Las Palmas de Gran Canaria, 6 jul (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha pedido este lunes al Ejecutivo central la restitución de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para las personas venezolanas afectadas por la catástrofe sísmica registrada en junio en Venezuela, tras dejar de aplicarse con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha remitido su petición en una carta destinada a los titulares de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.
La solicitud se ha acordado después de la reunión que mantuvieron la consejera y el director general de Emigración, José Téllez, con la presidenta de la asociación Solidaridad Venezuela, Marcela Maspero, y otros miembros del colectivo, ha informado el Ejecutivo canario en un comunicado.
El documento plantea que el terremoto constituye un hecho nuevo y sobrevenido que altera de forma sustancial las circunstancias existentes cuando, el pasado 12 de junio, dejó de aplicarse este mecanismo de protección tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería.
El texto recoge que la Consejería entiende que la emergencia provocada por esta catástrofe natural presenta una naturaleza distinta de la crisis sociopolítica que motivó la aplicación de esta autorización desde 2018.
En consecuencia, considera que «queda desvirtuada la premisa de normalización de la situación venezolana que sustentó la supresión de este mecanismo», al concurrir ahora una situación excepcional que genera, por sí misma, necesidades de protección humanitaria.
«La crisis que hoy motiva esta solicitud no responde a la situación política de Venezuela, sino a una catástrofe natural de enorme magnitud que genera necesidades de protección por sí misma, con independencia del contexto político del país», afirma el documento.
En la carta se recuerda que el seísmo del pasado 24 de junio ha provocado víctimas mortales, miles de personas heridas y desaparecidas, graves daños estructurales y la afectación de infraestructuras críticas, dando lugar a una emergencia humanitaria que ha requerido un amplio despliegue de ayuda internacional.
Asimismo, destaca que la restitución de esta autorización de residencia temporal cuenta con cobertura en el ordenamiento jurídico español.
En este sentido, recuerda que los artículos 37.
b) y 46.
3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, continúan contemplando la posibilidad de conceder autorizaciones por razones humanitarias, por lo que la recuperación de este mecanismo no exige una modificación legislativa, sino una decisión del Gobierno de España para reactivar una figura prevista en nuestro derecho interno.
La consejera considera que esta medida «es plenamente compatible» con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya que este armoniza las figuras de asilo y protección subsidiaria en el ámbito europeo, pero no impide que los Estados miembros mantengan o activen mecanismos nacionales de protección humanitaria ante circunstancias excepcionales como las derivadas de una catástrofe natural.
El propósito de esta petición es ofrecer «una respuesta jurídica viable, proporcionada y acorde con los principios de solidaridad, protección de los derechos humanos y atención a las personas especialmente vulnerables», concluye en el comunicado el Gobierno canario.
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