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Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha pedido este viernes «máximo diálogo» con el Ejecutivo canario para aplicar el reglamento europeo sobre migración en relación con los menores no acompañados y ha defendido que la comunidad designe representantes en los procesos de triaje realizados en los Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATE).

Pestana ha respondido así a las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien acusó al Estado de dirigir «amenazas veladas» al Ejecutivo regional tras un requerimiento para que nombre representantes de menores en esos procedimientos.

El delegado del Gobierno ha explicado que la solicitud fue remitida a la Dirección General de Protección del Menor del Ejecutivo canario a instancias del Ministerio del Interior y con la conformidad del Ministerio de Juventud e Infancia.

Según ha indicado, la normativa europa exige que durante el triaje de inmigrantes irregulares esté presente «alguien que defienda el interés superior del menor», quien, «por tanto, no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese CATE».

«Ya no está en la responsabilidad de la Delegación el que haya o no haya un defensor del menor en esos centros.

Para nosotros es meridianamente claro que tiene que ser la comunidad autónoma porque tiene esas competencias exclusivas», ha afirmado Pestana.

El delegado ha sostenido que la Delegación del Gobierno lleva diez días solicitando una reunión de coordinación con el Ejecutivo canario y ha lamentado que, en su opinión, se haya optado por trasladar el desacuerdo a los medios de comunicación «intentando buscar un conflicto que no hay».

Pestana ha insistido en «el máximo diálogo» y la «máxima participación» para resolver cuando hay dudas, que, ha señalado, «son más bien de carácter jurídico».

El representante del Gobierno en Canarias ha recordado además que el Ejecutivo canario ha reclamado «durante años» participar en los procesos de identificación de menores migrantes debido a discrepancias detectadas entre la edad declarada y la determinada posteriormente mediante pruebas médicas.

«Eso generaba problemas en los centros de atención de los menores, en la medida en que se tardaban en realizar las pruebas médicas que determinaran exactamente la edad, y resulta que ahora, cuando tienen la posibilidad porque el reglamento europeo así lo así lo dice, pues dicen que son incompetentes en ese tema», ha declarado.

Pestana ha insistido en que seguirán intentando que tenga lugar la reunión, que se fijará con el propósito de «dialogar» y «encontrar una fórmula de acuerdo».

El delegado ha señalado que el reglamento europeo, fruto del pacto de migraciones de la Unión Europea, ya está en vigor y es de directa aplicación, por lo que ha considerado necesario cumplir con la obligación de contar con una figura de defensa del menor en esos procedimientos.

«Ahora mismo, si no tenemos un defensor del menor en el triaje, tenemos un defecto porque no estamos cumpliendo con el reglamento europeo, y por eso nuestro requerimiento a las autoridades autonómicas», ha señalado.

Por ello, ha indicado que este requerimiento también deberá trasladarse a otras comunidades autónomas receptoras de migración irregular y menores no acompañados extranjeros, como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla.

EFEmrgz/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca, promoverá en su tercera edición, que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, promocionará la marcha nórdica, disciplina indicada para personas de todas las edades.

Esta modalidad deportiva, que consiste en andar con bastones que permiten optimizar el esfuerzo físico realizado en el movimiento biomecánico del cuerpo al caminar, será la protagonista de una programación para la que la Federación Canaria de Montaña ha preparado talleres de iniciación, otros guiados para personas con discapacidad visual y distintas pruebas de relevos.

Esta disciplina, presente desde la primera edición de la feria, volverá a convertirse en una de las principales propuestas para fomentar la actividad física entre personas de todas las edades.

Surgió en los países del norte de Europa como método de entrenamiento para esquiadores durante los meses sin nieve y, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una práctica deportiva con importantes beneficios para la salud, destaca la organización del evento en un comunicado.

La técnica de marcha y el uso de los bastones favorecen el trabajo cardiovascular, mejoran la coordinación y reducen el impacto sobre las articulaciones.

Además de contribuir al control del peso, esta modalidad resulta especialmente recomendable para las personas mayores por su ritmo y su marcado componente social, al practicarse habitualmente en grupo, apuntan los promotores de esta feria.

La programación deportiva de ExpoDeca 2026 incluirá prácticas abiertas al público, con monitores especializados, exhibiciones y competiciones oficiales y otras disciplinas, como el fútbol, el bodyboard, la escalada y el pádel.

La oferta deportiva se complementará con la presencia de empresas y marcas vinculadas al sector, que mostrarán al público sus productos y servicios, y con un programa de charlas, encuentros y sesiones divulgativas protagonizadas por especialistas en actividad física, deporte y hábitos de vida saludables.

