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Santa Cruz De Tenerife, 27 jul (EFE).

– La compañía TITSA incorporará mañana guaguas de dos pisos para reforzar la línea 100 y 108, que enlazan Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos con la capital tinerfeña, dos rutas que mueven unos dos millones de pasajeros al año, según ha informado este lunes el Cabildo de Tenerife.

A la presentación de estos vehículos han asistido este lunes la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y los alcaldes de La Orotava e Icod de los Vinos, Francisco Linares y Javier Sierra, respectivamente, en un acto donde se informó de que estas líneas son utilizadas preferentemente por usuarios residentes en la isla.

En concreto Rosa Dávila explicó que el 90% de las personas que utilizan estas rutas vive en Tenerife, y en el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%.

Gracias a la doble altura, la capacidad aumenta un 44% al pasar de 59 a 85 butacas por vehículo, lo que implica ofrecer miles de plazas adicionales al año en estas rutas, añade la corporación insular.

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que esta semana se prevé la llegada de otras tres guaguas de doble piso y el Cabildo ya ha adjudicado la compra de otras cinco que llegarán en 2027.

Estos nuevos modelos prestan servicio también en la autopista del sur (TF-1), concretamente en las líneas directas 110 y 112, que unen Santa Cruz con Costa Adeje y Los Cristianos, respectivamente.

García destacó que los vehículos han sido fabricados de forma «artesanal» para adaptarse a las características de Tenerife y las necesidades del servicio.

Además, señaló que cuentan con tecnología de última generación para garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor.

Entre estos equipos, destaca el sistema de arranque con control de alcoholemia (Alcolock), un sistema de aviso por abandono de carril o de detección en ángulo muerto que avisa al conductor o conductora si detecta la presencia de una bicicleta, peatón u otro elemento en una zona de riesgo.

También disponen de cámaras digitales que sustituyen los retrovisores convencionales y siete cámaras de videovigilancia en el interior, cuatro en la planta inferior y tres en la superior.

La entrada en servicio de las guaguas de doble piso forma parte del proceso de renovación integral de la flota que impulsa el Cabildo de Tenerife pues, en apenas tres años, se han incorporado 351 nuevos vehículos, lo que sitúa a TITSA entre las flotas más modernas de España, con una antigüedad media cercana a los tres años.

La renovación continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de finalizar el año y de 25 nuevas unidades en 2027 destinadas a trayectos interurbanos.

Cinco de ellas serán también de doble piso, lo que permitirá elevar hasta 18 el número de estos vehículos.

La inversión realizada por el Cabildo de Tenerife supera los 125 millones de euros y ha permitido reducir en más de un 7 % las emisiones de la flota de TITSA.

Esta modernización coincide, además, con el mejor momento del transporte público en la isla, que superó los 87 millones de viajeros en el último año, el mayor registro de su historia.

EFEasd/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).

– El Gobierno de Canarias (CC, PP y Agrupación Herreña) respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos «razonables que no perjudican a otras comunidades» y que reportarán 1.

300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Así lo ha anunciado su presidente, Fernando Clavijo, tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, con quienes ha acordado, además, el adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria, a la que CC ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez.

Clavijo ha valorado, sobre todo, que por primera vez va a quedar plasmado por escrito que, al calcular los recursos que Canarias recibe del sistema de financiación, no se computarán los que le llegan por su Régimen Económico y Fiscal (REF) para compensar su condición insular y la lejanía del continente, algo que de forma recurrente ha tenido que defender cada vez que se reforma el modelo.

«El REF compensa nuestras desigualdades, pero no financia la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Por primera vez en la historia, queda por escrito que eso está fuera del sistema de financiación», ha explicado el presidente.

Además, ha subrayado que Canarias deja de estar peor financiada que la media del resto de autonomías porque el fondo de dinamización «equilibra» lo que no recibe del bloque del sistema de financiación «puro y duro, que es la Ley Orgánica».

El ministro de Hacienda ha valorado que «Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas», unos elementos que ha considerado propios «de una negociación franca» y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear «propuestas que sabían que eran inviables».

«El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades.

