Laura BautistaGuía (Gran Canaria), 30 jun (EFE).
– Más de 50 personas, entre ellas al menos una decena de menores de edad, han sido desahuciadas este martes de la finca de Mr.
Leacock, en el municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria), por orden judicial.
En el alzamiento ha participado un operativo de unos 50 agentes de la Guardia Civil de varias unidades y efectivos de la Policía Local, además de ambulancias, un camión de bomberos, en un despliegue masivo en el que también se han tenido que cortar calles y carreteras.
En el interior de esta finca, dividida en diferentes unidades, conviven familias con toda clase de situaciones, algunas de ellas extranjeros sin papeles y también trabajadores que aseguran no encontrar alquiler que se adapte a sus sueldos.
Una retroexcavadora ha entrado en la propiedad mientras varias familias permanecían en su interior que, según los testigos, se encuentran atrincherados y se niegan a abandonarla por tener menores a su cargo.
«Dicen que si se marchan entran en situación de calle y los niños se los llevan a un centro de menores», ha narrado Miriam Bani a EFE, y que eso «no lo van a permitir».
Ndema Larbi vive en esta finca desde hace 21 años, diez de ellos sin papeles hasta que logró regularizar su situación, quien asegura que lleva meses «buscando alquilar por todos lados» sin éxito, ya que con su sueldo «no encuentra opciones».
«Nosotros estamos aquí, queremos solo un lugar a donde ir, vivir tranquilos» porque «estamos buscando buen futuro y trabajo y no molestar a nadie», insiste.
Jill Ali Elkobi se siente «orgulloso» de vivir en Canarias, en una tierra que asegura que siente como suya.
«Respeto a la justicia pero no tengo a dónde ir, hasta los animales tienen derecho a un techo», lamenta.
Él está trabajando y aunque es de origen marroquí hace años que tiene papeles.
«Espero que mi país me proteja y no me deje en la calle, porque yo sufrí aquí para levantar la casa», indica.
«Nadie me ha echado una mano hasta el momento, he estado buscando casi dos años alquiler, pero no encontré nada.
¿Y qué voy a hacer ahora?», se pregunta Elkobi.
Azdin lleva viviendo en esta finca seis años, ahora mismo tiene 30 y lleva «casi 20 en Canarias».
Al igual que los demás residentes en este espacio busca «alquilar en todos lados pero nadie nos alquila y no tenemos donde ir».
Él y su hija se quedan «en la calle» a pesar de que, asevera, los propietarios «no necesitan este terreno, ¿Para qué va a echar a la gente a la calle?».
Aunque prefiere no decir su nombre, otro de los residentes relata la misma situación: «Vivo aquí desde hace seis años con mi mujer y mi hijo de 12 años», que es su gran preocupación.
«Se van a llevar a mi hijo al centro de menores.
¿Qué hago ahora?», recrimina este afectado.
Por su parte, Tami lleva en Canarias 24 años y cinco viviendo en esta casa, y así la llama porque en ella ha gastado 19.
000 euros, construida en esta propiedad en la que vive con su pareja y sus tres hijos.
«Nos dijeron que nos van a echar una mano, que el ayuntamiento nos iba a buscar solución, pero nos llamaron el viernes, fuimos, y en una reunión nos dijeron que al final no pudieron conseguir nada y nos cerraron la puerta», cuenta a EFE.
Les advirtieron que se podían «llevar los niños a un centro» y que los adultos «se buscasen la vida».
«Hay pocas viviendas aquí en Gáldar, en Guía, estuve buscando más de dos meses, pero no hay nada.
La mayoría de los que aquí vivimos tenemos papeles», apunta.
El portavoz de Derecho al Techo, Tito Martín, lo ha definido como «un drama», que se está produciendo «ante la pasividad de las administraciones».
Esta es «la crónica de un desahucio anunciado» porque ya el Ayuntamiento advirtió de la situación y pidió ayuda institucional pero, a pesar de ello, «no han sido capaces de resolverlo en un auténtico drama habitacional con personas menores, empadronadas en el municipio, muchas de ellas trabajando y aportando».
Se están viendo «escenas muy duras», porque son «personas que no pueden acceder a un mercado inmobiliario desbocado y que además sufren el racismo inmobiliario, muchas de ellas por sus orígenes de otros países, lo que es un problema añadido para conseguir una vivienda digna», ha denunciado ante los periodistas.
Que el Ayuntamiento pidiera esa ayuda interinstitucional, pensó que sería una forma de «dar la voz de alerta, y nos ilusionamos porque pensábamos que las administraciones se iban a poner a engrasar los distintos engranajes administrativos y que iban a llegar a acuerdos y esto no se iba a producir», pero «han pasado dos o tres meses y aquí estamos».
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