La participación de universidades y asociaciones volverá a tener un papel destacado en una feria que alcanza su tercera edición tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

ExpoDeca 2026 mantiene como principal objetivo promover la práctica cotidiana del deporte y la actividad física en Canarias, además de fomentar una práctica responsable y saludable.

EFE1011668lbl/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la licitación del proyecto de urbanización de Plaza América, una actuación estratégica que permitirá completar la conexión de la avenida José Mesa y López con el barrio de Guanarteme y mejorar la movilidad.

La actuación, impulsada por el Servicio de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.

564.

493,21 euros, un plazo de ejecución de 12 meses y está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La actuación, elaborada por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), permitirá construir una nueva glorieta en la confluencia de la avenida José Mesa y López con las calles Fernando Guanarteme, El Salvador, Mario César y Habana, configurando un nuevo punto de distribución del tráfico rodado y peatonal en uno de los enclaves con mayor intensidad circulatoria de la ciudad.

Asimismo, culminará la prolongación de la avenida José Mesa y López hasta la calle Cayetana Manrique, completando la conexión de este eje estratégico con el barrio de Guanarteme y mejorando la continuidad de la red viaria.

La intervención incorpora, además, el desarrollo del espacio libre público previsto en el Plan General de Ordenación entre la futura glorieta y la calle Vergara.

La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 15.

000 metros cuadrados, de los que cerca de 4.

000 metros cuadrados estarán destinados a espacios peatonales y alrededor de 2.

000 metros cuadrados a zonas verdes y jardines, mientras que el resto corresponderá a la nueva red viaria.

Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de cerca de 1.

300 metros cuadrados de pavimento fotocatalítico, capaz de contribuir a mejorar la calidad del aire mediante la reducción de gases contaminantes.

Asimismo, el proyecto incorpora sistemas urbanos de drenaje sostenible que favorecerán una gestión más eficiente y natural de las aguas pluviales.

La urbanización también contempla la creación de nuevas zonas ajardinadas concebidas como islas de biodiversidad, con especies vegetales adaptadas al entorno para incrementar la calidad ambiental y favorecer la integración paisajística del espacio público.

En materia de accesibilidad universal, el proyecto incluye itinerarios peatonales adaptados, rebajes de bordillos y pavimentos podotáctiles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y mejorando la seguridad de los desplazamientos.

Como elemento singular de la actuación, el diseño urbano incorporará un pavimento cerámico diferenciado que evocará el recorrido del antiguo barranco que atravesaba este ámbito de la ciudad, recuperando así un elemento de la memoria urbana de Guanarteme.

Las obras también contemplan la instalación de nuevos aparcabicicletas, medidas de calmado del tráfico, la renovación de las redes de alumbrado público, telecomunicaciones, baja tensión, saneamiento y drenaje, así como el asfaltado de los nuevos viales y de aquellos existentes afectados por la intervención.

Con el fin de minimizar las afecciones a la movilidad durante la ejecución de las obras, los trabajos se desarrollarán por fases, garantizando en todo momento la circulación mediante desvíos provisionales debidamente señalizados y coordinados.

EFEas

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adelantado que pedirá que el Ayuntamiento dedique un espacio público al futbolista Yéremy Pino, tras proclamarse campeón del mundo con la selección española de fútbol.

Para el Partido Popular, Pino ha protagonizado uno de los mayores hitos deportivos de la historia reciente de la ciudad al convertirse en el único futbolista natural de Las Palmas de Gran Canaria que ha conquistado un Campeonato del Mundo de fútbol con la selección española absoluta, tal y como ha detallado en un comunicado la portavoz Jimena Delgado.

“Nuestra ciudad tiene el privilegio de contar con un campeón del mundo y creemos que ese logro merece un reconocimiento permanente por parte de toda la ciudadanía» porque es un «orgullo colectivo que debe quedar reflejado en nuestros espacios públicos», ha defendido.

La portavoz popular mostró además su sorpresa porque, días después de la histórica victoria de la selección española, el Ayuntamiento todavía no haya impulsado ningún reconocimiento institucional al futbolista grancanario.

Desde el Partido Popular creen que la conquista del Mundial ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo y se ha convertido en un acontecimiento que ha unido a miles de ciudadanos.

Por ello, los populares consideran que dedicar un espacio público a Yéremy Pino servirá también para «conservar el recuerdo de una de las mayores gestas del deporte español».