Eso es mucho, no ha pedido máximos», ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con «el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado».

En el pacto sobre la nueva financiación autonómica, Canarias y Hacienda también han acordado que queda fuera de ese bloque la partida con la que esta región dejó de compensar al Estado tras la extinción del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y con la que ahora se dota el Fondo de Desarrollo de Canarias.

Clavijo ha valorado igualmente que el Gobierno se haya comprometido a dar a esta comunidad «más margen de maniobra para abordar sus retos futuros, que no son pocos, por tener un endeudamiento por debajo del exigido, en los criterios de estabilidad y superávit», con lo que se hace «justicia con Canarias».

Eso será posible desde que se apruebe el llamado ‘Decreto Canario’, un decreto ley que, entre otras cosas, habilitará a esta comunidad a usar 687 millones de euros durante tres años, según ha precisado el ministro de Hacienda.

Sobre este asunto, el presidente regional y el ministro Ángel Víctor Torres, han dicho que la intención del Gobierno es aprobarlo en Consejo de Ministros, bien el 25 de agosto o el 1 de septiembre, lo que supondrá además que La Palma cuente con la bonificación del 60 % del IRPF para su reconstrucción tras el volcán y que las islas reciban los 100 millones de euros de este año para poder acabar las compensaciones que quedan por abonar a agricultores y otros sectores.

«No todos los territorios de nuestro país son iguales ni tienen las mismas características, ni la misma estructura, ni la misma posición geográfica, y eso lo entendemos desde el Gobierno de España y lo atendemos», ha subrayado el ministro Arcadi España.

«Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan»Respecto al rechazo que ya ha mostrado el PP al modelo de financiación que ha diseñado el Gobierno, España ha dicho que, mientras que «Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan», al tiempo que ha estimado que lo que hay que preguntarse es «cuáles son las razones del no para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieran este modelo, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor que el actual y pone casi 21.

000 millones de euros adicionales» para el conjunto de ellas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha adelantado en esta rueda de prensa que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un adelanto de partidas para Canarias previstas para lo que queda de ejercicio con el fin de facilitar su ejecución a esta Administración.

Entre ellas, ha citado la concesión de una subvención de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, la redacción de una modificación presupuestaria de 23,1 millones de euros para compensar a las islas por las consecuencias de la guerra en Irán, y un acuerdo relacionado con actuaciones en distintas islas para fortalecer el sistema energético.

Además, se dará el visto bueno a otro acuerdo en el que se autoriza la celebración de un contrato de obras del cierre del muelle de ribera del puerto de Granadilla por un valor de 53,9 millones de euros, y otro para otro contrato de un proyecto en el puerto de La Luz y de Las Palmas por 45,3 millones de euros.

Este martes también se abordará el Plan de Pobreza, por el que Canarias recibirá 30 millones de euros, mientras que, tras la aprobación del Decreto Canarias, a finales de agosto o principios de septiembre, se prevé aprobar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que son unos 23 millones de euros en el siguiente Consejo de Ministros.

EFEpcr/jmr(foto)(vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria, 27 jul (EFE).

– El Gobierno de España ha aprobado la concesión de ayudas por valor 108,26 millones a través del programa de Incentivos Regionales a 13 proyectos empresariales que prevén invertir en Canarias 280,8 millones, generarán 847 empleos y ayudarán a mantener 2.

078 trabajos más.

En un comunicado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, destaca que estos incentivos servirán para financiar «proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE».

En el caso de los proyectos aprobados en Canarias, la mayor ayuda se la lleva el grupo turístico Lopesan, que recibirá 49,25 millones de euros para una inversión de 126 millones de euros en el municipio de San Bartolomé de Tirajana que creará 552 empleosA continuación aparece en la lista la tabaquera JT International Canarias, que invertirá 37,50 millones para crear 20 empleos en Santa Cruz de Tenerife.

En su caso, ingresará de los incentivos regionales 13,50 millones.

Le siguen dos inversiones turísticas en el sur de Tenerife: una de 29,50 millones de HG Cristian Park en Arona y otra de 30,51 millones Hoteles Piñero Canarias en Adeje, en ambos casos con 50 puestos de trabajo creados.

