Santa Cruz de Tenerife, 11 abr (EFE).
– El exconsejero de Sanidad Blas Trujillo ha asegurado este viernes que ni él ni ninguna otra persona que ocupe ese cargo, incluso sin una pandemia de por medio, «no tiene ni idea» de los contratos que hace el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Trujillo ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia, en la que ha recalcado que «no es tarea, en absoluto, del consejero estar siguiendo las incidencias de los contratos, sería imposible», y ha negado también que el comité de gestión se encargara de esta labor.
Ha esgrimido que sus principales funciones durante la pandemia eran garantizar la provisión de material de hospitales y centros de salud, hacer un seguimiento cada día de las tras evaluaciones de Salud Pública con los indicadores de la pandemia y estar al tanto de los datos de presión asistencial para adoptar medidas organizativas.
Ha indicado que en la legislación sobre el funcionamiento de la Consejería de Sanidad y del SCS se determina quiénes son los responsables de la contratación, «desde el director al gerente y las direcciones de área», y que en un momento dado se concentraron las compras en la Dirección General de Recursos Económicos.
Trujillo ha negado que se intente hacer de «cortafuegos» a quien ocupó ese cargo durante la pandemia, Ana María Pérez, y al exdirector del SCS, Conrado Domínguez, al que él propuso, sino que se trata de «un tema organizativo puro y duro», «con independencia de nombres y de personas», y a ambos, investigados en la causa judicial abierta, les ha deseado «lo mejor».
Preguntado si debería asumir responsabilidades políticas por lo que hicieron estas dos personas a su cargo, ha respondido: «depende del acto que sea y lo que haya hecho el subordinado.
Hay algunos casos donde el superior jerárquico debe aceptar responsabilidades y otros, no», sin concretar cuáles.
Ha insistido en que no participaba en las contrataciones de material sanitario sino que daba «instrucciones para estudiar, ver» distintas opciones en un contexto de escasez, y que los servicios encargados de esta labor hablaban con las empresas y elegían «bajo su criterio».
Blas Trujillo ha enfatizado que, desde el punto de vista administrativo, el contrato con RR7 por 4 millones de euros para la provisión de un millón de mascarillas que nunca llegaron es «el único» cuestionado por la Intervención General.
Ha admitido, a preguntas del diputado nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, que debió leer, y no lo hizo, el informe de la Intervención de 2021 sobre las vicisitudes del contrato con RR7, y ha añadido que le «extraña mucho» que nadie en su departamento se lo hiciera constar y que se tuviera que enterar «por la prensa».
Respecto a los otros contratos bajo sospecha, ha indicado que Megalab ofrecía los mejores precios para las mascarillas FFP2 y suministraba a organismos públicos como Adif, Puertos del Estado y el Ministerio de Defensa, y que el Tribunal de Cuentas «no puso ninguna pega» a esta empresa, tampoco la Intervención General.
«Otra cosa es que se estén investigando otras derivadas que no tengan que ver con el punto de vista administrativo, de las que no tengo la más remota idea», ha aseverado.
En cuanto a Megalab, ha esgrimido el interés de Canarias de establecer controles de viajeros y de «abrir la economía», y que a la hora de elegir a la empresa encargada de realizar los test se optó por la de mayor implantación en el territorio nacional y con unos precios «muy por debajo de mercado».
Preguntado por los motivos de que a RR7 se le diera una segunda oportunidad y se le adaptara el contrato, ha remitido las explicaciones «a los funcionarios que cerraron el contrato».
«Si el consejero se tiene que ocupar de cómo es la vida de un contrato, ¿para qué queremos toda la estructura administrativa?», ha planteado.
Blas Trujillo ha cuestionado el «preinforme» de la Audiencia de Cuentas, que no se llegó a aprobar en el pleno del órgano fiscalizador, y el informe aprobado en la actual legislatura, cuyo contenido es «prácticamente es el mismo» y tiene «algunas reflexiones» que no comparte.
Sobre todo en lo referente a los indicios de responsabilidad contable, ya que entre uno y otro informe el Gobierno de Canarias instó a la Agencia Tributaria Canaria a recuperar el dinero y como consecuencia de ello el Tribunal de Cuentas archivó provisionalmente la causa que abrió, pero «esa referencia no está» en el segundo informe de la Audiencia de Cuentas.
En cuanto al material sanitario inservible acumulado en los hospitales, ha indicado que provenía del INGESA y de donaciones, parte del cual ha sido aprovechado para otros usos no sanitarios, y ha añadido que «no hay ninguna administración que no haya tenido material no apto».
Blas Trujillo ha invitado a los miembros de la comisión de investigación a tener en cuenta «el contexto»: una enfermedad desconocida, una demanda mundial de material de protección, una oferta «escasísima», un solo productor, China, que al inicio vetó reclamaciones y devoluciones de material defectuoso, y otros países «haciendo trampas».
También ha recordado que aun usándola «con laxitud» la ley de contratos se mostró «manifiestamente insuficiente» ante este panorama y por eso se habilitaron vía real decreto los pagos por adelantado y el consiguiente riesgo de quebranto en las operaciones.
Es más, ha añadido, la UE lanzó una comunicación que venía a decir: «hagan lo que sea necesario para obtener el material», mientras que la Agencia Española de Medicamentos autorizó a empresas de fuera del ámbito sanitario a comprar y suministrar material a otras empresas e instituciones.
EFEjmor/asd(foto)
