Santa Cruz de Tenerife, 8 jul (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el «caso mascarillas», que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional (formado entonces por PSOE, NC, ASG y Sí Podemos), y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.
CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, NC y ASG, que se han ausentado del pleno, tras expresar su rechazo a un dictamen que consideran que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su «fortaleza electoral».
El debate se ha celebrado en un pleno semivacío por la ausencia de la oposición y la votación ha dividido a los grupos que apoyan al actual Gobierno de Canarias, ya que CC, PP y AHI han apoyado el dictamen, mientras que ASG, que formó parte del anterior Ejecutivo y también de este, se ha unido a PSOE y Nueva Canarias en un voto particular.
En la votación solo estuvieron presentes los diputados que apoyaban el dictamen, de manera que el pleno lo aprobó, con el quórum justo, por 36 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.
El voto particular se rechazó con 36 votos en contra, ninguno a favor y ninguna abstención.
El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta «de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad», según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.
El «caso mascarillas» en Canarias partió de la adjudicación en mayo de 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la compraventa de coches, de un contrato de 4 millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, las cuales no fueron entregadas, pero sí abonadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS).
En la investigación judicial están imputados el empresario, por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, el entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.
La comisión parlamentaria amplió el foco más allá del contrato de RR7 y examinó también otros contratos sanitarios de la pandemia relacionados en las informaciones con la trama del «caso Koldo», como los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión por más de 12 millones de euros y los contratos de test de coronavirus por 5,3 millones de euros a Eurofins Megalab.
En su intervención, la representante de CC, Vidina Espino, ha acusado a Torres de ignorar las advertencias de los funcionarios, de comprometer millones de euros en todas estas operaciones y de ocultar su verdadera implicación política.
El diputado del PP, Fernando Enseñat, ha afirmado que Torres de colaboró activamente para abrir las puertas de Canarias a una organización criminal y lo ha vinculado con «el mayor número de presuntos casos de corrupción institucional de la historia de Canarias», por lo que ha exigido su inmediata dimisión.
Nicasio Galván, de Vox, ha sostenido que Torres estaba relacionado con una organización criminal perfectamente estructurada, orientada a la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, por lo que ha recomendado a CC y PP que no pacten con esta «mafia» ni con esta «gentuza», en referencia al PSOE.
La diputada del PSOE, Nira Fierro, ha acusado a los tres grupos proponentes de montar un «circo político» de bulos y conclusiones predeterminadas para satisfacer sus «urgencias electorales», puesto que se ha acreditado que solo hubo un contrato fallido de entre 1.
400 expedientes, en un contexto de emergencia sanitaria, y que el Gobierno de Canarias hizo todo lo posible por recuperar los fondos.
Esther González, de Nueva Canarias, también ha considerado que el dictamen es una construcción política diseñada de antemano contra Ángel Víctor Torres, ha señalado que el expediente de RR7 fue tramitado exclusivamente en el SCS y no en el Consejo de Gobierno y ha recordado que desde antes de constituir la comisión de investigación CC y PP ya se referían al «caso mascarillas» como «caso Torres».
Jesús Ramos Chinea, de ASG, ha coincidido con PSOE y NC en que el dictamen aprobado por de sus compañeros de Gobierno y Vox construye un relato político sin pruebas, basado en sospechas e interpretaciones parciales y ajeno a cualquier investigación rigurosa, a la vez que ha considerado injusto «juzgar aquellas decisiones extremas con la serenidad del año 2026» y ha subrayado que el Gobierno siguió los procedimientos legales para resolver el contrato con RR7 y recuperar los fondos.
EFEacp/spf(foto)