La primera recibirá un apoyo estatal de 12,72 millones de euros y la segunda una ayuda de 11,28 millones.

Asimismo, la empresa ATH Bioenergy, que desarrolla fertilizantes de alta calidad a partir de residuos orgánico, recibirá 6,43 millones de euros para un a inversión de 17,38 millones en Granadilla de Abona (Tenerife) que generará cinco empleo.

El resto de proyectos apoyados con este lote de incentivos regionales son inversiones radicadas en Tenerife y Gran Canaria.

EFEjmr/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El Tribunal Supremo ha dado vía libre a la expropiación de terrenos para proceder a la ampliación del aeropuerto de La Palma, tras rechazar el recurso de un afectado que estaba en contra de la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación forzosa para llevar a cabo la franja de la pista en Mazo y Breña Baja.

La respuesta del Supremo es que el Estado ha demostrado la existencia de razones para justificar la tramitación del procedimiento por esta vía al apelar a la seguridad de la infraestructura y que se incumple la normativa europea.

Un propietario recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 2024 por ser “nulo de pleno derecho”, carecer de motivación y no constar en el expediente, lo que imposibilitaba su subsanación.

También alegó falta de motivación para justificar la vía excepcional por el procedimiento de urgente ocupación y de hecho recuerda que tardó siete años en declararse y tres en ser tramitado.

En su momento el Gobierno central detectó un “defecto” en la operativa del aeropuerto por lo que en diciembre de 2017 se estableció la condición de adaptarlo a los requisitos del reglamento europeo para lo que era necesario ampliar la pista.

El abogado recurrente apunta que hasta el momento las instalaciones han estado totalmente operativas, que la urgencia debe justificarse como procedimiento excepcional, y pregunta por qué no se puede demorar la ampliación y hacerlo por los trámites ordinarios.

La respuesta del Supremo es que la motivación se contiene en el propio acto administrativo, aunque otra cuestión es que la afectada no la comparta y apunta que el acuerdo del Consejo de Ministros está incluido en la resolución y obra en el expediente.

En la ley de expropiaciones se recoge que excepcionalmente este órgano puede declarar la urgente ocupación de los bienes con un fin determinado, incluida su retención de crédito y pago del justiprecio.

En el sumario se recoge que parte de los 90.

000 metros cuadrados que se quieren ocupar están fuera de la delimitación del aeropuerto y el resto ya están incluidos en el sistema general aeroportuario, en el plan director vigente.

En su momento se comprobó que entre las fincas a expropiar no hay ninguna de titularidad pública y que por lo tanto debería haber sido excluida del expediente.

EFEnra/spf1012088

Santa Cruz De Tenerife, 27 jul (EFE).

– Los sindicatos médicos CESM, SEMCA y AME han rechazado la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias al considerarla insuficiente para dar respuesta a sus reivindicaciones estructurales y han propuesto un nuevo marco de negociación específico para resolver el conflicto en este ámbito.

Asimismo, en un comunicado conjunto difundido ese lunes, CESM Canarias, SEMCA y AME han anunciado que no participarán en futuras reuniones de negociación junto a organizaciones sindicales que no defienden un ámbito propio de negociación para la profesión médica.

Por ello han reafirmado la unidad de acción entre estas organizaciones y han advertido que el conflicto no se resolverá mediante anuncios o acuerdos de imagen, sino con propuestas que afronten los problemas estructurales de la profesión médica.

Afirman que la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias está muy lejos de resolver el contencioso porque se centra en medidas de alcance limitado, mientras deja sin respuesta las reivindicaciones estructurales que han dado origen al conflicto.

Entre ellas citan un marco propio de negociación para la profesión médica, una retribución y descanso adecuados de las guardias, el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada (MIR) para la carrera profesional y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los facultativos.

Añaden también que la Administración no puede pretender dar por encauzado el conflicto médico escenificando un consenso con UGT, una organización sindical ajena a la profesión médica que no comparte las reivindicaciones que han sostenido los sindicatos profesionales médicos durante todo este largo contencioso que se acerca ya al año de duración.

