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Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– La comisión de relaciones con la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias ha debatido este viernes un informe sobre los cabildos insulares relativo al ejercicio de 2019, hace seis años, y ha encargado un nuevo informe de fiscalización cuyo comienzo se sitúa en 2012, hace trece años.

A la vez, fue rechazada una iniciativa de fiscalización que se remontaba hasta 1995, hace treinta años, porque los grupos que apoyan al Gobierno lo consideraron ya extemporáneo.

El informe debatido sobre una fiscalización de 2019 se refiere a las subvenciones otorgadas por los cabildos insulares en ese ejercicio de hace seis años.

La fiscalización de la Audiencia de Cuentas concluyó con cierto retraso en parte porque en medio estuvo la pandemia, y la comisión parlamentaria lo ha debatido casi dos años después de que la Audiencia lo remitiera a la cámara en junio de 2023, de manera que al final han pasado seis años desde el ejercicio fiscalizado.

En las conclusiones del informe, presentado ante la comisión por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, se pone de manifiesto la falta de planificación de las subvenciones por parte de los cabildos, en consonancia con su falta de planificación presupuestaria, lo que lleva a que haya una ausencia de indicadores para el seguimiento y evaluación de los objetivos de esas ayudas.

Además, por lo general los cabildos otorgan las subvenciones de manera directa (en el mejor de los casos en el 81% de las ocasiones y en el peor en el 95%) y han convertido en ordinario ese sistema, cuando se supone que la adjudicación directa debe ser excepcional.

Junto al debate de esta fiscalización de 2019, la comisión parlamentaria acordó hacer un nuevo encargo a la Audiencia de Cuentas para fiscalizar la selección de personal y los contratos realizados por la sociedad municipal de Promoción Las Palmas de Gran Canaria, SA, en los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015.

Fue una propuesta del grupo Socialista para fiscalizar la gestión de esa sociedad en la etapa en la que el PP estuvo al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria y surge a raíz de que en una sesión anterior se aprobara una propuesta del PP para fiscalizar los años posteriores, cuando el PSOE tomó el relevo al frente del consistorio y de esas sociedad municipal.

La iniciativa fue apoyada por todos los grupos, incluido el PP, que subrayó que lo respalda porque no tiene «nada que esconder».

El PSOE además propuso encargar a la Audiencia de Cuentas la fiscalización de los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias de esa misma sociedad municipal desde el año 1995 hasta el presente.

Pero en este caso la pretensión fue rechazada porque los grupos que apoyan al Gobierno consideraron que era «extemporáneo» remontarse a hace tres decenios, lo cual además podría bloquear la actividad del órgano fiscalizador.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, presentó además ante la comisión otro informe de fiscalización, este relativo a la contabilidad de los partidos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, a los efectos de la liquidación de las subvenciones electorales en función de las facturas de gastos.

El informe de la Audiencia de Cuentas, remitido al Parlamento hace una año y debatido este viernes, es en general positivo sobre la rendición de cuentas de los partidos, con algunas salvedades, que afectan a unos 117.

000 euros de entre más de 3,7 millones, relacionados con pagos realizados desde cuentas bancarias que no eran las asignadas a los gastos electorales o pagos realizados fuera de plazo.

Sobre la contabilidad de estos gastos, la Audiencia de Cuentas ha pedido al Parlamento de Canarias que considere la posibilidad de modificar la Ley electoral para clarificar cómo se contabilizan las subvenciones electorales correspondientes a los votos o los escaños de la nueva circunscripción electoral autonómica, que en la última reforma del sistema electoral se sumó a las siete circunscripciones insulares.

EFEacp/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– Las administraciones estudian varias medidas para agilizar el tráfico en la carretera GC-1 y evitar los atascos que se producen de manera habitual, como la ampliación de la autovía con un cuarto carril o la puesta en marcha de un carril bus-VAO, exclusivo para transporte público y vehículos de alta ocupación.

Todas las instituciones con competencias en la gestión del tráfico y carreteras de Gran Canaria han constituido una comisión de trabajo, que se reunirá mensualmente, para agilizar la puesta en marcha de iniciativas que permitan solventar la situación, ha informado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al término de la reunión que han mantenido este viernes.

