Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).
– El Tribunal Supremo ha ordenado a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación disciplinaria sobre la actuación de una fiscal de Santa Cruz de Tenerife que denunció en 2019 al exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias Domingo Berriel (CC) por unas supuestas irregularidades detectadas en la carretera del norte de La Palma.
En una sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no prejuzga cuál debe ser el resultado de esa investigación, pero sí falla que Berriel tiene derecho a que se tramite la queja que formuló contra esa fiscal por su comportamiento en ese expediente penal, que terminó archivado.
El asunto se remonta a 2019, cuando el grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra Domingo Berriel por las obras de esa carretera, denuncia que el Ministerio Público asumió para solicitar a un juzgado de la capital tinerfeña que abriera un procedimiento penal por malversación contra el exconsejero.
El impulso de la Fiscalía al caso hizo que se impusiera a Domingo Berriel una fianza de 4,28 millones de euros, pero, tres años más tarde, en abril de 2023, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acabó archivando el procedimiento, al no apreciar indicios de delito.
Berriel se quejó entonces formalmente de que la fiscal al cargo de ese procedimiento lo había llevado a los tribunales «sin prueba alguna», que ignoró los informes y testimonios que lo exculpaban y que «llegó a unas conclusiones que ignoraban el contenido, objeto y finalidad de los documentos e informes obrantes en autos».
Sin embargo, la Inspección de la Fiscalía General del Estado desestimó su petición al entender que había sido presentada fuera de plazo y que las infracciones que Berriel achacaba a la representante del Ministerio Público, de ser ciertas, estaban prescritas.
Todo ello, porque habían pasado dos años desde que la fiscal presentó sus últimos escritos (10 de junio de 2021) hasta que el exconsejero registró su queja (28 de junio de 2023).
El Supremo corrige esa decisión, porque los efectos de la actuación de la fiscal, fuera correcta o incorrecta -matiz que no entra a juzgar-, «se proyectaron temporalmente hasta el sobreseimiento y archivo de la causa», en abril de 2023.
«En definitiva, hasta que no se acordó el archivo, don Domingo Berriel Martínez estuvo sujeto a una causa penal en la que la única parte acusadora fue el Ministerio Fiscal y cuya acción pudo haber retirado, como pudo no haberse opuesto a los recursos del ahora demandante, causa en la que, además, se le exigió una importante fianza a petición de la fiscal» razona la Sala.
Por ello, ordena a la Fiscalía General del Estado que retome la queja de Berriel y la tramite tal como dispone para estos casos el Reglamento del Ministerio Fiscal, abordando «todas las cuestiones que se susciten».
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