Santa Cruz de Tenerife, 6 may (EFE).
– Incrementar la financiación del actual 0,9% hasta al 3 por ciento del PIB de la comunidad autónoma en 2030, es la previsión que se plantea en la nueva ley canaria de la Ciencia, eso sí, teniendo en cuenta el «contexto» socioeconómico del momento.
Así lo ha explicado este martes la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, en la presentación del anteproyecto antes de su entrada en el Parlamento regional para su tramitación definitiva, que espera sea ágil, pues entiende que el texto no da mucho pie a la controversia.
Machín y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han felicitado por impulsar una ley que plasma la «apuesta decidida» del ejecutivo canario por la ciencia y el conocimiento.
Ambos han recalcado asimismo que el anteproyecto ha sido sometido a un «amplio proceso participativo» e incluye las aportaciones de las universidades, los institutos y los clúster de investigación.
Fernando Clavijo ha recalcado que uno de los objetivos de la nueva ley de Ciencia, que actualizará la vigente, que data de 2001, es dotar de «seguridad jurídica» a las iniciativas relacionadas con el conocimiento, pues las empresas canarias por lo general no tienen dimensión ni capacidad económica suficiente para mantener departamentos de investigación propios.
La futura ley, ha abundado el presidente, será «esencial» para establecer lazos de colaboración público-privadas y que haya una verdadera «transferencia del conocimiento» de las universidades y los centros de investigación a las empresas.
Migdalia Machín ha desgranado los ejes de la nueva ley de Ciencia, que lo que pretende es adaptarse al marco jurídico y a la «nueva realidad del ecosistema» de la I+D+i.
De entre ellos ha destacado dos: la aplicación del tipo 0 del IGIC para proyectos de investigación, y la simplificación administrativa para luchar contra la «maraña burocrática», uno de los principales muros con los que se topan este tipo de iniciativas en las islas, y es que los permisos tardan una media de tres años en concederse.
Los otros ejes de la futura ley son los de igualdad de género; la mejora de los órganos de gobernanza, incluida la creación de un comité de ética; el establecimiento de un sistema canario de ciencia, tecnología e innovación; y el impulso de un plan canario de I+D+i.
La nueva ley contiene un apartado específico sobre la inteligencia artificial y establece un periodo de seis meses para elaborar un reglamento sobre la misma.
La consejera ha hecho hincapié en que esta ley es «abierta» y que «no es del Gobierno» de Canarias sino «del ecosistema» canario de la I+D+i.
Por eso, ha abogado porque el trabajo de tramitación del texto en el Parlamento de Canarias sea «sosegado» y vaya «a la velocidad que quieran darle» los grupos representados en la Cámara regional.
Sobre esta cuestión, Fernando Clavijo ha deseado que «cuanto más pronto» se haga este trabajo y se pueda aprobar la ley, «mejor».
Según destacó el Gobierno de Canarias el pasado abril cuando aprobó en consejo de gobierno el anteproyecto, la nueva norma otorga prioridad administrativa a los procedimientos vinculados a la I+D+i, establece órganos de coordinación y asesoramiento científico, y crea un entorno más estable para la contratación y la carrera investigadora, «clave para atraer y retener personal cualificado en el ecosistema de innovación de las islas».
Además, la ley sienta las bases para el desarrollo del Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación, que permitirá articular programas específicos de fomento de la investigación, digitalización empresarial y apoyo al emprendimiento científico en sectores estratégicos.
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