Una de las medias prioritarias será la creación de un cuarto carril en ambos sentidos en la GC-1 en la zona entre Bocabarranco y La Mareta, cuyo proyecto se licitará en las próximas semanas con un presupuesto de nueve millones de euros y un plazo de ejecución de unos 18 meses, ha señalado el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

De esa manera, se evitará el efecto embudo que se produce actualmente cuando la carretera pasa de tener cuatro carriles a tres, lo que ralentiza la circulación.

El Gobierno de Canarias también prevé la creación de otro cuarto carril desde Melenara hasta Marpequeña (Telde) y la reordenación de los accesos a la zona comercial de La Mareta y del cruce de Melenara.

El Ejecutivo avanza en estos proyectos, pero «no se pueden hacer todos a la vez», pues las obras dificultan todavía más el tráfico, ha dicho el consejero.

También se estudia la posibilidad de instaurar un carril bus VAO en la GC-1, aunque es necesario valorar su viabilidad, pues se trata de «una infraestructura complicada que no es la solución a todo», ha manifestado la jefa provincial de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot.

Por una vía de este tipo solo pueden transitar vehículos con más de un pasajero, lo que invita a compartir el coche en los desplazamientos, pero hay que tener en cuenta que se elimina un carril en una carretera ya colapsada y exige numerosos elementos como detectores de matrícula, paneles y otros, ha asegurado Canitrot.

Morales ha indicado que el 80 por ciento de los vehículos que llegan a la capital grancanaria desde el norte y el sur van ocupados por una sola persona, por lo que hace falta concienciar a la población de la necesidad de compartir automóvil.

Con ese fin, se estudia la posibilidad de poner en marcha campañas de sensibilización de los ciudadanos, ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Otra de las actuaciones es intentar mejorar la evacuación de una zona tras un accidente, para que los obstáculos a la circulación se mantengan lo menos posible en la carretera, aunque hay aspectos legales que no se pueden obviar, ha añadido la jefa provincial de Tráfico.

Asimismo, Morales cree necesario analizar la posibilidad de espaciar los movimientos de los vehículos, para lo que haría falta modificar horarios de la vida cotidiana, de manera que no se concentren los desplazamientos escolares, de tráfico pesado y laborales y otros en la misma hora.

Para esa posible modificación de horarios hace falta hablar con todos los sectores implicados, ha detallado Morales.

En cuanto al uso del transporte público como forma de mejorar el tráfico, ha destacado que se ha pasado de 42 millones de viajeros hace varios años a 104 millones en la actualidad.

Uno de los principales problemas es que la densidad de vehículos en Gran Canaria es muy alta, con 802 vehículos cada mil habitantes, por encima de los 650 de media europea, ha dicho Morales.

El tráfico en la isla de Gran Canaria se caracteriza por una orografía complicada, con muchos vehículos y poco espacio, según Canitrot.

EFEas/jmr(foto)

Santa Cruz De Tenerife, 4 abr (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha mantenido la condena de cuatro años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial tinerfeña a seis acusados de hackear desde el sur de Tenerife cuentas bancarias y hacerse con 2,5 millones de euros.

Los condenados por los delitos de estafa continuada y pertenencia a organización criminal deben devolver el dinero y pagar una multa de 3.

200 euros.

En los hechos probados se refleja que los seis procesados se valieron de más de 100 personas previamente concertadas para ganar dinero a través de la realización masiva de transferencias bancarias no autorizadas.

Pese a que por conformidad, los encausados aceptaron su culpabilidad y las penas impuestas en las vista oral, con lo cual rechazaban su derecho a recurrir, finalmente alegaron que el acuerdo se tomó entre sus defensas y Fiscalía sin contar con ellos.

En el caso presente, el TSJC atisba que la indefensión efectiva de sus derechos devendría inocua, dado que por medio de la conformidad los acusados perderían la posibilidad de quedar absueltos y los responsables serían sus abogados.

También se rechaza como causa de nulidad que el fallo no hubiese sido leído en Sala, se ratifica que se dieron todas las garantías procesales y las defensas mostraron su voluntad de no recurrir.

Por todo ello la supuesta indefensión efectiva “carece de virtualidad suficiente para producir efecto alguno”, al ser “marginal o de escasa relevancia, sin generar la nulidad del proceso”.

