Las Palmas de Gran Canaria, 11 abr (EFE).
– El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado este viernes que la tutela de los menores migrantes no acompañados que se distribuyan desde los territorios frontera al conjunto de regiones y ciudades autónomas españolas, como la de los que tengan derecho a asilo, es siempre de las autonomías, no del Estado.
Este es el criterio que establece el real decreto ley, convalidado este jueves por el Congreso de los Diputados, para la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Canarias, a otras autonomías, ha subrayado en una comparecencia pública en Las Palmas de Gran Canaria.
El ministro canario ha calificado como «un hito histórico» el resultado de la votación de este real decreto ley porque, según ha dicho, responde a «una reivindicación de 30 años por parte de los territorios fronteras, no sólo Canarias, sino también Ceuta, Melilla, en su momento Andalucía, Baleares, Murcia y otros lugares, y da respuesta a cualquier territorio que entre en una contingencia migratoria».
Torres ha agradecido el voto afirmativo que han dado nueve grupos políticos y la abstención de otro, al tiempo que ha lamentado el voto en contra de dos: «el de la ultraderecha de Vox, que pretende que se devuelva a estos menores a sus países, cosa que impide el derecho internacional, o que se queden confinados en los territorios frontera, lo que va en contra del derecho del menor, y el del PP».
A su juicio, el PP, y más concretamente, los seis parlamentarios canarios de ese partido, que cogobierna Canarias, «deberían haber votado en conciencia», como cree que hubieran hecho si hubiesen tenido libertad de voto «porque saben la importancia de la medida y seguro de que la comparten».
«Fueron votados en las islas para defender los intereses de los canarios, que piden también mayoritariamente que esos menores que están en estos momentos hacinados en centros de muchos municipios del archipiélago estén en condiciones dignas», ha aseverado.
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha apostillado que desde este jueves, «cuando llega un menor a cualquier lugar de España, llega a este país y todos tenemos la obligación legal de responder solidariamente a esa realidad».
Además de preguntar a las comunidades del PP que han anunciado que llevarán este real decreto ante el Tribunal Constitucional «para paralizarlo, cuál es la alternativa» que plantean, Torres ha advertido que a las que dilaten la aceptación de estos menores e incumplan los plazos y criterios de distribución que se acuerden el 28 de abril en la próxima sectorial de Infancia que el Estado actuará «en función de lo que establece el procedimiento administrativo, jurídico y judicial».
«Espero que eso no ocurra, porque se podría incurrir, incluso, en responsabilidades penales, espero que no lleguemos ahí», ha manifestado.
Preguntado por el millar de menores migrantes que permanecen en Canarias y que, según el reciente fallo del Tribunal Supremo, tienen derecho a asilo u otra protección internacional, el ministro ha abogado por que se aplique, dado su hacinamiento y en los casos que lo permitan, el mecanismo de derivación que establece el real decreto ley por el que se ha modificado la Ley de Extranjería, respetando, además, siempre sus derechos como menores que son.
«El auto es claro, no entra a hablar de la tutela y, en ningún caso, dice que tengan que salir o quedarse en Canarias, tendremos que hacerlo caso a caso, lo que también comparte el Gobierno canario, estamos hablando de menores que llevan años en las islas, están escolarizados, tienen su núcleo familiar y amigos, unos 500 están federados como futbolistas, otros en otros deportes, integrados», ha referido.
El ministro ha asegurado que el Gobierno, junto con la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario, analizará, «caso a caso para ver quiénes se quedan y quiénes saldrán» del archipiélago.
«Cumpliremos el auto del Tribunal Supremo y el mejor mecanismo es este real decreto ley convalidado, que hace que la tutela del menor pase de la comunidad acogente a la receptora, cosa importante porque la tutela es de las comunidades autónomas, no está en debate, para el Gobierno es de las comunidades autónomas, como se ha manifestado la Fiscalía de Menores de Canarias, el TSJC, el TC y el Consejo de Estado», ha aseverado.
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