Santa Cruz de Tenerife, 15 may (EFE).
– La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife acusado a dos responsables de un centro de mayores de siete delitos de abandono y otro de estafa agravada, por los que pide 20 años para una mujer por ambos cargos y 14 al hombre como cooperador del primero.
En este proceso penal que se juzgará la próxima semana, se les atribuye haber llevado a cabo durante años el cambio de denominación del establecimiento cuando se detectaban irregularidades: primero fue un centro de mayores, luego uno relacionado con las terapias alternativas, después recinto extrahotelero y finalmente servicio turístico de alquiler de habitaciones en la vivienda de la encausada.
La Fiscalía también solicita la imposición de una multa de 7.
200 euros y que paguen una indemnización a una de las usuarias que tenía diabetes y parkinson, cuya cantidad se fijará en ejecución de sentencia en caso de que sea condenatoria.
La encausada se dedicaba a explotar la actividad de servicio residencial de atención 24 horas a personas ancianas y dependientes, bajo la titularidad de una entidad mercantil, cuya administradora única era su hija.
No obstante la dirección material y efectiva de la actividad era desempeñada por la madre quien se encargaba de todo lo relacionado a contratación laboral, directrices profesionales a los trabajadores y forma de desempeño de las actividades ejercitadas en el mismo, según la acusación.
El centro se encontraba bajo la supervisión del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias.
La actividad estaba sometida a control administrativo, porque la entidad mercantil había sido ya objeto de varios expedientes y sanciones y en una de las inspecciones se pusieron en evidencia varios incumplimientos.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, las irregularidades se basaban en las condiciones técnicas y materiales, accesibilidad, ausencia de estancias preceptivas, salubridad y equipamiento, ratios de personal por no contar con plantilla suficiente y con la cualificación exigida.
Por esta razón se abrió un expediente «muy grave» y se incoó un procedimiento sancionador, acordándose el cierre cautelar y reubicación de los usuarios.
La Fiscalía cree que con la finalidad de eludir la acción, controles, supervisiones e inspecciones administrativas, sociales y sanitarias, la encausada cambió la denominación de la actividad y asumió la dirección.
Con el nuevo nombre varió la concepción del centro, que se ofertaba como un establecimiento privado extrahotelero de terapias alternativas tipo zen.
Pero en realidad los servicios prestados y las actividades que se desarrollaban bajo esta nueva denominación no diferían en sustancia de las que se efectuaban en el anterior centro, según la acusación pública.
De hecho eran muchos los usuarios, personas dependientes o desvalidas que permanecieron bajo la custodia continua de la misma dirección y casi del mismo personal.
La Fiscalía cree que en realidad se trataba de un geriátrico encubierto o clandestino, dada la naturaleza y carácter eminentemente asistencial de los servicios ofrecidos destinados a atención a personas de la tercera edad durante 24 horas.
Con este fin también se intentó demostrar la no dependencia de varios de los usuarios para eludir las responsabilidad propias de este tipo de instalaciones.
Para ello una trabajadora se trasladó junto con diez usuarios al centro de salud interesando del médico titular en ese momento, una valoración de los usuarios en orden a la declaración de la no dependencia de los mismos.
Los informes fueron emitidos, dada la insistencia de la persona que los acompañaba, pero fueron luego revocados una vez que se tuvo en conocimiento las irregularidades acontecidas, según la Fiscalía.
Con motivo en la orden de cierre cautelar de la actividad desarrollada, los usuarios, con consentimiento de sus familiares, fueron trasladados a una casa particular propiedad de la encausada.
En este recinto también se llevó a cabo una inspección, con asistencia del Ministerio Fiscal y Gobierno canario cuando ya estaba en marcha la causa penal.
El Ayuntamiento declaró la no viabilidad de la actividad de alojamiento extrahotelero y terapias, al entender que se trataba de una actividad de geriátrico encubierta sin licencia alguna.
Un fin de semana, según la acusación, se organizó un traslado clandestino de los ancianos residentes y en esta ocasión se retomó la actividad de geriátrico, pero encubierto como servicio turístico de alquiler de habitaciones, en connivencia con el otro procesado.
“Todo ello lo urdieron los encausados con la clara finalidad de eludir los posibles seguimientos y controles administrativos, policiales y judiciales”, indica el Ministerio Público.
A partir del último traslado los usuarios tampoco recibieron la atención adecuada ni se cumplieron con las medidas de salubridad exigidas “comprometiendo gravemente la seguridad de los residentes”.
Llegó un momento en que había sólo un trabajador que se encargaba de atender a los seis ancianos, sin contrato, sin poder prestar la atención adecuada y con unos medios precarios, relata la Fiscalía.
Uno de los internos padecía alzheimer y falleció a causa de una infección secundaria y cuando se acudió a certificar su muerte se sospechó que había sucedido varias horas antes.
Otro tanto ocurría con el resto de los usuarios algunos de los cuales presentaban patologías graves que precisaban de un continuo seguimiento y de hecho uno de los internos fue retirado por su familia.
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