La estafa tuvo lugar desde Adeje y Arona entre mayo de 2019 y la primavera de 2021 y las víctimas fue un número indeterminado de personas sobretodo españoles e italianos a cuyos fondos accedían suplantando sus identidades.

También usaban una aplicación para responder a los estafados a tiempo real con el fin de aparentar que eran los gestores.

El entramado criminal, según el TSJC, “estaba bajo dirección y dependencia de personas que hasta este momento no han podido ser determinadas pero que tenían su residencia en Italia”, Eran a éstas a las que los estafadores debían transmitir las ganancias obtenidas en España.

Los italianos se quedaban con el 60% del dinero, dejándoles a los encausados un 40% del botín.

EFEnra/cmg1012088

El Pinar (El Hierro), 4 abr (EFE).

– El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que «por norma» la Abogacía del Estado presenta recurso a cualquier auto que atañe a la administración general, y que «quizá lo anormal es que se retire».

Así ha sucedido con el recurso, presentado y retirado, contra el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a que el Gobierno de España tiene que incorporar al sistema nacional de acogida a 1.

080 menores migrantes solicitantes de asilo que están en Canarias, y que Torres interpreta como «una señal» de colaboración con el ejecutivo regional.

En declaraciones a los medios tras reunirse con los tres alcaldes y el presidente del Cabildo de El Hierro, Torres ha indicado que el Supremo dio cinco días de plazo para recurrir y que la Abogacía del Estado «por norma» da este paso.

Pero en este caso, ha proseguido, se produjo por medio una reunión, ayer jueves, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para articular la forma en que se hará ese traspaso al sistema nacional de acogida de este millar de menores solicitantes de asilo.

Y en vista de que dicho encuentro fue «productivo», y como quiera que «preferimos que haya acuerdos, voluntad de posiciones comunes y hacerlo desde la colaboración y la cooperación», el Gobierno optó por retirarlo.

Torres ha abundado en que los dos gobiernos, el de España y el de Canarias, tienen «claro» que el objetivo es articular «un mecanismo que nos satisfaga» a ambos, teniendo en cuenta que «hablamos de menores, de niños y niñas», algunos de los cuales están arraigados en las islas y otros están escolarizados.

Ha valorado que en este «año y pico» los ejecutivos canario y central han venido trabajando para «dar una respuesta a estos menores», un recorrido en el que «ha habido diferencias, momentos tensos», y espera el próximo jueves concluya esta «travesía complicada» con la convalidación del decreto ley que modifica la ley de extranjería.

Torres ha insistido en que puede suponer «un hito histórico», pues con el nuevo mecanismo de reparto entre las comunidades autónomas «se acaba el hacinamiento: no serán 1.

000 sino 4.

000″ los menores que saldrían de Canarias a otros territorios del país.

Por eso, y a pesar de que está «convencido de que lo sacaremos adelante» durante la votación en el Congreso, ha reiterado su invitación al PP para que «se sume a esta respuesta de Estado».

«No es de recibo que un partido que ha gobernado este país y que cogobierna en Canarias vote que no.

Les pido, tenemos días por delante, que reflexione y apoye el decreto», ha zanjado.

En cuanto el motivo de su visita a El Hierro, Ángel Víctor Torres ha garantizado que el Estado seguirá apoyando el desguace de cayucos y pateras que llegan a la isla, en lo que se han invertido 6,5 millones, y ha añadido que se trata de un crédito ampliable.

Ha dicho comprender y compartir las reivindicaciones de los vecinos de La Restinga en cuanto a que ese trabajo de desguace se realice fuera del puerto y no interfiera en la actividad pesquera y de buceo, y por ese motivo se trabaja en la búsqueda de una ubicación alternativa.

Y ha indicado que ante las dificultades jurídicas encontradas se baraja la alternativa de ir a la ocupación por urgencia de un espacio de unos 11.

000 metros cuadrados, y se mantendrá «contacto directo» con sus propietarios.

En la reunión con los alcaldes y el presidente del Cabildo de El Hierro, Torres les ha informado de la predisposición del Ministerio de Turismo para que la isla forme parte de sendos planes de promoción turística, uno de agroturismo y el otro de economía circular aplicada al turismo.

