Santa Cruz de Tenerife, 12 may (EFE).
– El decreto ley del Gobierno de Canarias para la agilización de las licencias urbanísticas municipales se tramitará como proyecto de ley una vez convalidado por el pleno del Parlamento, para poder acomodar su contenido a algunas dudas que han expresado los cabildos sobre su contenido.
Con esta normativa, se permitirá que los informes necesarios para obtener licencias urbanísticas para la construcción de viviendas no sean emitidos necesariamente por los técnicos de los ayuntamientos, sino que los promotores puedan presentar informes de terceros elaborados por entidades colaboradoras privadas, en lo que desde el Gobierno de Canarias se denomina «colaboración público-privada».
El objetivo, según ha expuesto ante la comisión de cabildos del Parlamento de Canarias el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, es acortar los plazos para la concesión de estas licencias por parte de los ayuntamientos en un momento en el que hay una «emergencia habitacional».
A la comisión de cabildos del Parlamento, un órgano consultivo que se convoca cuando se tramitan cambios legales que pueden afectar a las administraciones insulares, han asistido este lunes representantes de cinco de las siete corporaciones (han estado ausentes Gran Canaria y La Palma) y tres de ellos, El Hierro, Fuerteventura y Tenerife, han planteado algunas dudas.
Las representantes de CC y PP, Socorro Beato y Luz Reverón, han confirmado que el Parlamento tramitará el decreto como proyecto de ley para introducir algunas modificaciones y mejorar el texto remitido por el Gobierno de Canarias.
«Lo prudente será que se tramite como proyecto de ley ante las dudas expresadas por algunos cabildos», ha reconocido Luz Reverón.
El primero en plantear dudas ha sido el único presidente de cabildo que ha asistido al encuentro en el Parlamento, el titular de la corporación insular del El Hierro, Alpidio Armas.
Ha elogiado el propósito de simplificar la burocracia, pero ha dudado de que se vayan a cumplir los objetivos con el marco normativo propuesto.
Ha lamentado además que no se aborde la rehabilitación de construcciones antiguas ni se considere la modalidad de vivienda aislada con un huerto para cultivo, habitual en El Hierro.
El consejero del Cabildo de Fuerteventura Rayco León Jordán ha expresado reticencias sobre la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben cambios de uso en el suelo que pueden comprometer el futuro de un territorio a nivel insular.
Elena García Meneses, del Cabildo de La Gomera, ha apoyado el decreto, al igual que Jacobo Medina González, de Lanzarote, mientras que Juan José Martínez, del Cabildo de Tenerife también lo ha hecho, pero ha puesto una objeción: que los ayuntamientos puedan finalmente imponer su informe técnico para la concesión de licencias por encima del informe aportado por los particulares y frenar así el desarrollo de proyectos.
En la presentación del decreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha indicado que la posibilidad de que los informes técnicos para obtener licencias sean realizados desde fuera de las oficinas técnicas municipales no es el único aspecto relevante de esta normativa.
Ha destacado además la relevancia por la regulación de la denominada «vivienda asequible incentivada», que se sitúa a medio camino entre la vivienda libre y la vivienda protegida, diseñada para fomentar la construcción de viviendas que luego el promotor debe ofrecer en alquiler asequible durante un periodo de diez años.
Se atiende a así a familias que por su situación económica no pueden acceder ni a una vivienda protegida pública ni al mercado libre, ha explicado el consejero.
Otro eje del decreto es incentivar la construcción de vivienda protegida mediante la transformación de suelo terciario en suelo residencial, así como facilitando la terminación de urbanizaciones que quedaron sin terminar.
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