Santa Cruz de Tenerife, 12 may (EFE).
– El profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid César Martínez, ha propuesto este lunes en comisión parlamentaria establecer un impuesto «muy bajo» sobre las estancias turísticas en el archipiélago canario, de entre 2 y 4 euros.
César Martínez, que ha comparecido en la comisión que estudia la posible modificación de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) ha considerado que se debería reflexionar acerca de establecer ese impuesto porque si los turistas se benefician de los bienes y servicios es de «justicia» que aporten para su mantenimiento.
Otro motivo para establecer ese impuesto es que la recaudación podría ayudar a minimizar o al menos aliviar los costes, y una tercera razón, si bien reconoció que menor, es que implantarlo podría moderar algún tipo específico de turistas que igual «no nos apetece que llegue».
El profesor de Derecho Financiero ha manifestado que el turismo genera gasto añadido, mientras que los ingresos directos que genera son «muy bajos o incluso inexistentes» porque, por lo general, no paga impuestos directos, y la imposición indirecta es baja.
César Martínez se ha referido al turismo como el ‘petróleo canario’ y ha animado a tomar medidas para mejorar tanto su impacto ambiental como social y fiscal, de modo que se deberían evitar actividades dañinas.
En cuanto al impuesto sobre estancias turísticas ha comentado que podría seguirse el modelo de Cataluña y establecer uno regional, bajo, y luego podría haber un recargo que podría ser municipal o insular.
El profesor de Derecho Financiero ha comentado que aumentar el IGIC llevaría a aumentar el precio final, lo que podría hacer ser menos competitivo, y si no se quiere subir el precio el empresario lo interiorizaría con menor beneficio o más bajo gasto de producción (trabajadores y proveedores).
Por contra, un impuesto sobre la estancia turística no afectaría al precio final, ha añadido.
César Martínez ha dicho asimismo que los residentes canarios podrían estar exentos de ese impuestos, ya que, ha comentado, hay casos en Francia, Países Bajos e Italia, y ha apuntado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que no es inconstitucional un trato diferenciado.
Ha agregado que el Parlamento de Canarias debería en este caso demostrar que hay una finalidad objetiva que justifica ese trato diferenciado.
Durante su exposición, el experto ha señalado que habría que vincular los beneficios fiscales del REF para crear empleo, y en cuanto a la desigualdad ha hablado de reducir la personal, la de la renta, y para ello ha planteado que podría pedirse a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que analice el funcionamiento de los beneficios fiscales.
También en el ámbito de la desigualdad se ha referido a la territorial, y ha apuntado que los ayuntamientos más grandes son los que más reciben por habitante, por lo que también ha propuesto que se analice esta situación.
En la comisión también ha comparecido el abogado especialista en Derecho Tributario y Régimen Económico y Fiscal de Canarias Jaime Gutiérrez, quien se ha centrado en la reserva de inversiones de Canarias (RIC), y ha considerado que el suelo agrícola, al menos para determinados cultivos que se quieran incentivar, se podrían incluir en la materialización de la RIC.
Jaime Gutiérrez ha comentado que también se podrían incluir en la reserva de inversiones las aplicaciones informáticas que se hayan creado y desarrollado en las islas, y también en relación con este instrumento, en cuanto a las ayudas de Estado ha estimado que el cómputo se realice, con carácter general, en el momento de la dotación y no en el de la materialización.
Además, ha hablado de la materialización de la RIC en un bien de carácter ganancial, y ha planteado que no haya diferencia sustancial en la aplicación de la reserva de inversiones por parte de una persona física o de una sociedad.
Jaime Gutiérrez ha destacado además que deberían acotarse los plazos de comprobación de la prescripción de la RIC a los ejercicios concretos en los que se realiza.
Otra propuesta ha sido que la deducción por inversiones en África Occidental, creada en 2015 y que «no tiene mucho uso» se podría usar para las empresas que quieren invertir en el continente africano primero lo hagan en una empresa creada en Canarias.
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