Santa Cruz de Tenerife, 8 abr (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que, a un día de cumplirse el plazo de diez días que el Tribunal Supremo dio al ejecutivo español para acoger a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, no tiene noticia de cómo se va a llevar a cabo.
Delgado ha informado en una comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias solicitada por el PP de que hará llegar al Tribunal Supremo la relación de los 1.
008 menores de edad no acompañados que han pedido protección o que han manifestado su intención de hacerlo y a los que debe acoger el Gobierno de España por tener competencias exclusivas en política de asilo.
«Es crucial que esta medida se materialice de manera inmediata y efectiva, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre el Estado y la comunidad autónoma», ha subrayado.
«Cada día de retraso agrava el trauma que han pasado estos menores», ha dicho la consejera, quien ha recordado que en octubre pasado instó oficialmente al Gobierno de España a hacerse cargo de ellos y ante la falta de respuesta recurrió al Supremo, que ha dictado como medida cautelar que pasen al sistema de protección del Estado en un plazo de diez días que vence este miércoles.
Tras conocerse el auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, los gobiernos de España y Canarias, en un encuentro encabezado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acordaron celebrar unas reuniones técnicas esta semana que aún no se han producido, ha explicado la consejera.
Las dos partes han reconocido que hay que examinar caso por caso los expedientes de los 1.
008 menores solicitantes de asilo, pero «eso no impide que de inmediato pasen al sistema de protección internacional», entre otras razones porque en Canarias los recursos de atención de los menores migrantes están saturados, ha proseguido Delgado.
Para la consejera, el auto es un recordatorio de la obligación del Estado de atender a quienes huyen de los conflictos y de hacer efectivo su derecho a acceder a los recursos de asilo y a recibir una atención integral.
Estar bajo la protección exclusiva autonómica, contraviene la normativa española y europea y compromete el interés superior de los menores y los deja en el desamparo, ha recordado.
Delgado ha asegurado que este auto del Supremo «es un hito en la defensa de los derechos humanos y un compromiso con aquellos que buscan protección», es «un punto de inflexión con gran repercusión política, jurídica y social».
Ha exigido que los derechos de estos menores sean cumplidos «con celeridad y rigor» y ha lamentado que mientras los partidos se enzarzan en disputas políticas, Canarias ha asumido de forma desproporcionada una responsabilidad que corresponde a Europa y a España.
La diputada del PP Luz Reverón ha acusado al Gobierno de España de utilizar políticamente a estos menores para no cumplir con su deber y de despreciar la legalidad.
La representante del PSOE Elena Máñez ha acusado al PP de buscar la confrontación con el Gobierno de España, que actúa con buena voluntad y lealtad institucional, como lo ha hecho en la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de los menores migrantes entre todas las comunidades, al que se oponen los populares.
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