Para Delgado, al igual que son recordados quienes han contribuido al desarrollo cultural, científico o social de Las Palmas de Gran Canaria, «debemos reconocer a quienes han llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto del deporte mundial”.

El Partido Popular ha mostrado su confianza en que el gobierno municipal atienda este ruego y que el reconocimiento cuente con el respaldo unánime de toda la Corporación.

“Estamos convencidos de que este homenaje está por encima de cualquier diferencia política.

Yéremy Pino ha hecho historia para España y también para Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora le corresponde a su ciudad devolverle una pequeña parte de todo el orgullo que nos ha hecho sentir”, ha subrayado Delgado.

EFE1011668lbl/as

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado que la corporación haya tenido que asumir 7.

767 euros en intereses de demora, gastos de cobro y costas judiciales por el retraso en el pago de las obras de las fuentes transitables del Parque de Las Rehoyas y del Castillo de la Luz.

Como ha lamentado en un comunicado el portavoz municipal de CC, David Suárez, la gestión del área de Parques y Jardines, dirigida por Gemma Martínez (Unidas Sí Podemos), «vuelve a costarle dinero a todos los vecinos de la ciudad», consecuencia de la ejecución de una sentencia judicial motivada por el pago tardío de las facturas correspondientes a estas actuaciones e incluye 7.

347,24 euros en intereses de demora, 120 euros en costes de cobro y 300 euros en costas judiciales.

Para Suárez, este nuevo episodio “demuestra una forma de gestionar desastrosa”, en un área que además ha visto cómo el principal contrato de gestión de las zonas verdes ha vencido este mandato sin volver a ser licitado.

El portavoz nacionalista ha recordado que Coalición Canaria ya denunció el pasado mes de enero el retraso en la puesta en funcionamiento precisamente de la fuente transitable del Parque de Las Rehoyas.

«Primero fueron los retrasos en la ejecución y en la apertura de la instalación y ahora comprobamos que también hubo retrasos en el pago de las obras, hasta el punto de que el Ayuntamiento ha sido condenado a abonar intereses de demora y costas judiciales», ha apuntado.

Suárez considera la situación es «especialmente grave» porque «no son únicamente los 7.

767 euros, sino la dinámica que refleja este expediente».

Para Suárez, el Ayuntamiento ha «normalizado pagar tarde y mal como vemos cada mes en los expedientes que van al Pleno».

El portavoz de Coalición Canaria recordó que “es positivo que la ciudad siga incorporando nuevos espacios de ocio», pero que «resulta incomprensible» que el gobierno municipal continúe anunciando inversiones, en referencia a la nueva fuente del Parque Trini Burrull en Siete Palmas, “mientras mantiene a numerosas empresas esperando durante meses para cobrar trabajos que ya han realizado para el Ayuntamiento”.

EFE1011668lbl/as

Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).

– La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reforzado el sistema de inspección y control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Para ello, ha reforzado las labores inspectoras de los centros y la puesta en marcha de un nuevo contrato destinado a supervisar la calidad de las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia, indica la Consejería en un comunicado.

Así, se ha adjudicado el contrato de apoyo a las tareas accesorias de inspección de los centros del SAAD a la empresa Creatividad y Tecnología, S.

A.

, por un importe de 144.

450 euros, IGIC incluido, tras obtener la mejor puntuación en el procedimiento de licitación al presentar la oferta con la mejor relación calidad-precio.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, indica que este contrato “permitirá reforzar las actuaciones inspectoras que desarrollamos sobre los centros y recursos del sistema de dependencia, facilitando la comprobación del cumplimiento de la normativa, los estándares de calidad y las condiciones de prestación de los servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia”.

Por su parte, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, destaca que se destinarán casi 300.

000 euros para desarrollar durante los próximos dos años un servicio de asistencia y apoyo al control de calidad de los servicios de ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencia, así como de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS).

“El objetivo es disponer de un sistema de seguimiento que permita evaluar de forma continua la calidad de los servicios financiados por la Comunidad Autónoma, verificando que las prestaciones se ajustan a los requisitos establecidos y que responden a las necesidades de las personas usuarias”, señala Ramírez.

La contratación de estos servicios permitirá incrementar la calidad de los servicios que ofrece el Gobierno de Canarias con el objetivo de que den una respuesta adecuada a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia.

De esta forma, estos contratos permiten aumentar la capacidad técnica de la Administración para realizar inspecciones, evaluar el funcionamiento de los recursos y asegurar que los centros y servicios del SAAD mantienen los niveles de calidad exigidos por la normativa.

