Mérida, 16 abr (EFE).
– Doce comunidades autónomas, entre ellas Canarias, han expresado su preocupación por el diseño de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica, ya que creen que repite errores del pasado sin introducir mejoras sustanciales y genera un alto grado de inseguridad jurídica, que dificulta e impide su implementación.
Según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado, el nuevo esquema mantiene una tramitación excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa, lo que se traduce en una mayor carga burocrática para las comunidades y pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa.
Señala que las CCAA firmantes -Extremadura, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia- han mantenido hace pocos días una reunión con el ministerio para trasladar estas inquietudes.
Tras este encuentro, han considerado que no han recibido una respuesta clara ni formal por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), lo que sigue generando incertidumbre y preocupación.
Previamente a este encuentro, estas valoraciones sobre el nuevo modelo de ayudas a la movilidad han sido trasladadas formalmente al Ministerio mediante cartas firmadas por dichas comunidades autónomas, en las que se ha recordado que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de estas ayudas.
También han destacado que aunque se presenta como una continuidad, el nuevo modelo obliga a iniciar desde cero, mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio.
Ello implica más carga administrativa, más retrasos y ningún avance significativo como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y los actores del sector.
Además, han advertido de que el planteamiento actual no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas, consolidando un esquema de ayudas que consideran ineficaz, por lo que insisten en la necesidad de una aclaración urgente y una definición formal por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa.
La Junta de Extremadura recuerda que las CCAA llevan tiempo trasladando al Gobierno propuestas claras, técnicamente sólidas y ampliamente respaldadas tanto por el sector como por instituciones europeas, orientadas a lograr una distribución más eficaz, ágil y directa de las ayudas.
Entre ellas han destacado descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y puntos de recarga, incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas o la simplificación de trámites administrativos, conforme a los estándares de la Comisión Europea, basada en procedimientos «más simples, rápidos y ligeros».
Las CCAA han reclamado una aclaración formal y posicionamiento firme por parte del Ministerio sobre las inseguridades jurídicas detectadas, como el reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan.
Aseguran que la no resolución de estas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas imposibilita lanzar la convocatoria y asegurar la concesión, pago y llegada de las subvenciones a los ciudadanos y empresas.
Añade que pese a la falta de definición a nivel estatal, las comunidades autónomas han reiterado su compromiso firme con la transición energética y la electrificación del transporte.
En este sentido, varios gobiernos regionales han aprobado modificaciones presupuestarias para culminar la ejecución del Plan Moves III, que se suman a las inversiones ya movilizadas en el marco de los programas de autoconsumo y movilidad sostenible.
También han manifestado su total disposición a colaborar con el Ministerio y con el IDAE para alcanzar un modelo de ayudas realista, coordinado y eficaz, que permita que los fondos lleguen de forma ágil a los ciudadanos y empresas.
Las autonomías se declaran abiertas a trabajar de forma conjunta para aterrizar técnicamente el programa y solventar los elementos pendientes que impiden su correcta aplicación.
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