Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).
– La Audiencia de Las Palmas ha rechazado el recurso del empresario valenciano Vicente Boluda contra la decisión del juez que lo investiga por un delito de denuncia falsa de dar por terminada la instrucción del caso, lo que le deja a un paso de ser juzgado por la querella que presentó contra varios responsables y funcionarios de Puertos del Estado.
El fondo del asunto se remonta a 2020, cuando el naviero se querelló contra el presidente de Puertos del Estado entre 2012 y 2018, José Llorca, y altos cargos y funcionarios de la entidad pública por el permiso que se concedió para operar en los puertos de Las Palmas a Odiel Towage, una empresa de remolcadores competidora de la suya.
El empresario valenciano acusaba a Llorca y al resto de querellados de delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y malversación porque entendía que habían cometido una serie de irregularidades que perjudicaban a su compañía y ponían en riesgo la seguridad marítima, pero su querella fue archivada.
Entre los señalados por esa acusación fallida figura José Antonio Morillo, un abogado del Estado que en aquel momento trabajaba como jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, que se sintió perjudicado profesionalmente por las imputaciones de Boluda y que ahora está a punto de sentar en el banquillo al naviero valenciano, contra el que se ha querellado a título particular.
En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia confirma la decisión tomada el 2 de septiembre de 2024 por el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la existencia de indicios de denuncia falsa contra Vicente Boluda y acordó la formación del procedimiento abreviado: es decir, el fin de la instrucción, para que las partes soliciten juicio o sobreseimiento.
El tribunal considera que el instructor ha dado razones suficientes, aunque sean escuetas, de por qué aprecia indicios de delito de denuncia falsa contra Vicente Boluda suficientes para dar por concluida la instrucción del caso.
Sin embargo, también fija un límite al caso: si se llega a juicio, solo se podrán examinar las acusaciones que el naviero formuló en su querella contra Morillo, pero no las que dirigió contra Llorca, contra el entonces director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o contra otras personas, porque ninguna de ellas ha formulado denuncia.
En su recurso contra el auto del juez, Vicente Boluda -que ocupa el número 35 en el ránking de las principales fortunas de España, según Forbes- había intentado alegar que no tenía conocimiento de las afirmaciones recogidas en la querella que el abogado de su empresa interpuso contra esas personas por la licencia de Odiel Towage.
Sin embargo, la Audiencia le contesta que él mismo firmó un poder especial para pleitos penales a favor del letrado que presentó la querella contra los dirigentes y funcionarios de Puertos del Estado.
«Ni es lógico, ni es razonable, por muy grande que sea la empresa que administre, que el investigado se dedique a otorgar poderes para interponer querellas, además como la que nos ocupa, de las que no tiene el más mínimo conocimiento», asegura el tribunal.
Para la Sala, «tampoco parece razonable, a expensas de lo que se pueda explicar, que un letrado o equipo jurídico interponga una querella en los términos de la que da origen a esta causa sin la más mínima información a un poderdante que, no obstante autorizarla, pretende ser ajeno a su planteamiento y que tampoco consta que les haya exigido responsabilidad alguna por haber actuado al margen de sus instrucciones».
Confirmado el fin de la instrucción, el juez deberá ahora dirigirse a las acusaciones y a la defensa para que le indiquen si solicitan la apertura de juicio y formulan cargos o, por el contrario, proponen el sobreseimiento de la causa.
La acusación particular ejercida por José Antonio Morillo, al que representa el letrado Jesús Mandri, ya ha anunciado que pedirá la apertura de juicio.
En caso de que el juez lo conceda, la vista se celebraría en un Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, dadas las penas que corresponden al delito de denuncia falsa.
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