Santa Cruz De Tenerife, 7 may (EFE).
– La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha afirmado este miércoles que se está iniciando el camino para «una reforma profunda» de la administración canaria en la que no caben cabildos y ayuntamientos de primera y segunda, ni oposiciones basadas en «vomitar un temario».
La titular de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha informado en el Parlamento regional, a petición de la diputada de NC-BC Carmen Hernández, sobre las líneas prioritarias para la nueva ley sobre el sector público autonómico, respecto a lo que todos los grupos han estado de acuerdo en la necesidad de actualización.
Nieves Lady Barreto ha indicado que la Administración está «desactualizada» respecto a la realidad de Canarias pues se rige por una ley del sector público de hace 35 años, mientras que la ley de función pública tiene casi 40.
Por ello en diciembre se impulsó la iniciativa para modificar la ley del sector público y el 10 de febrero se inició el período de consulta pública, en el que no se recibieron alegaciones, y se ha constituido un grupo de trabajo para estudiar la situación en otras comunidades y redactar el borrador preliminar.
La consejera confía en que el borrador esté listo en la próxima reunión del grupo de trabajo, el 12 de mayo, para poder iniciar las consultas con cabildos y ayuntamientos y tener un texto listo para que entre en el Parlamento en plazo.
No estará todo hecho en una legislatura y quedarán cosas por hacer, pero el camino tiene que quedar iniciado, ha precisado Nieves Lady Barreto, quien ha enfatizado que la administración tiene que ser un reflejo real de la Canarias actual y estar «muy pegada a lo que somos».
Por ello hay que trabajar para homogeneizar procedimientos y mecanismos, introducir sistemas de evaluación del desempeño, premiar e incentivar al funcionario que lo haga bien y no premiar la capacidad memorística en las oposiciones, además de regular los órganos colegiados, la relación de la administración pública con las entidades privadas e introducir la planificación y la evaluación, ha especificado Barreto.
Para Carmen Hernández, la ciudadanía percibe que el reloj de la administración se paró en el siglo XIX mientras el resto del mundo se ha digitalizado y ha hablado del desafío y la obligación política y moral de fortalecer la democracia, por lo que la prueba del algodón, ha afirmado, será ver si el Gobierno no aplica «el rodillo» y se abre al debate y al consenso.
Gustavo Santana, del grupo Socialista, ha expresado sus dudas por cuanto quedan dos años de legislatura y ha pedido un consenso «amplio» que incluya a los agentes sociales para que la tarea resulte lo más eficiente posible y se avance también en los derechos de los empleados públicos.
Por el grupo Nacionalista Canario Jana González ha indicado que en la reforma del sector público hay que tener en cuenta las singularidades del archipiélago, pues hay islas en las que no está presente el Gobierno de Canarias de forma física y toda la ciudadanía debe tener acceso de primera mano a sus instituciones.
Para la diputada popular Mónica Muñoz la reforma no debe quedar en un documento técnico sino en una hoja de ruta ambiciosa que marque un punto de inflexión con cinco prioridades: la reordenación institucional para acabar con la dispersión, la duplicidad y la opacidad entre entes, la profesionalización del empleo público, la transparencia real, la digitalización profunda y efectiva y la colaboración público-privada sin que la segunda sustituya a la acción pública.
Paula Jover, de Vox, ha considerado un gran acierto que el Ejecutivo regional haya asumido el desafío de modernizar una ley «desfasada y vaciada» de contenido y ha pedido que no se haga con prisas y que se incorporen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la integridad, la transparencia y la evaluación de las políticas públicas.
El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha considerado fundamental que esta modernización se refleje también en las islas no capitalinas acompañada de un proceso de digitalización integral para reducir tiempos, simplificar trámites y reducir desplazamientos innecesarios.
Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, ha subrayado que es un reto empezar a sentar las bases de los cambios que hay que afrontar en este ámbito y que, en su opinión, debe ser una cuestión técnica y de consenso y no política o ideológica.
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