Las Palmas de Gran Canaria, 15 jun (EFE).
– La mayoría de los 7.
825 migrantes que solicitaron en Canarias el pasado año asilo, refugio o protección internacional procedía de Venezuela y Mali, ha indicado este lunes el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en las islas, Juan Carlos Lorenzo.
En una rueda de prensa en la que ha presentado los datos relativos a las islas del informe anual de la organización sobre la protección internacional en España, Lorenzo ha señalado que el número de peticiones subió un 2 % con respecto a 2024, pese a que en 2025 bajó un 62 % la llegada de inmigrantes en pateras o cayucos al archipiélago, en relación al año anterior.
Tras Venezuela y Mali, en Canarias reclamaron protección internacional migrantes procedentes de Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú, un país este último desde el que se ha advertido un aumento de peticiones, ha señalado Lorenzo.
El coordinador de CEAR en Canarias además ha hecho hincapié en que España ocupa el antepenúltimo país de la UE en cuanto a resolución favorable de peticiones de asilo.
En España las solicitudes de asilo cayeron de manera significativa el pasado año, un 13,7 %, según CEAR, que atribuye este descenso a los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería, que no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo.
Lorenzo ha reclamado de nuevo que el Gobierno español habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas de vidas en las rutas migratorias.
Y también ha resaltado que, aunque son menos los inmigrantes llegados a las costas canarias, arriban en peores condiciones físicas y ello se ha advertido en el aumento de amputaciones de miembros que han tenido que practicar, ha remarcado.
Ha destacado que el 15 % de las personas que llegaron en cayucos o pateras a las costas canarias en 2025 fueron menores sin referentes familiares y ha reconocido que se han agilizado los traslados a la península gracias a la reforma de la Ley de Extranjería, que ha facilitado la corresponsabilidad entre las comunidades autónomas, así como los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional.
En total, 581 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron derivados el pasado año a otras comunidades autónomas, ha apuntado Lorenzo, quien ha cifrado en cerca de 3.
000 los menores que se atienden en los centros de acogida de las islas y ha hecho una llamada a mejorar la calidad de los servicios que se les prestan, ya que se ha superado la situación de colapso que existía.
Lorenzo se ha referido también a que las vulneraciones de derechos no se dan solo en las fronteras, en los países de tránsito u origen, ya que «persisten obstáculos» en el acceso a derechos básicos en España que dificultan los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas, según ha asegurado.
En concreto, se ha referido al reconocimiento del ingreso mínimo vital, al problema de acceso a una vivienda digna y al empadronamiento.
Por otra parte, ha advertido de la escalada de racismo y xenofobia que se refleja en el incremento de los delitos e incidentes de odio, que aumentaron un 23,6 % el pasado año en España, la mayor cifra alcanzada, según el Ministerio del Interior, por lo que ha dicho que desde CEAR se reclama un pacto de Estado que frene los discursos xenófobos.
Tanto Lorenzo como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han insistido en criticar el Pacto Europeo Migratorio que entró en vigor el pasado día 12 de junio.
Morales ha reiterado que el pacto convertirá las «islas en cárceles» y Lorenzo ha abundado en rechazar la «apuesta decidida» por la externalización de fronteras y el retorno de los migrantes, al tiempo que ha aventurado «más control, más deportaciones y menos protección».
CEAR, además de presentar su informe anual, ha dado a conocer el nuevo Comité de Personas Refugiadas en las islas, un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, como es el caso de la joven Nicole Sirikari Pachka, de 28 años y procedente del Congo, que vive en Gran Canaria desde 2023, y del colombiano Edwin Abadi, de 40 años, que lleva desde 2001 en la isla.
Sirikari ha contado que trata de abrirse un futuro en Gran Canaria y Abadi ha dicho que logró conseguirlo, pues está casado, tiene tres hijos y trabaja como asesor financiero, según ha relatado, si bien ambos han manifestado que quieren que su experiencia sea útil y formar redes de apoyo, para lo que reclaman ayuda de las instituciones públicas y privadas.
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