Madrid, 10 abr (EFE).
– La Comisión de Vivienda del Congreso ha rechazado este jueves, con la abstención del PSOE, pedir al Gobierno que limite la compra de vivienda de los ciudadanos extranjeros a aquellos que tengan su residencia permanente en España o puedan acreditar que han vivido en ella un mínimo de cinco años consecutivos.
La propuesta, presentada por ERC, ha recibido el único apoyo de Sumar, aunque Vox ha manifestado su «simpatía por toda aquella iniciativa destinada a limitar la demanda extranjera en todos los campos, también en el de la compra que expulsa gente de su casa y de su barrio, que desplaza población y que especula».
Vox ha considerado que la propuesta de ERC se quedaba «corta» y ha presentado enmiendas que el grupo catalán no ha querido incorporar, como tampoco las que ha presentado el PSOE, en su caso dirigidas a garantizar que se priorice el acceso de residentes y trabajadores y a trasladar la situación a Europa y que la UE realice los estudios necesarios par atender esta petición a escala europea.
En ausencia de los representantes del PNV, Bildu, Junts y Podemos, el PP ha sacado hoy adelante en la comisión, con el respaldo de Vox, todas sus proposiciones no de ley, entre ellas una que insta al Gobierno a combatir el problema de la ocupación ilegal y la «inquiocupación».
Los ‘populares’ han logrado que el Congreso inste al Ejecutivo a «poner fin a su intervencionismo en el mercado de la vivienda» y a «impulsar la derogación de las medidas intervencionistas de la Ley por el derecho a la vivienda, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el índice de precios de los alquileres».
Asimismo, la Comisión de Vivienda ha aprobado, con el PSOE y sus socios en contra, pedir al Gobierno «reformas normativas que permitan la agilización de los procedimientos urbanísticos, especialmente los relacionados con la transformación de suelo finalista para uso residencial, con el objetivo de reducir los plazos actuales a la mitad».
También le pideN que promueva la «simplificación administrativa y burocrática en los trámites urbanísticos, eliminando duplicidades, automatizando procesos y reduciendo cargas innecesarias para ciudadanos, empresas y administraciones públicas» y que garantice el cumplimiento estricto de los plazos legales establecidos para la emisión de informes sectoriales.
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