Santa Cruz de Tenerife, 8 may (EFE).
– Representantes de pescadores recreativos y de cofradías de pescadores profesionales han mostrado este miércoles sus discrepancias respecto al uso del litoral canario y, especialmente, sobre la zonificación de la costa y las restricciones que afectan a la pesca submarina.
Durante una comparecencia en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento canario, el portavoz de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables, Héctor de Paz, ha denunciado que llevan tres legislaturas solicitando medidas que no se han adoptado y se ha quejado de que la legislación les ha «quitado el derecho a participar en el 80 % de la costa pese a no basar esa decisión en estudios técnicos previos».
De Paz ha acusado al sector profesional de “adueñarse de los recursos públicos” y ha señalado que sus presiones han impedido también el desarrollo de actividades como la acuicultura, de la energía eólica marina o incluso la pesca en kayak.
“Han presionado, pero los responsables son los políticos que han cedido”, ha sostenido.
Ha aseverado, sin citar sus fuentes, que la pesca recreativa ha generado 400 millones de euros y más de 4.
000 empleos en el archipiélago, y ha lamentado que no se haya incluido esta actividad en la estrategia del Gobierno de Canarias sobre la economía azul o la soberanía alimentaria.
“El mar es de todos y se debe legislar de forma igualitaria”, ha recalcado Héctor de Paz.
Durante su intervención, ha entregado una carpeta con estudios elaborados por universidades públicas y el Instituto Español de Oceanografía que, según ha dicho, demuestran que la pesca submarina no tiene más impacto que otras modalidades, y ha criticado que se prefieran poner en marcha prohibiciones en vez de medidas de sostenibilidad como la fijación de tallas mínimas.
Sobre el intento de crear una mesa de diálogo entre sectores, ha apuntado que “los representantes de la pesca profesional se levantaron de la mesa y se paralizó todo”, y ha matizado que no están en contra del otro sector, pero que “solo en Canarias se dan estas restricciones”.
Durante el turno de los representantes de las cofradías de pescadores, Gabriel Jiménez Cruz ha negado que se levantasen y ha defendido que la actividad profesional ha estado siempre regulada y sujeta a controles estrictos, al contrario que la pesca recreativa, ha apostillado.
“Nos han culpado, pero no podemos ser responsables por ser pescadores profesionales.
Hay que entender el impacto de 100.
000 licencias de pesca recreativa si cada uno captura solo un kilo al mes, por ejemplo”, ha advertido.
Jiménez ha puesto en duda la sostenibilidad del modelo recreativo y ha subrayado que los profesionales cumplen protocolos sanitarios y de trazabilidad que no siguen los pescadores recreativos.
“Nos han exigido controles, pero ¿qué controles siguen ellos?”, se ha preguntado.
David Pavón, también en representación de las cofradías, ha manifestado que su actividad no es ocio, sino “el pan de cada día”, y ha alertado sobre el impacto ecológico de permitir la pesca submarina en toda la costa.
“Se ha dicho que es la modalidad más selectiva, pero eso no la hace sostenible”, ha afirmado.
Ha señalado que especies de reproducción lenta, como el mero o el abade, han desaparecido de los primeros metros de profundidad en zonas con actividad submarina intensiva.
“Donde no se pesca con fusil, el pescado se acerca; donde se hace, huye.
Ese impacto no solo es ambiental, también afecta al turismo de buceo y apnea”, ha argumentado.
Durante la comisión, varios portavoces parlamentarios, que se han posicionado mayoritariamente con los argumentos de los responsables de las cofradías, han negado haber recibido presiones por parte de ningún ‘lobby’, como ha sugerido el portavoz de los pescadores recreativos.
«Los de las tierras raras o energéticas como Repsol sí son lobbys, no esto, eso indica falta de argumentos de peso», ha dicho por ejemplo el diputado de Coalición Canaria Mario Cabrera, que ha agregado que no se pretende quitar «ni un metro» a la pesca recreativa, pero sí que se haga con estudios por islas.
Con él ha estado de acuerdo el diputado del PSOE Manuel Fumero, quien ha recordado la cantidad de controles a los que están sometidos los profesionales y la necesidad de convivencia entre ambos sectores sea posible y dialogada con cesiones por ambas partes.
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