Por ello insisten las organizaciones médicas en que no volverán a participar en reuniones junto a UGT, al entender que la negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse exclusivamente entre la Administración y los sindicatos profesionales médicos.

Asimismo indican que este lunes han remitido al director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, una propuesta de negociación «seria, sólida y bien estructurada» para que sus resultados sean fiables.

El documento consta de un preámbulo y dos epígrafes y el primero establece «de manera precisa» el marco negociador y sus condiciones, mientras que el segundo contiene dieciocho puntos con las demandas de los sindicatos médicos «perfectamente delimitadas».

«Es hora ya que el Gobierno de Canarias adquiera plena conciencia de que el conflicto con los facultativos no terminará utilizando operaciones de imagen ni poniendo en marcha anuncios de acuerdo sin base real que se pudieran establecer con organizaciones sindicales por completo ajenas a la profesión médica», añaden.

Reiteran que el conflicto sólo se cerrará cuando el Gobierno abandone la estrategia de ganar tiempo y presente propuestas serias capaces de resolver los problemas estructurales de fondo, que vienen soportando los médicos y facultativos canarios desde hace décadas.

Con la iniciaNva negociadora que SEMCA, CESM Canarias y AME han hecho llegar hoy al director del SCS «la Administración puede comenzar una etapa fructífera» que culmine con los acuerdos que los médicos vienen reclamando, prosiguen.

Por el contrario, de no dar respuesta a la misma, la Administración continuará siendo «la exclusiva responsable» del aumento de las listas de espera y el deterioro asistencial de los pacientes y usuarios del Servicio Canario de la Salud, concluyen.

EFEasd/spf

Madrid, 27 jul (EFE).

– Ocho personas han perdido la vida durante este fin de semana en siete accidentes de tráfico en los que cuatro de las víctimas eran usuarios vulnerables: dos motoristas, uno de ellos en Tenerife, y dos ciclistas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico, entre las 15:00 horas del viernes y las 24:00 del domingo se han producido siete siniestros mortales, cinco de ellos en vías convencionales y dos en autovías o autopistas, en los que ocho personas han fallecido.

Los accidentes han tenido lugar en El Ejido (Almería), Cangas de Narcea (Asturias), Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Ajofrín y Novés (Toledo), Amorebieta-Extano (Bizkaia) y en Madrid capital.

Entre los siniestros ha habido cinco colisiones y una salida de vía.

En lo que va de año y hasta el 26 de julio, 589 han perdido la vida en las carreteras.

EFEamd.

lca/mcm

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, «por sus posibles valores artísticos».

Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Bermúdez ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión mientras se resuelve el procedimiento, pues «hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe».

En concreto, el monumento, de aprobarse todos los pasos administrativos, que se estima que puedan alargarse hasta el primer trimestre del año próximo, recibiría un grado de protección integral «por sus valores artísticos, por su monumentalidad y por su aportación al entorno urbano».

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

Bermúdez ha apuntado además que el Ayuntamiento ha recurrido en alzada la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, al entender que la decisión adoptada este lunes por el Consejo Municipal de Patrimonio refuerza la posibilidad de su conservación.

Si no es así, «nos vemos en la Justicia», ha afirmado el alcalde, quien ha aseverado que la resolución ministerial ya reconocía que el rechazo a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) no impedía que pudiera contar con otros valores artísticos susceptibles de protección.

El alcalde ha defendido que tanto la Ley de Memoria Democrática como la normativa patrimonial permiten mantener el monumento si finalmente obtiene protección y se lleva a cabo un proceso de resignificación que le otorgue un nuevo relato.

En este sentido, ha defendido que, en caso de prosperar la protección patrimonial propuesta, el monumento podría sufrir un proceso similar al aplicado en otros espacios vinculados a la dictadura, como el antiguo Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros.

La legislación de memoria democrática, ha opinado, no obliga necesariamente a retirar todos los vestigios franquistas, sino que contempla su conservación cuando concurran valores artísticos o patrimoniales, siempre que se les otorgue un nuevo relato compatible con los principios de la norma.

