Santa Cruz de Tenerife, 01 jul (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles un protocolo de colaboración con la Plataforma del Tercer Sector de Canarias como un paso para establecer un marco «estable» de cooperación, diálogo y participación entre el Ejecutivo autonómico y las entidades sociales.
Según ha explicado en rueda de prensa, el acuerdo pretende consolidar la relación que la Consejería ha venido desarrollando con las organizaciones del Tercer Sector y dotarla de un marco de actuación mientras se concretan los aspectos financieros y organizativos de la futura concertación social.
Respecto a las primeras líneas de trabajo, Delgado ha precisado que una de las prioridades será culminar la elaboración del anteproyecto de la futura Ley del Tercer Sector de Canarias, con la intención de remitir el texto al Parlamento al inicio del próximo curso político.
La consejera ha comentado que ya se ha completado la fase de participación pública, en la que han intervenido entidades sociales, sindicatos, administraciones y ciudadanía, y que ahora la Consejería trabaja en la redacción del anteproyecto para continuar con su tramitación ordinaria.
En este sentido, ha subrayado que las entidades del Tercer Sector son «esenciales» porque desarrollan una labor a la que las administraciones no siempre llegan y trabajan directamente con la población más vulnerable del archipiélago.
Estas organizaciones, ha dicho, constituyen una «pieza indispensable» para garantizar una atención social «más cercana, más eficaz y más humana», al conocer de primera mano las necesidades y problemáticas de las personas a las que atienden.
Asimismo, ha defendido que los grandes retos sociales no pueden afrontarse únicamente desde el Gobierno de Canarias, sino que requieren la implicación de ayuntamientos, cabildos y entidades sociales para sumar capacidades, conocimiento y buenas prácticas.
Ha añadido además que el objetivo del protocolo es consolidar los mecanismos de participación del movimiento asociativo del Tercer Sector en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo autonómico.
Delgado ha recordado que estas entidades ya participan en órganos como el Consejo General de Servicios Sociales y señaló que el nuevo marco también facilitará su presencia en las mesas de diálogo que el Gobierno pretende impulsar para negociar un convenio colectivo propio de Canarias en los ámbitos de la discapacidad y la dependencia.
En su opinión, organizaciones representadas en la Plataforma del Tercer Sector, entre ellas Plena Inclusión o diversas entidades sociales, podrán actuar como interlocutores en ese proceso de negociación.
La consejera ha sostenido que esta alianza consolida la forma de trabajar desarrollada por su departamento, basada en diseñar e implementar las políticas sociales junto al Tercer Sector y el resto de administraciones públicas.
También ha indicado que esa colaboración permitirá incorporar el conocimiento y la experiencia acumulada por las entidades sociales en todo el territorio para avanzar hacia una mayor cohesión social y contribuir al objetivo del Gobierno de lograr unas «islas iguales».
Por su parte, la presidenta de la Asociación Plataforma del Tercer Sector en Canarias, María Eugenia de León, ha expresado su satisfacción por la firma del protocolo de colaboración con la Consejería de Bienestar Social y ha hecho hincapié en el compromiso que, a su juicio, ha mantenido el departamento durante toda la legislatura con las entidades sociales y, en particular, con la Plataforma.
A su juicio, el protocolo supone una alianza estratégica que consolida a la Plataforma como interlocutora del conjunto del Tercer Sector en Canarias, al representar no solo a las entidades que la integran, sino al conjunto del sector.
El acuerdo, ha continuado, servirá para reforzar el trabajo desarrollado conjuntamente durante los últimos años y recordó que ambas partes han celebrado ya seis mesas de diálogo para abordar asuntos como las subvenciones y las líneas de financiación de las entidades sociales.
Garantizar una financiación estable resulta fundamental para la presidenta de la asociación, pues permite sostener la atención que prestan las organizaciones a los colectivos más vulnerables, más que asegurar el funcionamiento de las propias entidades.
También ha resaltado que el protocolo establece un espacio consultivo permanente para contribuir a que las políticas sociales respondan a los derechos y necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
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