EFEas

Santa Cruz De Tenerife, 24 jul (EFE).

– La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha recibido desde el inicio de la legislatura 200 solicitudes para la calificación provisional de 4.

047 viviendas protegidas en el archipiélago.

Este dato consolida el cambio de tendencia experimentado en los últimos años y confirma la reactivación de la promoción de vivienda protegida tras más de una década de escasa actividad, según ha informado este viernes el departamento autonómico en una nota.

La calificación provisional constituye uno de los principales indicadores del impulso de la vivienda protegida, ya que es el trámite que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar su construcción.

Puede ser solicitada por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cooperativas o comunidades de bienes, añade la Consejería.

Añade que la evolución de las solicitudes evidencia este cambio de tendencia, pues en 2021 únicamente se registraron 3 solicitudes para la calificación de 112 viviendas, mientras que en 2022 la cifra descendió a 2 solicitudes para 78 viviendas.

En 2023 se produjo un primer repunte con 14 solicitudes correspondientes a 414 viviendas.

A partir de 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, el crecimiento se aceleró significativamente hasta alcanzar las 200 solicitudes y las 4.

047 viviendas protegidas registradas entre 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, consolidando la recuperación de la promoción de vivienda protegida en el archipiélago.

En 2024 fueron 75 solicitudes para 2.

004 viviendas; en 2025, 95 para 1.

589 inmuebles, y en lo que va de 2026, 30 solicitudes para 454 viviendas.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha explicado que el incremento de las solicitudes responde al conjunto de reformas impulsadas durante la legislatura para favorecer la construcción de vivienda protegida.

Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado dos decretos de vivienda —uno de ellos convertido en ley— que han permitido simplificar la tramitación administrativa, facilitar el desarrollo de suelo, reforzar la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión en este tipo de promociones.

«Nuestro objetivo no era únicamente aprobar nuevas normas, sino conseguir que se construyeran más viviendas.

Las solicitudes de calificación son la mejor prueba de que estamos generando un entorno más atractivo para promover vivienda protegida y que la colaboración entre el sector público y el privado está empezando a traducirse en nuevos proyectos», ha señalado.

El consejero también ha recordado que una de las medidas más relevantes ha sido la actualización del Módulo Básico Canario, adaptándolo a la realidad de los costes de construcción en cada isla.

«Durante muchos años resultaba prácticamente inviable promover vivienda protegida porque los costes no se correspondían con la realidad del mercado.

Corregir esa situación era imprescindible para recuperar la actividad y volver a generar oferta.

Es algo que hemos dialogado con el sector, y lo seguiremos haciendo.

Este año volveremos a actualizarlo para ajustar esta referencia a la realidad de nuestras islas”, ha afirmado.

Asimismo, Rodríguez ha incidido en que la política de vivienda del Ejecutivo se ha orientado a actuar sobre los principales obstáculos que dificultaban el desarrollo de nuevas promociones.

«La falta de suelo disponible, la lentitud administrativa y un marco económico poco atractivo habían frenado durante años la construcción de vivienda protegida.

Con las reformas impulsadas durante esta legislatura estamos cambiando ese escenario y los datos empiezan a reflejar esa transformación», ha incidido Rodríguez.

EFEasd/brr

Santa Cruz de Tenerife, 24 jul (EFE).

– Técnicos de emergencias sanitarias se han concentrado este viernes en todas las islas Canarias para reclamar al Gobierno autonómico que intervenga en el conflicto del transporte sanitario y contribuya a desbloquear la negociación del convenio colectivo, paralizada desde hace meses.

Las movilizaciones, convocadas por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, coinciden con la huelga indefinida que el colectivo mantiene todos los viernes y que afecta al transporte sanitario no urgente, aunque el sindicato asegura que los pacientes no corren riesgos al mantenerse los servicios mínimos, que considera «abusivos».

El responsable de ambulancias de CCOO Canarias, Enrique Espí, ha criticado en declaraciones a EFE que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, «no se ha dignado a oírnos» en una reciente comisión parlamentaria y ha lamentado que abandonara la sala antes de escuchar sus reivindicaciones.

Según ha explicado, posteriormente la consejera les trasladó que esperaba que alcanzaran un acuerdo con las patronales, una respuesta que el sindicato considera insuficiente al tratarse de «un servicio público esencial».

Espí ha denunciado que el Gobierno canario «no actúa» para resolver un conflicto que afecta a unos 2.

500 trabajadores del transporte sanitario en las islas.

