Santa Cruz de Tenerife, 13 jul (EFE).
– El Parlamento autonómico ha dado este lunes luz verde en comisión a la nueva ley que regulará la Radiotelevisión Canaria antes de su aprobación definitiva en el próximo pleno, un debate que avanza con acuerdos parciales pero sin consenso.
Los grupos del Gobierno consideran positivo que con la nueva norma ya no se pueda bloquear la designación de los órganos de dirección, pero la oposición coincide en que se consolida una dependencia política directa del ente por parte del ejecutivo y se debilita el control parlamentario y profesional.
La diputada de CC Vidina Espino ha afirmado que la reforma nace para impedir que Radiotelevisión Canaria vuelva a quedar paralizada por bloqueos institucionales y para prestar un servicio público de mayor calidad, aunque Nira Fierro, del PSOE, ha denunciado que se mantiene un modelo excesivamente concentrado en la figura del director general y con un menor control parlamentario.
No obstante, los grupos, excepto Vox, han coincidido en que a lo largo del trámite parlamentario se han mejorado algunos aspectos del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la denominación oficial del texto remitido por el Gobierno.
En concreto, la socialista Nira Fierro, del PSOE, y la diputada de NC-BC Carmen Hernández reconocieron mejoras en la prohibición de la externalización de los servicios informativos, que tendrán un mínimo de 1.
600 horas anuales, la mejora de la situación laboral de la plantilla y en la mayor protección de laRadio Pública Canaria.
Pero a la vez denunciaron que se mantiene la excesiva concentración de poder en el director general, propuesto directamente por el Gobierno y ratificado por mayoría absoluta en el Parlamento.
También se reducen los mecanismos de control parlamentario y las competencias del Consejo Rector, mientras que desaparecen los consejos de informativos y la obligatoriedad del mandato marco.
La diputada de Coalición Canaria Vidina Espino sostuvo que la reforma nace para impedir que Radiotelevisión Canaria vuelva a quedar paralizada por bloqueos institucionales y afirmó que se mantiene la elección parlamentaria de la Junta de Control, pero si no hay acuerdo entre los grupos podrá nombrarse con mayoría absoluta.
Espino destacó el blindaje de los servicios informativos, la garantía de un mínimo de 1.
600 horas anuales de producción propia, la consolidación laboral de los trabajadores, el fortalecimiento de la radio pública, la creación de un Comité Profesional y la incorporación de un código deontológico.
Todo ello garantiza que la ley no solo no reduce la independencia del ente, sino que elimina los obstáculos que habían impedido su funcionamiento durante más de una década, ha subrayado.
El diputado del PP Carlos Ester coincidió con Espino en que la ley pone fin al bloqueo institucional de la etapa anterior y refuerza la independencia de los servicios informativos, y destacó que durante la ponencia se han incorporaron numerosas enmiendas de la oposición y aportaciones realizadas por los trabajadores y sus representantes.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández criticó la concentración de poder en el director general, la reducción de los mecanismos de control parlamentario, la rebaja de las mayorías para elegir los órganos de gobierno y la desaparición de los consejos informativos.
Paula Jover, de Vox consideró que la norma aumenta el control político sobre Radiotelevisión Canaria, incorpora postulados ideológicos como la perspectiva de género o el nacionalismo, reduce el control parlamentario, crea nuevos órganos que podrían favorecer la designación de personas afines a los partidos y mantiene la falta de pluralidad informativa en los medios públicos.
Para la diputada de ASG Melodie Mendoza, la nueva ley fortalece la estabilidad institucional de Radiotelevisión Canaria, evita bloqueos y permite unos servicios informativos sólidos, rigurosos e independientes.
Raúl Acosta, de AHI, defendió que la tramitación parlamentaria permitió incorporar muchas de las reivindicaciones de los trabajadores, así como el blindaje de los informativos y garantías para la radio pública.
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