Santa Cruz de Tenerife, 11 abr (EFE).
– El exconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias Román Rodríguez ha asegurado este viernes, en la comisión del Parlamento regional que investiga el caso mascarillas, que las contrataciones de emergencia que se hicieron durante la pandemia, incluida la que resultó «fallida», no correspondían al ejecutivo, sino al Servicio Canario de la Salud (SCS), que tiene plena autonomía para ello.
«Hasta donde yo sé» ningún miembro del Gobierno tenía responsabilidad en esas contrataciones, tampoco en el pago por adelantado de 4 millones de euros a la empresa de compraventa de automóviles RR7 por un millón de mascarillas que nunca se entregaron, aseguró Rodríguez.
El exconsejero de Hacienda expresó su total confianza en sus compañeros del ejecutivo y, en particular, en su presidente entonces, Ángel Víctor Torres, al que definió como «persona honesta, comprometida y capaz».
En relación con «el contrato fallido» con RR7, Rodríguez subrayó que este incidente no debe empañar los logros y éxitos alcanzados en la gestión de la pandemia, y defendió la importancia de que prosiga hasta el final la investigación judicial y que si alguien infringió la ley que se enfrente a sus consecuencias.
El exconsejero de Hacienda y líder de Nueva Canarias consideró que esta comisión de investigación parlamentaria debe servir para buscar responsabilidades políticas no con ánimo de revancha, sino de aprender de lo ocurrido y de mejorar la respuesta de las administraciones a casos de emergencia prolongados como el que ocurrió con la pandemia, en particular para que se introduzcan reformas legales que impidan las situaciones de abuso.
Aseguró que el ejecutivo no alteró su estructura para enfrentar a la pandemia porque contaba con el Servicio Canario de la Salud (SCS), responsable del 40% del gasto público y del aparato administrativo más potente de la comunidad autónoma.
No hubo «ninguna estructura paralela», el Gobierno ejerció sus competencias y el SCS las suyas, explicó, y en cuanto al comité de gestión creado en ese periodo, lo describió como un espacio de debate, información y orientación para la toma de decisiones, en el que se intercambiaban criterios y se mantenía una interlocución constante con el comité científico, con las demás instituciones y con la sociedad.
Rodríguez hizo un balance general positivo de la respuesta de la sociedad canaria y sus estructuras institucionales en un escenario de alta complejidad, y afirmó que si no hubiera existido ningún contrato fallido «no habría ningún elemento crítico sobre la gestión de la crisis».
Respecto a las contrataciones, el exconsejero de Hacienda indicó que el SCS dispone de dos instrumentos fundamentales, las mesas de contratación y la dirección del propio servicio, y es ahí donde se sustancia la contratación.
Ratificó que el contrato suscrito con la empresa RR7, del que supo como el resto del Gobierno cuando el caso se publicó en la prensa en mayo de 2022, no se financió con fondos europeos como se certificó al juez que llevaba el caso, y negó cualquier intervención del ejecutivo para que la investigación fuera asumida por la fiscalía europea.
El motivo de que no se financiara con fondos comunitarios, como estaba previsto, fue precisamente que el contrato nunca llegó a cumplirse por parte de RR7.
Aseguró que, cuando se enteró del revuelo mediático al publicarse el caso en la prensa, contactó con la directora de la Agencia Tributaria Canaria, quien desconocía también lo ocurrido.
Respondió «no lo sé» cuando se le preguntó si debió adelantarse el dinero del contrato a RR7, pero añadió que hay que situarse en el contexto de unos mercados tensionados con los hospitales y centros de salud exigiendo suministros de urgencia a la dirección del SCS.
En ese contexto de emergencia, la legislación permitía tomar decisiones que implicaban más riesgos de los habituales, y a veces ocurre que los contratistas no cumplen.
Rodríguez añadió que los procedimientos excepcionales de contratación tienen sentido cuando se aplican de forma puntual, pero en esta ocasión se extendieron durante un largo periodo y a múltiples áreas, lo cual hace necesario revisar su utilización para futuras emergencias similares, para poner límites.
Señaló que el SCS en su capacidad de autoorganización decidió concentrar todas las contrataciones durante la pandemia en la Dirección General de Recursos Económicos del SCS.
Admitió que no todo salió bien en esos contratos, pero insistió en que el SCS tomó sus decisiones en función de las circunstancias del momento, que fueron extremadamente difíciles.
Respecto al cese de Teresa Cruz Oval en marzo de 2020 como consejera de Sanidad, aseguró no conocer los motivos, porque los nombramientos y ceses corresponden al presidente del Gobierno.
Negó que el comité de gestión autorizara a Conrado Domínguez, imputado en el caso mascarillas, a contratar o negociar con proveedores mientras era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, antes de ser director del SCS.
Román Rodríguez reiteró que no supo nada sobre contrataciones, tampoco sobre el contrato con RR7 antes de que el caso se publicara en la prensa, a pesar de que aparecía en la dación de cuentas de la Intervención General desde un año antes, pero ese informe ni se publica ni se remite al ejecutivo, sino que se envía a la Audiencia de Cuentas.
Sobre la recuperación de los cuatro millones defraudados por la empresa, aseguró que, de haber tenido conocimiento del caso en su momento, además de reclamar las cantidades, habría optado por la vía penal «sin ninguna duda».
En todo caso, aconsejó esperar a lo que determine la justicia y «si alguien coge un euro de forma indebida, lo debe pagar».
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