Santa Cruz de Tenerife, 2 jun (EFE).
– La coordinadora del grupo de Análisis Interdisciplinar de Retos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Sara María González, ha defendido este martes una batería de medidas para avanzar hacia una igualdad educativa efectiva.
Entre ellas, apostar por una etapa de 0-3 años «de calidad», es decir, que no se vea somo como una vía para la conciliación; la gratuidad y universalidad de las clases de refuerzo en horario no lectivo o el pago adelantado de las becas, pues si las familias vulnerables tienen que adelantar el dinero «no se compensa la desigualdad».
En una comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la pobreza infantil en Canarias, González ha reivindicado la implementación de sistemas de alerta temprana para que un problema puntual de dislexia o de comprensión lectora se pueda abordar en una fase temprana y no derive en un caso de abandono escolar.
Otras medidas que plantea esta experta es la extensión del servicio de comedor escolar a la etapa de Secundaria, reforzar la orientación a las familias en el sistema educativo, que no pueden quedarse en un «servicio marginal»; y una Formación Profesional «de prestigio», que no se limite a un «itinerario de segunda».
Esta experta ha hecho hincapié en que la educación es una de las principales vías para la «movilidad social», con una condición: reduce la desigualdad si es capaz de compensar las que ya existen de origen.
Porque la igualdad formal de acceso a la escuela «no garantiza la igualdad de oportunidades», dado que la pobreza, ha apuntado, entra en la misma «de muchas formas: falta de alimentación o de sueño, estrés familiar, de vivienda, falta de espacio para estudiar, la ausencia de apoyo externo.
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Ha aludido a otro factor como el de «la energía mental», pues no es lo mismo estudiar en un entorno de «inseguridad económica permanente» que en uno donde hay estabilidad.
«Hay que entender que las trayectorias educativas no dependen solo del esfuerzo individual de los niños sino también de las condiciones donde lo hacen», ya que las familias con mayores rentas pueden permitirse pagar clases particulares y otras, no.
Y esto, ha ahondado la experta de la ULPGC, genera «una acumulación de desventajas», de ahí el decálogo de propuestas que ha pedido sean incorporadas al informe que elabore la Comisión parlamentaria sobre pobreza infantil.
Abandono escolar: un reto críticoSara María González ha indicado que Canarias tiene ante sí «un reto crítico» con el abandono educativo temprano, cifrado en 15,9 puntos, frente a los 12,8 de la media estatal.
Ha hecho hincapié en que quienes salen del sistema de forma prematura «no son niños, tienen entre 18 y 25 años» sin ninguna formación y que, «probablemente sean pronto, si no lo son ya, padres y madres».
Considera, pues, que el abandono temprano es un predictor de vulnerabilidad social prematura y una cronificación de la desigualdad intergeneracional.
También ha advertido de la «elevada cultura de la repetición» que existe en España, donde el 22% de los chicos y chicas de 15 años han repetido curso como mínimo una vez.
Ha opinado que la repetición tiene «un marcado factor socieconómico», pues los alumnos de familias con menos recursos cuadruplican las cifras de los más pudientes, y no es «una respuesta neutra» sino que «está atravesada por el capital cultural, las expectativas del profesorado y la capacidad de acompañamiento de las familias».
La experta de la ULPGC ha advertido de que cuanto antes se intervenga, menores serán las desventajas acumuladas en el alumnado y menos costará invertir trayectorias.
«La pobreza infantil no se va a resolver solo con educación pero es imposible resolverla sin tenerla en cuenta», ha zanjado.
Prestación por crianza y renta canariaEn la misma comisión, Gabriel González, especialista en políticas de infancia en UNICEF España, quien ha defendido la implantación de la prestación universal por crianza, que sea progresiva y esté diseñada como deducción fiscal reembolsable.
También ha reclamado el desarrollo de los complementos de vivienda y educación de la renta canaria, lo cual es «un desafío fácil de acometer» desde su punto de vista, así como mejoras en el acceso a la misma, ya que «está llegando relativamente a poca gente».
González ha reivindicado asimismo un enfoque desde la perspectiva de la infancia, igual que existe la perspectiva de género, en las políticas públicas, en especial de la vivienda.
El representante de UNICEF ha proclamado que la pobreza «envenena la infancia» y condiciona en gran medida la vida de quien la sufre en todos los ámbitos: la educación, la salud, las expectativas, la socialización y la inclusión social.
«Nos afecta a todos, no solo a los niños.
Tiene un impacto económico y social enorme», que traducido a cifras se eleva a los 63.
000 millones de euros anuales en España, según datos de UNICEF.
Ha advertido que el mundo está inmerso en un momento de «crisis cruzadas», en el que surgen situaciones «inesperadas» como la pandemia de covid-19, que exigen contar con «un sistema de protección social sólido».
Y ha indicado que ejemplos hay en otros países de lo que funciona para combatir la pobreza infantil, y ha puesto como ejemplo a Polonia, que ha disminuido su tasa en un 13%.
En España, ha analizado Gabriel González, el sistema de protección social no siempre está orientado a los hogares sin recursos y además, el gasto de las comunidades autónomas ha ido decreciendo en los últimos años, pasando del 29% total a un 17%.
El representante de UNICEF ha indicado que le «descoloca un poco» que la parte de la protección social «se está limitando, sobre todo en cuanto a transferencias», cuando los niveles de empleo en España y en Canarias son «muy buenos», pero tienen «un impacto muy limitado» a la hora de rebajar las cifras de pobreza infantil.
Ha llamado a «romper con los círculos» que conducen a la vulnerabilidad y la cronifican desde diferentes frentes: la vivienda, las prestaciones y la educación.
EFEjmor/spf(foto)
