

«Las tres islas verdes están geográficamente próximas y comparten numerosos intereses, pero siguen sin disponer de una conexión marítima directa, regular y adaptada a sus necesidades», ha lamentado.

Con lo cual, buena parte de los desplazamientos marítimos entre estas islas obliga a realizar conexiones a través del puerto de Los Cristianos, en Tenerife, una infraestructura que soporta un intenso volumen de tráfico y afronta, además, «importantes dificultades para su ampliación por razones ambientales».

«Obligar a los residentes a desplazarse primero hasta Tenerife para viajar después a otra isla cercana alarga los trayectos, encarece la movilidad y dificulta los intercambios económicos y sociales entre las tres islas más occidentales de Canarias», ha expuesto el senador gomero.

La enmienda de Fabián Chinea solicita que el Gobierno central, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los cabildos de La Gomera, El Hierro y La Palma, ponga en marcha de manera inmediata los estudios y trámites necesarios para establecer esta nueva OSP marítima.

El objetivo es definir frecuencias, horarios, capacidad y tarifas adecuadas tanto para los residentes como para las empresas y los sectores productivos de las tres islas.

EFEjmor

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– La patronal hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, ha urgido este miércoles al ente público AENA a que relance y adapte al contexto económico actual las bases del concurso de la remodelación del aeropuerto Tenerife Sur tras haber quedado desierto.

En un comunicado, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, señala que el actual contexto geopolítico internacional, sumado al alza sostenida de los precios y la inflación, provoca que «cualquier pliego redactado con criterios del pasado y alejado de la realidad económica actual conduzca inevitablemente a un resultado desierto».

«Es hasta comprensible este escenario en el citado contexto internacional; y es normal que si unas bases se fundamentan en unas situaciones anteriores y no a la realidad, pues produzcan lo que han producido», expresa el presidente de la patronal.

Por ello, pide «responsabilidad» a la entidad aeroportuaria para que «asuma la realidad de un entorno cambiante y proceda a actualizar de inmediato las condiciones de la licitación».

«Resulta prioritario poner en marcha rápidamente un nuevo pliego con condiciones financieras y técnicas verdaderamente atractivas que incentiven la participación de las empresas constructoras y permitan formalizar la adjudicación», recalca Marichal.

El objetivo final, ahonda, es evitar que se produzcan «más retrasos en la ansiada remodelación de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una infraestructura crítica tras años de espera y movilización para lograr que tanto las capacidades operativas como los fondos necesarios estén garantizados sobre la mesa».

EFEjmor

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– La diputada del PSOE Elena Máñez ha exigido en una interpelación en el pleno del Parlamento condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de los Centros de Internamiento Educativo de Menores Infractores (CIEM) y que se reconozca la responsabilidad y el riesgo que asumen.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha defendido el convenio firmado con parte del personal, que según ha destacado es fruto de la negociación, pero la diputada del PSOE ha atribuido su aceptación parcial por los trabajadores al «chantaje», por exigirles que «o lo firmaban en tres meses o no iban a recuperar el 5 %» de la masa salarial adeudada desde el recorte salarial que se les aplicó en 2011.

Máñez ha recordado que los trabajadores del centro de La Montañeta están en huelga indefinida para reclamar mayor seguridad y medios por el abandono que a su juicio sufren los centros de internamiento de menores.

La consejera ha negado que las instalaciones sufran una situación de abandono y ha defendido el trabajo de reinserción que desempeñan los equipos educativos con jóvenes que presentan perfiles personales cada vez más complejos.

Delgado ha asegurado que el Ejecutivo ha incrementado la plantilla en 76 personas respecto al mandato anterior, hasta alcanzar los 562 profesionales en el programa de internamiento, que incluye un dispositivo de unos 70 vigilantes de seguridad por recinto.

Asimismo, ha precisado que la ocupación actual se sitúa por debajo de la capacidad máxima de las infraestructuras, con 63 menores ingresados en las dependencias de Valle Tabares y 54 usuarios en el centro de La Montañeta.

Ha detallado que el presupuesto destinado a estos recursos ha pasado de 26 millones de euros en 2024 a 29,45 millones para el año 2026.