EFE1010832gf-jmor/brr(foto) (vídeo)

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 4 abr (EFE)- El Cabildo de Fuerteventura ha mejorado el sistema de drenaje de El Cardón, un conjunto de dos charcas y un ‘desarenador’, con capacidad combinada para 36.

000 metros cúbicos de agua, que contiene las aguas y les da cauce lejos de las viviendas diseminadas de los barrancos de Bácher y Montaña Hendida, en el municipio de Tuineje.

Este sistema de drenaje se encuentra al noroeste de otro sistema hermano, el de Los Adejes, que también se acaba de rehabilitar y mejorar sus capacidades, ha informado el Cabildo este viernes en un comunicado.

«Con esta actuación, mejoramos la gestión hídrica de estos sistemas, algo fundamental en Fuerteventura», ha señalado la presidenta del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, Lola García.

Además, García ha destacado la importancia de una actuación para mejorar en seguridad y contribuir a una gestión hídrica «más eficiente y sostenible, fundamental es una isla como Fuerteventura».

El consejero de Infraestructuras, Blas Acosta, ha explicado que «estos sistemas de drenaje, como otros ejemplos de recogida de aguas en los que estamos trabajando a conciencia, dan cuenta de la importancia que le damos a recuperar nuestros acuíferos como base para garantizar la supervivencia de los ecosistemas majoreros y nuestras formas de vida tradicionales como la agricultura y la ganadería».

Por su parte, el consejero insular de Aguas, Adargoma Hernández, ha enfatizado la necesidad de intervenir para garantizar que los sistemas de drenaje tengan un funcionamiento efectivo.

El sistema de drenaje de El Cardón incluye dos charcas en las cabeceras de sendos barrancos (una con capacidad para 8.

000 metros cúbicos y otra con espacio para recoger 16.

000 metros cúbicos de agua) que desaguan en el barranco de Montaña Hendida.

Este barranco sigue curso abajo y conecta con el barranco de Bácher, donde se encuentra la tercera pieza del sistema, un ‘desarenador’ con capacidad para 12.

000 metros cúbicos de agua.

En los tres casos, el Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo y el CIAF han trabajado para retirar los sedimentos acumulados, que se han aprovechado para hacer gavias nuevas aguas abajo, y mejorar sus taludes y sus aliviaderos.

EFE1011279evs/cas

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– La consejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha planteado este viernes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, su preocupación por la puesta en marcha de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y por la falta de recursos para su aplicación.

«Estamos ante la mayor reforma de la Justicia en décadas, que es, sin duda, muy positiva y necesaria, pero se imponen unos plazos poco realistas y conlleva un elevado coste económico para las Comunidades Autónomas», ha indicado la consejera en un comunicado, tras asistir a la reunión de trabajo celebrada en Barcelona con el Ministerio de Justicia y varias comunidades autónomas.

Reunión que se ha celebrado en sustitución de la Conferencia Sectorial de Justicia, que se anuló debido a que las comunidades del PP decidieron plantar al ministro Bolaños, al considerar que se trata solo de una foto y no aborda cuestiones esenciales como la financiación.

La consejera ha recordado que esta ley se sacó adelante en enero, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados, si bien el Gobierno de Canarias no va a parar el proceso y trabaja desde entonces con todos los operadores implicados para cumplir con los plazos.

La aprobación de la nueva ley conlleva la creación de tres estructuras organizativas diferenciadas, pero interconectadas.

Por una parte, los juzgados serán reemplazados por tribunales de instancia, con lo que los 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convertirán en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, con una o varias secciones.

La constitución de los tribunales de instancia se hará de manera escalonada en tres fases, que tienen como fecha el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año 2025.

Asimismo, se contemplan 19 Oficinas Judiciales en Canarias, adscritas a cada tribunal de instancia, formadas por Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

La ley también recoge la creación de Oficinas de Justicia Municipal, un elemento innovador en la transformación de la Administración de Justicia como servicio público para la ciudadanía, que sustituirán a los juzgados de paz.

En Canarias hay 69 juzgados de paz que se convertirán en Oficinas de Justicia Municipal a medida que se vayan constituyendo los 19 tribunales de instancia previstos, uno por partido judicial.

