Las Palmas de Gran Canaria, 29 abr (EFE).
– La familia de Victoria, una niña con síndrome de Down residente en el sur de Gran Canaria, ha denunciado este martes que la menor de ocho años está sufriendo discriminación por parte del colegio en el que está matriculada, así como una «vulneración sistemática» de sus derechos por parte de la Consejería de Educación de Canarias.
Victoria se matriculó en el colegio El Tablero en el curso de Infantil de cuatro años y, en sus dos primeros cursos escolares, estuvo en un aula convencional, avanzando con el resto de sus compañeros y participando de las actividades comunes y de los cumpleaños hasta el punto que la niña «se sentía plenamente incluida», en palabras de su madre, Carolina Buriticá.
La mujer ha comparecido este martes arropada por la Asociación Down Las Palmas y por la federación de familias de alumnos de Gran Canaria, la FAPA Galdós.
Los problemas llegaron en el tercer curso de la niña en el centro: la dirección ofreció a la familia que repitiera la etapa de cinco años para reforzar su aprendizaje, ya que sufre una pérdida auditiva del 50 % y todavía tenía alguna dificultad en el lenguaje, pero en ese año todo lo que había sido positivo se tornó en comentarios negativos sobre su marcha en clase.
Hasta el punto que, ha explicado la madre de Victoria, se planteó que la echaran del centro, ya no solo de su clase, a lo que ella se negó, por lo que tuvo que intervenir la Inspección Educativa, que abogó por abrir la vía del aula Enclave, comprometiéndose el centro a que la niña participaría en las actividades inclusivas con quienes habían sido sus compañeros hasta ese momento.
«Esto, desde luego, no pasó.
Empezó el año y mi hija pasó prácticamente dos meses sin pisar un pie en el aula ordinaria y, por supuesto, sus compañeros preguntaban por ella», ha criticado Carolina Buriticá, quien ha agregado que en el aula Enclave la niña estaba con niños que no tenían su misma edad ni compartía sus características, ya que ella era la única con síndrome de Down.
«La madre loca del centro»Por todo ello, y al sentirse «engañada» por el centro, Buriticá comenzó a plantear reclamaciones por los derechos de la niña y a exigir que se cumpliera con los compromisos que se habían asumido, lo que la convirtió «en la mamá loca del centro», que no se quedó callada «ante todas las arbitrariedades que se estaban cometiendo».
Ese enfrentamiento con la dirección del colegio, que hace unos años saltó a los medios por impedir a un niño con autismo acudir al viaje de fin de curso con el resto de compañeros -decisión de la que tuvo que retractarse-, ha ido creciendo desde entonces hasta el punto que la familia ha tomado la decisión de cambiar a Victoria del centro después de que les comunicaran a inicios del presente curso que la niña volvería a ser cambiada a otra aula Enclave.
Y en esta nueva etapa, ha recriminado Carolina Buriticá, se han vuelto a encontrar con un muro en contra: desde la Consejería de Educación se les ha negado esta posibilidad.
«No hemos mandado a la niña al colegio este año porque no queremos mandarla ahí», ha expresado para después añadir que no entienden «cómo la Consejería no nos ha permitido este cambio y tampoco nos ha ofrecido otras opciones», denegando cada uno de los recursos justificativos que han presentado.
Por todo esto, la familia de Victoria ha decidido acudir hasta los tribunales, en un caso que les lleva el abogado Juan Rodríguez Zapatero que ha representado el caso de Rubén Calleja, que llegó hasta las Naciones Unidas donde se terminó condenando a España por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.
Mientras, han tenido que pagar lecciones de apoyo y Victoria está aprendiendo a leer, sumar y restar en casa gracias a la implicación de su madre: «Todo a lo que se ha negado el centro, lo estamos dando en casa y con esas clases de apoyo».
Este curso la niña lo tiene ya perdido, ha asumido su madre, pero espera que las medidas cautelares que solicitaron a finales de febrero en los juzgados terminen siendo aceptadas y pueda reincorporarse al aula convencional en el que quieren que esté.
Un sistema reacio y con retrocesosEn la rueda de prensa, la presidenta de la federación de familias de alumnos FAPA Galdós, Marián Álvarez, ha censurado que el sistema canario es «reacio» a la educación inclusiva y que «los docentes, inspectores y políticos son contrarios» a esta modalidad que exige la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que suscribió España.
«Los alumnos no tienen que ser segregados en otro tipo de aulas», ha especificado Álvarez, quien ha recordado que un aula Enclave «es un centro de Educación Especial», ya que comparte el mismo currículo académico que impide a su alumnado titularse.
Por su parte, el gerente de la asociación Down Las Palmas, Ángel Sosa, ha apuntado que han detectado «un retroceso, problemas en todo el sistema educativo» respecto a estudiantes que padecen este síndrome, y que es algo generalizado en todo el país.
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