Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).
– Cinco exempleados de UGT entre 2006 y 2010 han afirmado este miércoles durante el juicio del llamado ‘caso Fundescan’ que les computaron horas de trabajo que no llevaron a cabo en relación con los cursos de formación para personas ocupadas para los que el sindicato recibió subvenciones públicas.
En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, estos trabajadores del sindicato en distintas sedes insulares han señalado que no tenían ningún tipo de vínculo contractual con Fundescan, fundación creada bajo el paraguas de UGT a la que subcontrató parte de las acciones formativas por las que había recibido subvenciones del Servicio Canario de Empleo.
Además, todos ellos han insistido en que las tareas para las que fueron contratados no guardaban ninguna relación con la formación de personas ocupadas, y que se limitaron en algunos casos a informar a los afiliados sobre la existencia de dichos cursos.
Una de ellas ha testificado ante el tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya que llegó a recibir presiones del sindicato para firmar un documento en el que se decía que ella había impartido determinadas formaciones con cargo a Fundescan, algo que no hizo «por principios».
De hecho, ha relatado, en el documento que le obligaron a firmar en la época en que se llevó a cabo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el sindicato había actividades formativas que no pudo haber llevado a cabo por encontrarse de baja por enfermedad entre 2008 y 2009.
«Seguramente, se me incluyó en el ERE del sindicato por no haber firmado dichos documentos», ha llegado a manifestar a preguntas de las partes, mientras que otra de las testigos, trabajadora en la sede de La Gomera, ha indicado que «se quedó en la calle por lo de Fundescan», conclusión a la que llegó tras investigar el por qué de su carta de despido.
A algunos de los exempleados que han pasado en esta sesión por la sala les llegaron a computar más de 4.
000 horas en distintos ejercicios como formadores en estos cursos, tareas que todos han negado haber realizado.
Responsabilidad de UGTPreviamente, ha comparecido ante la Sala la que fuera directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) entre 2019 y 2024, Dunnia Rodríguez, redactora del informe que hizo la entidad pública a petición del juzgado para establecer cómo se habían concedido las subvenciones y qué cantidad de ellas era reclamada por el Ejecutivo autonómico.
Rodríguez ha responsabilizado íntegramente a UGT de los contratos-programa y convenios suscritos con el SCE entre 2006 y 2010 para llevar a cabo estos cursos de formación, aunque luego los haya subcontratado a Fundescan, y, por lo tanto, de las responsabilidades para con la administración, pese a que la defensa del sindicato trató de hacer ver que este no tenía nada que ver con ello.
Ha reiterado que el interlocutor con el Servicio Canario de Empleo era el sindicato, que era el beneficiario de las subvenciones que se concedieron y que es por este motivo que se le exige el reintegro de las cantidades indebidamente utilizadas como gastos asociados.
Dichas cantidades que el SCE ordenó reintegrar, ha detallado Rodríguez, fueron de 165.
000 euros en la convocatoria correspondiente a 2006, de 69.
000 euros en la de 2007, de 424.
000 euros en la de 2008, y de 218.
000 euros en la de 2009.
De estos fondos sobre los que el tribunal deriva si fueron usados de forma fraudulenta por parte del sindicato, UGT ha reintegrado los correspondientes al año 2006, 2007 y 2009, ejercicio este último en el que devolvieron de forma voluntaria unos 500.
000 euros, según la testigo.
En el caso de 2008, ha apuntado Rodríguez, no fue hasta 10 años después, cuando se realizó el informe que se presentó a la causa judicial, que la administración se percató de ese desvío de fondos que, según ella, no sabe si se han reintegrado o no.
Los motivos que el Servicio Canario de Empleo aduce para pedir el reintegro es que determinadas facturas de costes asociados que UGT se reservó no fueron debidamente justificadas, que no existía documentación que probara que realmente dichos gastos se habían dado de la forma indicada.
Las acusaciones personadas en ‘caso Fundescan’ rebajaron al inicio del juicio la semana pasada la petición de penas respecto a los presuntos delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de subvenciones, pasando de cuatro a dos años y medio de prisión, al tiempo que retiraron los cargos a una de las imputadas.
De esta manera, las penas interesadas oscilan entre un año de cárcel, en la petición más baja, y los 16 años de prisión, en la solicitud más elevada.
El juicio continuará este jueves con la declaración de otros ocho testigos ante el tribunal.
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