Madrid, 16 jul (EFE).
– La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves la aprobación por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del reparto de 35 millones entre las comunidades autónomas para acoger a la infancia migrante no acompañada, de los que cuatro millones corresponden a Canarias.
El Consejo de Ministros aprobó la medida este martes y estableció que, debido a su situación geográfica, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla «se ven afectadas por una mayor presión migratoria», por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.
Rego ha asegurado en declaraciones tras la reunión que esta distribución se atiene a cuestiones «absolutamente objetivas», asociadas al volumen de personas que han llegado a cada comunidad.
Para fijar las cantidades a transferir a estos territorios, el Gobierno ha tenido en cuenta la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida, en concreto su capacidad y el número de menores migrantes no acompañados.
La mayor cuantía corresponde así a Ceuta, con 5.
500.
000, seguida de Andalucía, 4.
038.
476; Canarias y Melilla, con 4.
000.
000 cada una; Cataluña, 3.
650.
068; y la Comunidad de Madrid, 3.
630.
768.
Rego ha afirmado que seguirán trabajando con políticas de financiación autonómica, pero que dos factores son fundamentales: «Respetar y proteger los derechos de niños y niñas independientemente del origen» y «reforzar el sistema público de cuidados y servicios públicos».
La Comunidad de Madrid vota a favor, pero pide más dineroLa ministra criticó al Partido Popular por la solicitud de más financiación y subrayó que la política de infancia «nunca es una prioridad» en las comunidades autónomas de este partido.
Sin embargo, votaron la medida favorablemente en prácticamente el conjunto de las autonomías.
La única abstención que ha habido es la de Murcia.
Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado que la financiación es «absolutamente insuficiente».
«El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político», ha afirmado.
La ministra ha comunicado que la Comunidad de Madrid tiene un 30 % menos de niños migrantes no acompañados, pero que están negándose a transferir al Gobierno la información de los menores que están atendiendo en sus sistema de acogida.
Además, Rego ha subrayado la ausencia en la reunión de los consejeros de Vox, correspondientes a las comunidades de Castilla y León, Aragón y Extremadura.
Aun así, desde el ministerio han señalado que era «irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión», pero que «demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia».
Creación de los registros que mandata la leySegún ha informado el Ministerio en un comunicado de prensa, el Gobierno y Comunidades pondrán en marcha el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia (RCIVIA), que aunará datos reportados por el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y las distintas administraciones públicas.
Asimismo, también se creará el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI).
Ambos registros son dos herramientas incluidas en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI), aprobada en 2021 y su finalidad es «recopilar información» que permita «mejorar el diseño de las políticas públicas» y «facilitar la coordinación y cooperación entre las distintas entidades participantes», según el citado comunicado del departamento que dirige Sira Rego.
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