Palma, 19 jun (EFE).
– Expertos en geografía y vivienda han defendido la necesidad de regular el alquiler turístico, aumentar la intervención pública y adoptar medidas fiscales y urbanísticas frente a la crisis de acceso a la vivienda en Baleares y Canarias, con medidas «razonables» que permitan establecer que un máximo del 10 % del parque residencial se destine a alquiler vacacional.
Durante el seminario ‘Vivienda y dinámicas poblacionales en las islas de la Unión Europea’, organizado en el edificio de Sa Riera, en Palma, el catedrático de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan Manuel Parreño, ha defendido la necesidad de fijar límites al uso turístico de las viviendas.
En su intervención, ha recordado que la reciente legislación canaria apuesta por reservar el 90 % del parque a usos residenciales, aunque ha precisado que esta medida, por sí sola, no resolverá el problema de acceso a la vivienda.
«Es una cuestión de stock», ha señalado Parreño, quien ve «contradictorio» que se promueva nueva construcción residencial mientras una parte de las viviendas acaba destinada a usos turísticos.
El catedrático ha opinado que algunas zonas tensionadas incluso podría ser necesario impedir la implantación de nuevas viviendas vacacionales, aunque ha reconocido que retirar licencias ya concedidas plantea importantes dificultades jurídicas y económicas porque implicaría indemnizaciones a los propietarios.
Tasa turísticaTambién ha planteado la posibilidad de crear una tasa turística destinada específicamente a financiar políticas de vivienda, siguiendo el modelo de otros gravámenes vinculados a la protección ambiental.
«Hay que buscar mecanismos fiscales para que una parte del crecimiento económico revierta en vivienda», ha afirmado.
Por su parte, el catedrático de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Jesús González, ha recordado que la «emergencia» habitacional no es un problema exclusivo de Baleares ni de España, sino que afecta a numerosos países tras décadas de debilitamiento de las políticas públicas de vivienda.
González ha señalado que los países europeos con estados del bienestar más consolidados están resistiendo mejor las tensiones del mercado residencial, mientras que España sufre con mayor intensidad las consecuencias de no haber considerado históricamente la vivienda como uno de los pilares de la protección social.
«En territorios donde la especialización inmobiliaria es muy fuerte, el valor especulativo está por encima del valor de uso», ha afirmado, antes de sostener que corregir ese desequilibrio resulta «imposible» sin una intervención decidida de los poderes públicos.
Respecto a las propuestas para limitar el alquiler vacacional, González ha coincidido en que pueden contribuir a aliviar la situación, pero ha insistido en que se trata de un problema «multicausal» que requiere respuestas coordinadas entre distintas administraciones y ámbitos de actuación.
«Limitar el alquiler vacacional es una de las 20, 30 o 50 iniciativas que se pueden adoptar, pero por sí sola ni muchísimo menos va a solucionar el problema», ha hecho hincapié.
Polarización políticaTambién ve necesario combinar medidas de construcción de vivienda protegida con actuaciones fiscales sobre viviendas vacías y grandes propietarios, así como estudiar restricciones a la compra de inmuebles cuando no tengan como finalidad la residencia efectiva.
El experto ha lamentado la elevada polarización política que rodea el debate sobre la vivienda, ya que, en su opinión, dificulta la consecución de acuerdos entre administraciones gobernadas por distintos partidos.
«El problema no es que haya diferencias ideológicas, sino que esté tan politizado que parezca imposible llegar a acuerdos institucionales», ha sentenciado.
EFEcri