Bajo esta premisa, en la primera fase, el 1 de julio, se crean nueve tribunales de instancia y se transformarán 34 juzgados de paz: seis en La Palma, seis en La Gomera, dos en El Hierro, cinco en Gran Canaria y 16 en Tenerife.

Para llevar a cabo esta compleja reorganización, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias está trabajando desde enero con los distintos operadores jurídicos.

EFEcda/cas

San Andrés y Sauces (La Palma) 4 abr.

– El Cabildo de La Palma reabrirá el acceso al área recreativa y bosque de Los Tilos la próxima semana, una vez finalizadas las obras para la creación de un semi túnel en el acceso al mismo tras el derrumbe de una parte del talud debido a las lluvias en diciembre de 2023.

El semi túnel de 108 metros de longitud, protegido por una malla de 90 metros de altura que cubre la pared del barranco, ha sido ejecutado por la empresa Transportes y Grúas Tajadre con un presupuesto de en torno a dos millones de euros, según ha informado el Cabildo de La Palma.

Una vez finalizados los trabajos de acceso al bosque de Los Tilos, el Cabildo insular procederá a la mejora del entorno del Centro de Visitantes e Información Ambiental, unas obras que ya estaban proyectadas antes del derrumbe y que han sido aplazadas debido a la imposibilidad de acceso.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha visitado este viernes las obras a punto de finalizar, donde ha agradecido a la empresa constructora la ejecución de un semi túnel “que ha tenido la dificultad de hacerse bajo el peligro, por lo que hubo que sanear primero el risco para después trabajar sobre el terreno”.

Rodríguez ha informado que la institución insular ha encargado una “ordenanza fiscal y de funcionamiento” para el control de espacios naturales en la isla, “entre ellos el de Cumbre Vieja, y por supuesto también este espacio” ha dicho en referencia a Los Tilos.

Por su parte, el alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, ha reiterado que “es una buena noticia para el municipio la reapertura del bosque y la cascada de Los Tilos, que es uno de los lugares más visitados de la isla, y demandado tanto por los residentes en La Palma como por los que vienen de fuera”.

Paz ha señalado que “teniendo en cuenta que visitaban este punto más de 100.

000 personas al año, se ha notado sobre todo aquí en el municipio, no solo para la familia que explotaba el restaurante sino también para el resto de negocios de los alrededores”.

lgm/brr1012035

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– El Heidelberg Volkswagen, líder de la Liga Iberdrola, está a punto de arrebatar al Hidramar Emalsa, el defensor del título, a una de las referencias de la competición, la internacional cubana Sulian Matienzo.

El diario Canarias 7 adelanta en su edición digital que Matienzo firmará a final de temporada por el Heidelberg, noticia que el equipo colegial no ha querido comentar y que el Hidramar no ha desmentido.

El todavía equipo de la jugadora cubana la hecho público un comunicado en el que subraya que Matienzo «se ha ganado a pulso» ser «una persona muy especial en la historia de este club», que siempre ha defendido al equipo «con profesionalidad, pasión y cariño».

Y asegura que la plantilla está «totalmente concentrada» en sacar adelante su eliminatoria de semifinales de la Liga Iberdola, que le enfrenta desde este sábado al Avarca Menorca, al mejor de tres partidos.

«El objetivo es intentar clasificarnos para nuestra quinta final consecutiva, de una liga que ya hemos ganado en tres ocasiones y de la que somos las actuales campeonas», añade el Hidramar Emalsa.

EFE1012208jmr-phd

Santa Cruz de Tenerife, 4 abr (EFE).

– La Policía Local de Güímar, la Magistratura de Trabajo y la Delegación de Minas del Gobierno de Canarias han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de un accidente en un pozo en el barranco de Badajoz, en el que dos operarios resultaron heridos graves, para determinar posibles responsabilidades.

El accidente se produjo este miércoles al mediodía, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y movilizó a la Policía Local de Güímar, así como al Servicio de Urgencias Canario, que envió dos ambulancias, detallan fuentes del cuerpo policial.

A pesar de las graves lesiones sufridas, los mineros lograron emplear una grúa para ascender hasta la superficie, donde fueron auxiliados por los servicios de emergencia.

Los mineros, una vez en el exterior, pudieron avisar a emergencias, debido a que no tenían comunicación desde el interior del pozo, donde habían quedado semi sepultados debido al derrumbe de una pared de piedras.