En este sentido, ha apostillado que el Ayuntamiento pretende «cumplir la ley como está escrita, sin interpretaciones sesgadas».

Preguntado por el momento en el que se ha decidido incluir en el catálogo, tras ordenarse su retirada, el alcalde ha apuntado que la inclusión no figuraba en la propuesta inicial del catálogo porque el equipo redactor esperaba a que concluyera el procedimiento autonómico que estudiaba si era perceptible de ser BIC.

Respecto a los pasos siguientes, el alcalde ha precisado que el catálogo municipal, que protege inicialmente más de un millar de inmuebles y elementos patrimoniales, permanece en fase de alegaciones y deberá ser aprobado definitivamente por el pleno municipal una vez se resuelvan las más de una treintena de alegaciones presentadas por administraciones, entidades y particulares.

EFEcmg/spf(foto)

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, ha negado «categóricamente» este lunes que en los tribunales españoles exista el «lawfare», la utilización de los procedimientos judiciales con fines de persecución política, y ha sostenido que los jueces ni hacen política ni toman decisiones por intereses partidistas.

«No tomamos decisiones atendiendo a intereses partidistas, somos ajenos a cualquier tipo de presión política, económica o social, en democracia no se ha investigado o juzgado a nadie por su ideología», ha dicho Fernández Martínez.

Durante una conferencia en el campus internacional Ciudad de La Laguna, en donde se debate la situación de la democracia y los derechos humanos, el presidente de la Audiencia ha afirmado que «se siguen causas que afectan a partidos políticos, pero no por cuestiones ideológicas, sino por hechos susceptibles de ser considerados como delitos».

Para Fernández Martínez, por más que se hable habitualmente de los procesos sobre presunta corrupción como «causas políticas» o que se hable de «politización de la justicia», de lo que se trata es de «la perversión de la política partitocrática».

«El juez ni sustituye a la política ni se convierte en un árbitro de las disputas partidistas, simplemente impide que el poder se sustraiga al control jurídico» y «actúa como garante de que ningún poder pueda situarse por encima del derecho», ha expuesto.

El presidente de la Audiencia Nacional ha subrayado que «la corrupción carcome el sistema institucional y con ello la democracia misma» y por eso «no cabe hostigar a quienes la investigan o juzgan».

Ha insistido en que la jurisdicción «no es un instrumento político», sino «una garantía frente a posibles excesos de mayorías políticas y frente a actuaciones arbitrarias de la Administración o de otros centros de poder».

Por eso «la calidad de una democracia puede medirse en parte por la capacidad de sus jueces para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos», ha explicado.

Pero ha añadido que así como los jueces han de ser independientes, también tienen que ser «responsables», dado su «enorme poder».

En consecuencia, «nuestras resoluciones tienen que ser motivadas, razonadas de manera exhaustiva con arreglo a cánones interpretativos racionales, no extravagantes ni irracionales», ha sostenido.

Las decisiones judiciales, según el presidente de la Audiencia Nacional, deben ser intelectualmente honestas y basadas en el conocimiento, no en la «inspiración o iluminación» ni sometidas a disciplinas de partidos, de otros poderes o de «la cima de la organización».

Juan Manuel Fernández Martínez ha afirmado que en España existe un Poder Judicial independiente y responsable y además «una estructura procesal garantista», en la que hay derecho a los recursos, a la doble instancia, al control constitucional «e incluso a la jurisdicción europea, además de la participación del pueblo a través de la acción popular y el jurado».

«Los derechos humanos en nuestro país son una realidad de la que podemos sentirnos razonablemente satisfechos, la justicia no es cosa solo de los jueces, a todos nos concierne que no se socave su legitimidad promoviendo la desconfianza», ha concluido el presidente de la Audiencia Nacional.

EFEacp/spf(foto) (vídeo)

Santa Cruz de Tenerife, 27 jul (EFE).

– La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de seis delitos de robo con fuerza en establecimientos, tres robos de uso de vehículo y otros dos robos con fuerza en el interior de vehículo.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse a finales del mes de junio, un aumento de los robos con fuerza en establecimiento altas horas de la noche en diversas poblaciones de la isla de Tenerife, informa una nota policial.

