Santa Cruz de Tenerife, 16 jun (EFE).
– El presidente de la Asociación Libertas, Francisco Martínez, ha asegurado este martes que la pobreza infantil no existe, pues si hay falta de recursos quien la padece es la familia, y ha denunciado el negocio «estratosférico» de la acogida de menores que son «arrancados» de sus padres en un «secuestro de Estado».
Francisco Martínez se ha pronunciado de esta manera ante la comisión que en el Parlamento de Canarias estudia la pobreza infantil en el archipiélago, y ante la que ha sentenciado que un niño no puede ser pobre de la misma manera que no puede ser rico, porque es imposible que un menor tenga cuenta bancaria, propiedades a su nombre o bonos del Estado.
Tampoco un niño de 5 años puede hacer nada para cambiar su situación de vulnerabilidad como acceder a un empleo, abrir un negocio o jugar en Bolsa, y ha considerado que el concepto de pobreza infantil «miles de veces repetido no existe, es falaz, engañoso y mentiroso».
Quien es rico o pobre es su familia y, por lo tanto, hablar de pobreza infantil «es un error de concepto muy bien interiorizado y una falacia que hay que desenmascarar porque si hay una situación de vulnerabilidad ¿por qué se llama pobre al niño y no a la familia?», ha cuestionado.
En opinión de Francisco Martínez, hay una clara voluntad «de desgajar, de desarraigar al niño de su familia» bajo la premisa de que «los niños son del Estado», lo que, ha añadido, implica que «vamos encaminados a la deriva del disparate».
Así, ha proseguido, los niños de familias sin recursos «son gestionados por el Estado» y los hijos de las élites son propiedad privada, es decir, de sus padres, que los llevan «a colegios privadísimos y exclusivos mientras que los de la plebe son adoctrinados».
Se trata de esta manera de obtener individuos solitarios y fácilmente manipulables ante unos servicios sociales que se atribuyen la potestad de intervenir sobre los hijos de otros y para colmo de gravedad, ha continuado Martínez, cada vez más se retira esta atribución de los funcionarios y se delega en empresas privadas.
Con el pretexto del amparo de los menores en situación de vulnerabilidad se ha dado paso a un negocio «de dimensiones millonarias» en toda Europa en nombre del cual se cometen «aberraciones» y que supone «un secuestro de Estado con hijos que son arrancados de los brazos de sus padres de forma arbitraria».
Francisco Martínez ha hablado de los casos de abusos sexuales, prostitución, consumo de droga «y todo tipo de atrocidades» que en su opinión se han cometido en centros de acogida y que no se quieren abordar ni corregir «porque es un negocio lucrativo con fondos de la UE y de partidas presupuestarias por cada niño de acogida».
Se trata de un proyecto diseñado para «la demolición de la familia» como paso previo a una nueva generación de individuos solitarios y fácilmente manipulables condenados a la pobreza económica y moral, en contraposición a la familia, que es, ha dicho, sinónimo de libertad.
Ha señalado también como prueba «del negocio» que hay unos 80.
000 menores en centros de acogida en España, lo que ha calificado de «desastre mayúsculo», para advertir de que se puede subcontratar la gestión en carreteras o desaladoras «pero no la infancia», que ha sido «mercantilizada».
Por ello ha reclamado «sacar esta gestión del Ejecutivo» y que la decisión sobre una posible retirada de los hijos del núcleo familiar sea decidida «por la neutralidad de un juez», y ha recomendado que se mantenga el vínculo familiar a toda costa, salvo en situaciones extremas de violencia, orfandad o uso de drogas.
Francisco Martínez ha indicado que no se justifica «la aberración de separar a un niño» de sus padres porque tengan escasez de recursos en vez de plantear ayudas a las familias de tipo económico, laboral, psicológico y educativo, y si la situación es muy extrema, ha proseguido, buscar el apoyo de la familia extensa, como los abuelos.
Martínez ha pedido a los parlamentarios que defiendan a la familia en sus políticas y en su acción legislativa porque sólo apoyando a la institución familiar se propiciará una sociedad «más sana, feliz y sin lo que algunos llaman pobreza infantil».
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