Delgado ha subrayado que los recintos disponen de protocolos de emergencia frente a agresiones y programas de atención terapéutica específicos para abordar problemas de salud mental, drogodependencia y discapacidad intelectual.

Además, ha defendido el acuerdo para el convenio colectivo de la Fundación Ideo, encargada de la gestión de los centros, de manera que el personal recuperará el 5 % salarial recortado en 2011.

Asimismo, ha reprochado al grupo socialista que no resolviera la recuperación salarial de la plantilla durante su etapa de gobierno, como ha hecho el actual ejecutivo, y ha garantizado que su departamento evalúa constantemente las medidas preventivas.

Ha aclarado que este acuerdo del nuevo convenio es fruto de la negociación y cuenta con el respaldo de la representación sindical mayoritaria, aunque ha reconocido que el comité de empresa de La Montañeta ha rechazado firmar el documento.

La diputada del grupo Socialista ha mostrado su apoyo a la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre en La Montañeta y ha advertido de que hay un déficit estructural de personal que impide cumplir las ratios exigidas, con turnos de noche cubiertos por entre nueve y 12 personas frente a las 17 reglamentarias.

Ha alertado del riesgo físico que asumen los trabajadores y de los continuos intentos de suicidio de los internos, al tiempo que ha señalado que los trabajadores han sufrido 124 agresiones este año, el doble que en el ejercicio anterior.

Máñez se ha referido a la elevada carga emocional que sufren los educadores sin que se haya realizado una evaluación de riesgos psicosociales y sin percibir complementos salariales como el plus de insularidad.

También ha criticado el deterioro de los espacios físicos, con áreas como el gimnasio clausuradas por actos vandálicos, y una carencia de materiales que dificulta el desarrollo de las actividades socioeducativas.

Elena Máñez ha denunciado que no se han licitado las obras de mejora previstas con fondos europeos MMR ni se ha ejecutado el proyecto de un nuevo centro de internamiento terapéutico para atender a los perfiles más problemáticos.

EFEacp/jmor

Las Palmas de Gran Canaria, 23 sep (EFE).

– Cerca de 60 empresas participarán en la 15 edición de la feria Canagua y Energía los días 21 y 22 de octubre en Agüimes, en Gran Canaria, donde presentarán los productos y servicios más novedosos relacionados con la transformación del sector del agua, la energía y la sostenibilidad en el archipiélago.

Según ha informado este miércoles el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado, durante la feria se abordarán las nuevas oportunidades de negocio, modelos de generación, eficiencia, desalación, reutilización del agua, inversión, entre otras muchas cuestiones, con el fin de consolidar Canarias como referencia internacional de las energías limpias.

La experiencia del archipiélago en soluciones a pequeña y mediana escala constituye un modelo de desarrollo exportable a otros lugares del mundo y, en este contexto, la feria supone un espacio de encuentro entre profesionales, empresas e instituciones relacionadas con el sector que buscan nuevas oportunidades de negocio, fortalecer relaciones profesionales y crear sinergias para el desarrollo de la innovación y la gestión eficiente de los recursos hídricos y energéticos.

Además de la zona expositiva, que se encuentra ya con todos los espacios reservados, Canagua y Energía propone este año un amplio programa de ponencias y mesas redondas entorno a la energía y al agua.

El programa de energía abordará los principales retos de la transición energética en los territorios insulares, con ponencias y mesas redondas sobre almacenamiento, flexibilidad y regulación, integración de renovables, energía fotovoltaica, los nuevos modelos energéticos, agrovoltaica y comunidades energéticas.

También se analizarán las posibilidades de la gestión energética avanzada y el potencial de la fotovoltaica flotante en Canarias.

El programa dedicado al agua se centrará en la reutilización y adaptación al Real Decreto 1085/2024, los planes de gestión del riesgo del agua regenerada y la protección de las infraestructuras hidráulicas.

Expertos y representantes de distintas instituciones debatirán, además sobre ciberseguridad y la protección de infraestructuras hidráulicas frente a posibles ciberamenazas.

Las empresas y entidades expositoras darán a conocer proyectos innovadores, soluciones tecnológicas y nuevos servicios.

