Violeta Molina GallardoMadrid, 19 abr (EFE).
– Las órdenes de protección para víctimas de violencia de género descendieron un 6,5 % en 2024, una contracción que se ha observado en todas las comunidades autónomas y que preocupa a las expertas por cuanto sólo una de cada seis denuncias por maltrato tuvieron como resultado esta protección.
El año 2024 terminó con 199.
094 denuncias por violencia de género y con la concesión judicial de 33.
247 órdenes de protección, lo que supone el 16,69 % de esas denuncias.
En 2023, esa tasa fue del 17,84 %, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
El año pasado se concedieron 2.
314 órdenes menos que en 2023, 33.
247.
Se solicitaron 49.
268 (en una de cada cuatro denuncias), de las que se adoptaron el 67,48 % (frente al 69,9 % de 2024).
En el caso concreto de Canarias, ese porcentaje alcanzó el 76,7 %.
También fueron menos las órdenes solicitadas (las concede un juez, pero previamente tienen que pedirlas la defensa de la víctima o la fiscalía), un 3 % por debajo de las pedidas en 2023.
Se pidieron menos (3 %) y se concedieron aún menos (6,5 %), una señal de alarma, según juristas consultadas por EFE.
Denunciar y no obtener protecciónLa abogada Altamira Gonzalo expresa su preocupación ante estas estadísticas porque, explica, «la orden de protección es la garantía de la no reiteración de la actividad delictiva, es la garantía para la mujer agredida que ha puesto la denuncia de que no la van a volver a maltratar porque el Estado la va a proteger».
Las juristas feministas vienen alertando de «la cicatería en la concesión de órdenes de protección», que puede tener resultados mortales: «Cada año está subiendo un poco el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado, este es el grandísimo fracaso», asevera Gonzalo.
La también abogada y directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, confirma «una tendencia de que cada vez menos mujeres están protegidas por la orden de protección y también que desciende el número de solicitudes».
«Si crecen las denegaciones de órdenes de protección, lo que sucede es que todo el contexto de operadores jurídicos se ajusta al hecho de que sino me la van a dar, no la solicito.
Hay que hacer un llamamiento recordando que la orden de protección es un derecho de las víctimas y que, desde luego, si no se solicitan no se conceden», resalta Soleto.
«El momento de la denuncia está identificado como un momento de riesgo y que no se establezca la orden de protección significa que se va a su casa sin ninguna protección y puede estar en una situación de riesgo sin que haya recibido una respuesta judicial adecuada», añade.
La orden de protección se decide en una resolución judicial «que consagra el estatuto de protección integral de las víctimas» mediante la adopción de medidas cautelares penales y civiles cuando existen «indicios fundados de la comisión de delitos» y una situación objetiva de riesgo para la víctima.
Esas medidas son variadas, desde la privación de libertad del agresor a la prohibición de comunicación con la víctima, la orden de alejamiento, la suspensión del régimen de visitas o la retirada de la patria potestad de los menores, el uso de la vivienda.
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El bajo porcentaje de peticiones, dice Gonzalo, contrarresta la idea de que las mujeres denuncian para obtener beneficios (custodia de hijos, atribución del domicilio.
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«La inmensa mayoría no la pide» y «la Fiscalía debería tener un papel más activo y también la abogacía, y los jueces tener más generosidad», puntualiza.
Gonzalo señala que el negacionismo no sólo influye en que las mujeres pidan menos órdenes de protección, sino en que se tomen menos en serio muchas denuncias: «El negacionismo va haciendo una labor de disuasión entre las mujeres y de meter dudas entre quienes tienen que ayudarlas a salir de la violencia».
Inequidad territorialEn términos absolutos, las órdenes de protección adoptadas son inferiores en todas las comunidades autónomas.
Si se atiende al porcentaje de órdenes concedidas con respecto a las solicitadas, éste ha descendido en todos los territorios salvo en Cataluña, que ha pasado del 47,8 % de 2028 al 49,6 % de 2024.
Tampoco llega al 50 % Madrid, con un 46,26 %.
Existe una gran desigualdad territorial en la concesión de las órdenes.
Se conceden más en Murcia (83,6 %), Baleares (80,28 %), Aragón (79,9 %), Comunitat Valenciana (78,3 %) y Navarra (78 %).
El mapa se completa así: País Vasco (58,8 %), Cantabria (62,9 %), Galicia (64,1 %), Castilla-La Mancha (70,3 %), Extremadura (71,9 %), Castilla y León (73,49 %), Asturias (74 %), La Rioja (75,8 %), Andalucía (76,2 %) y Canarias (76,7 %).
Soleto afirma que estas diferencias entre partidos judiciales, denunciadas desde hace años por las organizaciones feministas, son preocupantes y lamenta que el CGPJ no haya explicado públicamente por qué ocurre.
En este sentido, Gonzalo recuerda que el Grevio (el grupo de expertos europeos que analiza el cumplimiento del Convenio de Estambul) ha llamado la atención sobre esta inequidad y ha exigido al estado español que averigüe qué sucede.
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