Las Palmas de Gran Canaria, 26 jun (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria, a través del pleno, ha mostrado este viernes su rechazo a la proyección de una macrogranja marina en el litoral de La Aldea, y ha exigido al Gobierno canario que paralice el proyecto en marcha por su impacto ambiental y el daño a la pesca artesanal.
En un comunicado, la Corporación insular ha reclamado una evaluación exhaustiva y rigurosa del impacto que esta actividad podría producir en el medio marino, paisajístico, medioambiental, social y económico de la zona, al tiempo que ha demandado que se abra un proceso de diálogo y participación ciudadano que sea efectivo y transparente.
El texto aprobado por unanimidad en el pleno, a propuesta del grupo de gobierno (NC-PSOE), subraya que implantar estas infraestructuras en ese litoral requiere un análisis específico, al tratarse de un espacio costero de alta sensibilidad, por su extrema proximidad a diversos espacios naturales protegidos.
En este sentido, el Cabildo ha advertido de que las directrices del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) no eximen de exigir las máximas garantías, puesto que un impacto negativo resultaría desastroso para un patrimonio natural que mantiene un elevado grado de conservación y que apenas ha sufrido procesos de antropización.
Eso sí, el texto también supone un respaldo para la actividad de la acuicultura como forma de lograr la seguridad alimentaria, diversificar la producción pesquera y generar empleo en los territorios costeros, así como riqueza siempre que se haga bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social.
Pero, pese a ello, ha ahondado en la demanda al Gobierno canario de realizar un análisis minucioso y vinculante de todos los efectos que el sector acuícola podría generar en el medio marino, paisajístico, medioambiental, social y económico de la zona, apelando firmemente al principio de precaución antes de autorizar cualquiera de estos proyectos.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ha celebrado el rechazo a este proyecto por parte del Cabildo de la isla, al exponer en un comunicado que supone una «amenaza para el medio ambiente, el territorio y la actividad pesquera en la zona».
La iniciativa, impulsada por la empresa local Bass Company SL, tiene por objetivo producir 5.
400 toneladas de lubinas, que estarían destinadas, casi en su totalidad, a la exportación, ha señalado la organización, que ha argumentado su posición en contra en base a que «las jaulas marinas proyectadas pondrían en grave peligro la forma de vida de la población del municipio, históricamente ligada a un modelo de pesca sostenible».
Greenpeace ha insistido en que «la acuicultura industrial no es un modelo compatible con la sostenibilidad» al tiempo que ha alertado de los «muchos impactos negativos que conlleva para los ecosistemas marinos».
Eso sí, ha manifestado no compartir el apoyo esgrimido a la acuicultura por el pleno insular porque a su juicio, «esta práctica es insostenible», por lo que ha instado a los representantes políticos a que «se deben centrar en el apoyo a la pesca artesanal».
«Este tipo de proyectos no trae riqueza al territorio.
Al contrario, ponen en jaque nuestra economía local y nuestra soberanía alimentaria, y son un ejemplo más de destrucción ambiental que sólo beneficia a unos pocos, los mismos de siempre, y causan perjuicio a toda la población», ha declarado al respecto la portavoz de Greenpeace en Canarias, Irene Sánchez.
Quien ha añadido que están satisfechos por el camino que ha tomado hoy la corporación insular, si bien seguirán «vigilantes» para que no prioricen la acuicultura por encima de la protección a la naturaleza y la pesca artesanal.
EFEcms/cas