A un mes de su celebración, la zona expositiva de Canagua y Energía 2026 ya ha alcanzado el 100 % de ocupación, con la participación de empresas como SM Advance Energy, Hidra Servicios y la Central de Representaciones Canarias; y organismos públicos como Red Eléctrica, el Consejo Insular de Aguas, el Consejo Insular de Energía, el Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria (ESGC), la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

EFEcda/mrgz

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un varón de 44 años al que relaciona con cinco robos con violencia e intimidación, ya que supuestamente amenazaba a sus víctimas, la mayoría mujeres de avanzada edad, con un arma blanca para apoderarse de su dinero y efectos personales.

El pasado mes de agosto, la Policía recibió diversas denuncias en las que las víctimas relataban haber sido asaltadas, la mayoría en el barrio de Salamanca, por un individuo que actuaba siguiendo un patrón de comportamiento similar, detallan fuentes de la Comisaría provincial.

La investigación policial incluyó numerosas gestiones de investigación con establecimientos comerciales y particulares que pudieran aportar información relevante.

El conjunto de diligencias practicadas permitieron reunir indicios suficientes para identificar plenamente el presunto autor de los hechos, y, tras comprobar que contaba con antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar, se estableció un dispositivo policial encaminado a su localización y detención el pasado día 21 de agosto en el barrio de Los Campitos.

Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

EFEjmor

Santa Cruz de Tenerife, 23 sep (EFE).

– La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha llamado a extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales.

Razón por la que la corporación insular ha activado a partir de las 8.

00 horas de hoy miércoles las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en los cuatro sectores en los que se divide la zona de riesgo de la isla: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur.

Esto implica la prohibición, dentro de la zona de riesgo de incendio forestal, de la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como cualquier tipo de fuego en exteriores.

Esta última restricción incluye, entre otras actividades, el empleo de fogones o bombonas de gas en áreas recreativas y zonas de acampada, las barbacoas en terrenos particulares al aire libre, las hogueras, fuegos de campamento, infiernillos, cocinas de gas, velas, antorchas o elementos similares.

También queda prohibido fumar, limitación que contempla igualmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en los ámbitos afectados, así como el uso de encendedores, mecheros u otros elementos capaces de generar combustión en los lugares incluidos en la resolución.

El Grado 1 impide asimismo el uso de material pirotécnico, como fuegos artificiales, petardos, tracas, cohetes o bengalas, y restringe la utilización de maquinaria y herramientas que puedan generar chispas, calor o descargas eléctricas.

Entre ellas se incluyen radiales o amoladoras, equipos de soldadura, ahumadores de apicultura y determinadas desbrozadoras, trituradoras o herramientas con elementos metálicos capaces de producir chispas durante su utilización.

En cambio, se permiten los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética con escopeta, el acceso de vehículos a los miradores de Chipeque y Chimague y la circulación recreativa de vehículos a motor por pistas forestales.

También continúan permitidos el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública y la celebración de eventos deportivos y romerías en pistas, senderos forestales y campo a través, así como la estancia en el monte y el tránsito por senderos y pistas forestales.

Blanca Pérez apela en un comunicado a la colaboración ciudadana y recuerda que “la prevención depende también de pequeños gestos individuales.

Pedimos evitar cualquier comportamiento que pueda originar una chispa o un foco de fuego y respetar estrictamente las restricciones establecidas mientras permanezca activo este nivel de riesgo”.

También se insta a los promotores privados de actividades que continúen permitidas dentro de la zona de riesgo a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a las condiciones existentes.

Además, el Cabildo recomienda consultar previamente Tenerife ON, tanto a través de su web como de la aplicación móvil, para conocer el estado actualizado de infraestructuras y equipamientos y comprobar posibles restricciones derivadas de incendios, obras, fenómenos meteorológicos u otras incidencias.

La nueva resolución mantiene, además, otras restricciones específicas que ya se encontraban vigentes, entre ellas las relacionadas con la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023 y la prohibición de fumar en todo el ámbito del Parque Nacional del Teide, aprobada como medida preventiva frente a incendios forestales.

EFEjmor