Una vez llevadas a cabo las pesquisas pertinentes, los agentes lograron identificar plenamente a los dos autores.

Los investigados presuntamente utilizaban varias herramientas para acceder al interior de los locales y después se servían de un vehículo previamente robado para facilitar su huída.

Una vez que dicho vehículo fue interceptado por la Policía Nacional, los presuntos autores intentaron sustraer otros coches para repetir elmodus operandi, lo cual fue, sin embargo, infructuoso.

Las detenciones tuvieron lugar en la vía pública de una zona limítrofe ubicada entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y uno de ellos entró en prisión debido a que en el momento de su detención le costaba una requisitoria judicial en vigor.

Actualmente las investigaciones siguen abiertas con el fin de esclarecer más delitos de las mismas características que pudieran ser atribuibles a estos presuntos autores.

EFEspf

La Laguna (Tenerife), 27 jul (EFE).

– La exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio ha afirmado este lunes que actualmente la situación más delicada y conflictiva es la inmigración, que tiene «un rompeolas» en Canarias y que debe tener en cuenta la UE en su legislación, pero que además debe secundar la política nacional.

Ana Palacio se ha referido a este asunto en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la sesión inaugural del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, en el que ha participado en un curso sobre democracia y derechos humanos junto al presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

La exministra, que ha recordado que la UE defiende la idea de tomar en consideración las circunstancias peculiares de sus territorios, como el caso de las regiones ultraperiféricas a las que pertenece Canarias, ha subrayado que la situación migratoria debe ser tenida en cuenta por la legislación comunitaria y también «tiene que ser seguida por la política nacional, y ahí podemos tener diferentes opiniones» respecto a cómo se está tratando este asunto.

Ana Palacio ha aludido a que precisamente los derechos humanos deben estar en el centro del planteamiento internacional multilateral y ha enfatizado la necesidad de defender en las relaciones internacionales el Estado de Derecho.

«Tenemos que salvaguardar toda esa arquitectura que ahora es muy criticada, como las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos» que, ha admitido, no se han cumplido a rajatabla porque «se han hecho muchas trampas» y ha habido «muchos fallos».

Pero se debe partir de la base de que esa es la arquitectura que permite la libertad, la dignidad y la igualdad y al final «es el fundamento del Estado de Derecho y de la democracia liberal», ha apostillado.

Ha advertido también de que aunque las instituciones internacionales «no han saltado por los aires, están muy desgastadas» y por ello hay que dar «la batalla» para recuperarlas.

Ocurre además que los europeos «somos muy dados a la autoflagelación» pero sin embargo, ha puntualizado, la construcción europea «es la gran aventura de la Humanidad en la segunda parte del siglo XX y tenemos que continuar con ella».

Son tiempos «en los que el poder ha dado la cara» porque hubo un momento en que se produjo «el espejismo» de que las instituciones podían «dominar al poder, y que éste quedaba supeditado» a los entes políticos.

Pero ahora, ha señalado Ana Palacio, «el poder ha dado la cara en crudo» y la UE tiene que adaptarse a esta nueva situación guardando sus principios fundamentales, porque Europa «no puede existir sin derecho».

Respecto a la actual política exterior española, la extitular de este área ha incidido en que la característica más visible es la toma de posición anti Estados Unidos «que no es del Gobierno entero» y que, a su juicio, es «más de cara a la galería» porque luego en el ámbito comercial se procura buscar la mejor relación.

En su opinión, esta postura «francamente no» va a favor del interés de España aunque «por supuesto» el Gobierno central puede tener diferencias y discrepancias con la actual Administración estadounidense pero, ha continuado, «de ahí a hacer bandera de una determinada oposición creo que habría que matizar.

Ana Palacio ha insistido además en que esta es su postura personal porque «habiendo estado ahí, sé que no es fácil» y si se analiza el conjunto de la política exterior española «hay mucha más continuidad que la que dejan entrever algunas declaraciones».

EFEasd/spf(foto) (vídeo)