Entre las principales reivindicaciones figura la actualización salarial tras una congelación de los sueldos desde 2024, que, según el sindicato, ha supuesto una pérdida del 25 % del poder adquisitivo.

También reclaman una reducción progresiva de la jornada laboral para favorecer la conciliación familiar y mejoras en la retribución del trabajo nocturno, que cifran en 96 céntimos por hora, pese a que muchos profesionales realizan jornadas de hasta 24 horas.

Las concentraciones se han desarrollado en todas las islas y, según CCOO, en Santa Cruz de Tenerife han reunido a unas 150 personas.

El sindicato insiste en reclamar la implicación del Ejecutivo autonómico para facilitar un acuerdo que permita poner fin al conflicto laboral.

EFEbrr/asd

Santa Cruz de Tenerife, 24 jul (EFE).

– Comisiones Obreras ha anunciado este viernes que va a estudiar «acciones jurídicas» contra la ley aprobada en el Parlamento de Canarias que permite la utilización de informes privados en la tramitación de licencias urbanísticas.

Anteriormente esos informes tenían que ser realizados por los servicios municipales, pero a raíz del decreto aprobado en 2025 por el Gobierno de Canarias, convalidado en el Parlamento y aprobado tras ser tramitado como proyecto de ley el miércoles pasado, también pueden ser emitidos también por colegios profesionales o entidades urbanísticas de colaboración.

El objetivo de la nueva norma, según el Gobierno de Canarias, es agilizar la burocracia permitiendo que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, pero para PSOE y NC lo que se hace es privatizar el control urbanístico.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias también considera que ese decreto de abril del año pasado es «un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo» y lamenta que el Parlamento le haya dado luz verde.

Supone una huida del derecho administrativo que traslada funciones sometidas al estatuto de derechos, deberes e incompatibilidades del empleo público a personas y entidades externas sujetas al derecho privado, lo cual pude entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo, según CCOO.

La ley «debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes en un ámbito reservado históricamente a la Administración», argumenta.

El Consejo Consultivo, algunos ayuntamientos y profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo han rechazado esa fórmula, señala el sindicato, porque «subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles en un territorio sometido a una elevada presión urbanística».

CCOO denuncia que los denominados informes técnicos de conformidad podrán ser emitidos en régimen de colaboración por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados y cuando sean favorables no será obligatorio un informe técnico ni una verificación o ratificación pública.

«Este mecanismo desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia directamente vinculada al ejercicio de potestades públicas y a la garantía de la legalidad urbanística», advierte el sindicato.

Para CCOO, las funciones que determinan qué puede construirse, con qué condiciones y de acuerdo con qué usos «no deben convertirse en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad».

La normativa permite que el informe sea solicitado por la persona interesada con un coste entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución del proyecto, lo que deja en situación desigual a la ciudadanía con respecto a los grandes promotores, según CCOO.

El sindicato considera que se utiliza la emergencia habitacional «como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas».

La solución de la vivienda «no pasa por facilitar una vía de pago a los grandes promotores ni por profundizar en la dinámica especulativa del suelo en Canarias», argumenta.

Otra objeción de CCOO es que la normativa supone una intromisión en la autonomía local, al obligar a los ayuntamientos a un acuerdo plenario en el caso de que se decida rechazar un informe urbanístico privado.

La privatización de los informes urbanísticos puede acabar desplazando determinaciones del planeamiento municipal, alterar el régimen de equipamientos, dotaciones, aprovechamientos y usos del suelo, alerta el sindicato.

Denuncia además CCOO que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras lo cual, salvo las excepciones previstas, pasarán a ser viviendas libres.

EFEacp/brr

Puerto del Rosario, 24 jul (EFE).

– El pleno del Ayuntamiento majorero de Pájara ha aprobado por unanimidad el nuevo Plan de Emergencias Municipal, una herramienta fundamental que permitirá responder ante cualquier incidencia que sufran los vecinos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Raimundo Dacosta, ha señalado, en un comunicado, que “el Ayuntamiento de Pájara, como municipio de 20.

000 habitantes, debe contar con un Plan de Seguridad propio”.

El primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, ha destacado esta nueva medida que atenderá a cualquier gestión de emergencia del municipio y ha insistido en que “estar coordinados con las diferentes fuerzas de seguridad es fundamental para un municipio como el nuestro”.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Jorge, ha explicado que se trata de “una herramienta efectiva para que el Consistorio, con sus propios recursos, pueda responder ante cualquier emergencia que sufra nuestro municipio”.

Con este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, velando por el amparo y resguardo de la población, indica la nota.

EFE1011279evs/as