Las Palmas de Gran Canaria, 9 may (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha retirado este viernes su acusación en el ‘caso Fundescan’ por el presunto fraude en el uso de las subvenciones recibidas por UGT en los años 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, tras haber llegado a un acuerdo extrajudicial por el que ha recibido una compensación del sindicato de 430.
000 euros.
En la última sesión del juicio contra los catorce acusados del caso, las otras dos acusaciones particulares que representan a 40 trabajadores de Fundescan también han retirado los cargos, al haber recibido también el pago de 232.
634 euros por parte de UGT, que figura en la causa como responsable civil subsidiario y ha asumido el total de las indemnizaciones acordadas que suman 662.
634 euros.
La Fiscalía, sin embargo, se reafirma en la acusación por tres delitos contra la Hacienda Pública porque considera que esta «conducta de los procesados no puede quedar impune», al tratarse del «despilfarro de dinero de los contribuyentes», si bien ha retirado el delito continuado de estafa, por lo que el tribunal ha absuelto a los tres procesados a los que solo se imputaba estos cargos: Carlos Ucha, Miguel Pérez y Jesús Trancho.
El fiscal Ricardo de Mosteyrin ha pedido al tribunal que tenga en cuenta como atenuantes los 15 años que ha durado el procedimiento a la hora de imponer la condena que reclama de dos años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude, así como la reparación parcial del daño que se ha producido, ya que cifra en 778.
249 euros la responsabilidad civil.
En su informe final, Mosteyrin ha considerado que hay prueba suficiente para condenar a los acusados por haber destinado a un fin distinto el dinero de las subvenciones recibidas para cursos de formación y ha señalado a la secretaria general de UGT entre los años 2005 y 2009, Alicia Rodríguez -que también fue presidenta de Fundescan-, como la «máxima responsable», porque por sus cargos debió de impedir «que se actuara de esa manera».
«Quien mandaba era Alicia Rodríguez», ha enfatizado.
Además, ha señalado al tribunal que el hecho de que se adhiriera al inicio del juicio a la acusación del Gobierno de Canarias, que ahora se ha retirado, no «genera indefensión» a los procesados ni le impide a él ahora defender el escrito presentado en su momento por el Ejecutivo regional, ante la oposición manifestada por los letrados de los acusados, que consideran que «ha quedado vacío».
La abogada de Alicia Rodríguez ha reclamado su absolución y ha señalado al tribunal que no puede ser condenada solo por los puestos que desempeñó en UGT y Fundescan: «Ninguna acusación ha logrado probar hechos delictivos».
Ha argumentado que, de las subvenciones recibidas en 2006, el sindicato devolvió 424.
000 euros al Servicio Canario de Empleo y «no ha quedado acreditado» el fraude que se le imputa.
En cuanto a las referidas a 2008, ha recordado que su defendida ya no ocupaba el cargo de secretaria general cuando se justificaron, y respecto a las de 2009 lo mismo, ha remarcado que ya no estaba, por lo que ha reprochado el hecho de que solo se hable de ella «y no de los que vinieron después».
Así mismo, ha subrayado que los fines de los contratos programas de formación se cumplieron y que, para ello, el sindicato puso todos sus medios y logró formar a 7.
500 trabajadores en 2006 y a una cantidad similar en 2007.
Las subvenciones de este último año también han formado parte de la causa, si bien al no llegar la cantidad defraudada a la cantidad exigida para ser delito se retiró ese delito durante el juicio.
El resto de las defensas también han reclamado la absolución de sus clientes y, en caso de ser condenados, uno de los letrados ha pedido que se tenga en cuenta las dilaciones indebidas muy cualificadas y la reparación del daño.
Entre los argumentos esgrimidos, han señalado que las subvenciones fueron dadas por el Servicio Canario de Empleo a UGT, que contrató el 100 % de la actividad formativa a Fundescan, salvo en el año 2009, y que el sindicato llevó a cabo acciones y justificó los importes que percibieron los trabajadores por difundir los cursos de formación.
También han incidido en que los planes de formación se cumplieron, entre otras cuestiones.
Además, alegan que no se entiende el motivo por el que debe responder Fundescan y «castigar a todos los miembros de su patronato» cuando las subvenciones se dieron a UGT, lo que tampoco implica la responsabilidad implícita de los miembros de la comisión ejecutiva del sindicato en esos años.
Las defensas también han argumentado que las acusaciones de la Fiscalía son genéricas y que no existe una participación individualizada sobre los hechos.
Desde su punto de vista, a «todos los patronos (de Fundescan) los mete en el saco», pero no se puede «imputar de forma colectiva» y los acusados no tenían competencias para justificar las subvenciones recibidas por UGT.
El presidente del tribunal, Emilio Moya, ha adelantado que, en la sentencia, analizarán y responderán a la cuestión planteada por las defensas en relación a que el fiscal no puede seguir con la acusación al haberse retirado el Gobierno de Canarias.
Asimismo, la sala tiene previsto dar a conocer su fallo la próxima semana, en consideración a la duración que ha tenido este procedimiento para los acusados.
De las trece personas que se han sentado en el banquillo en este juicio, la mayoría son antiguos cargos de UGT en Canarias.
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