El accidente ocurrió a una profundidad aproximada de 450 metros, dejando a los trabajadores en una situación crítica, señala la Policía Local de Güímar.

Los afectados presentaban heridas graves, uno de ellos muy grave como consecuencia del derrumbe.

Una vez en el exterior fueron atendidos por los sanitarios de urgencia, que realizaron una primera valoración médica antes de trasladarlos a un centro hospitalario.

EFEjmor/brr

(Corrige en la GC5045 el titular y el primer párrafo: el acuerdo no se ciñe a 157 anuncios, afecta a toda la oferta irregular y esos 157 son los primeros eliminados)Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– Airbnb ha acordado con el Gobierno de Canarias retirar de su plataforma todo anuncio que no cumpla la normativa autonómica sobre alquileres de corta estancia o vacacionales, lo que le ha llevado ya a eliminar 157 tiendas de campaña, barcos,’yurtas’ y furgonetas detectados por la inspección.

Así lo han anunciado este viernes la consejera canaria de Turismo, Jéssica de León (PP), y el director general de Airbnb Marketing Services SL, Jaime Rodríguez de Santiago, quien ha subrayado que esta empresa ha suscrito acuerdos como este, ligado a la labor inspectora que ejercen las comunidades autónomas, con más de mil administraciones públicas en todo el mundo, entre los más recientes con el Consell de Ibiza y la Región de Murcia.

De León ha recordado, a su vez, que Canarias también ha suscrito convenios similares con otras plataformas, como Booking, con un modelo de negocio muy distinto, siempre con la idea de ordenar, «desde el punto de vista normativo el caos que vive la industria turística» tras la aparición de nuevas formas de comercialización alojativa.

De hecho, ha recalcado que el proyecto de ley sobre vivienda vacacional que ya tramita el Parlamento de Canarias trata de promover la «convivencia y el equilibrio», tanto con la oferta alojativa turística preexistente como con la residencial.

La consejera ha estimado que la colaboración de estas plataformas resulta imprescindible «para resolver retos como el de promover un turismo responsable» y que respete la nueva normativa europea para los alquileres de corta estancia, por lo que, cuando entre en vigor en España, que se prevé que sea en julio, todos ellos han de comercializarse en virtud de un registro específico.

Con este acuerdo con Airbnb, Canarias ha comenzado a dar pasos de cara a la depuración de la oferta no reglada, lo que redundará en beneficio de residentes y visitantes, ha dicho De Léon, si bien ha admitido que la voluntad de la Consejería que dirige es reforzar «cuanto antes» los efectivos que desarrollan la inspección turística, una labor que en la actualidad llevan a cabo 14 empleados de una plantilla diseñada con 45 puestos de trabajo.

No obstante, ha recordado que, tal y como se acordó en unas recientes jornadas de inspección, se prevé que la Policía Canaria «puede ser una herramienta de cooperación» con este departamento, al que, a su juicio, puede «ayudar» en su labor la digitalización de la oferta alojativa de las islas.

Airbnb se ha comprometido a desarrollar una campaña de comunicación para «explicar y concienciar» sobre la recientemente aprobada normativa europea que afecta a los alquileres de corta estancia y avanza que anunciará muchos más acuerdos como el firmado con Canarias con nuevas administraciones españolas con el fin de propiciar «una buena convivencia entre lo público y lo privado».

Se trata, ha dicho De León, de «cuidar el destino, a los propietarios que desarrollan su labor de acuerdo a la normativa y al cliente», para lo que la Inspección Turística es la que traslada a plataformas como Airbnb «peticiones de retiradas» de oferta ilegal.

La consejera canaria de Turismo ha aplaudido la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde este jueves y que modifica la Ley de Propiedad Horizontal para «empoderar» a las comunidades de vecinos, que podrán dar o no el visto bueno a los alquileres turísticos ante su proliferación y los problemas que existen en España para acceder a una vivienda.

A su juicio, lo que está en juego es «la convivencia», por lo que entiende que esta nueva ley propiciará en Canarias «el necesario equilibrio entre los residentes y los turistas».

Para Jéssica de León, esta nueva norma española también supone «un espaldarazo» al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que ya tramita el Parlamento canario.

EFEpcr/jmr(foto)