Santa Cruz de Tenerife, 10 ago (EFE).
– El Ayuntamiento de La Laguna ha detectado que el 92,7% de las viviendas vacacionales de la localidad inscritas en el Registro canario carecen de título municipal de actividad clasificada, requisito imprescindible para el ejercicio de esta actividad.
El plan municipal de comprobación y control de las viviendas vacacionales ha permitido constatar que de las 1.
179 viviendas vacacionales registradas en La Laguna, solo 86 han tramitado este procedimiento ante el Ayuntamiento, de las cuales 41 ya han sido comprobadas favorablemente, 14 cuentan con instalación cerrada pendiente de visita de inicio y 31 se encuentran en trámite de subsanación.
En un comunicado, la corporación lagunera detalla que este plan establece fases de comprobación, inspección y depuración del Registro, una acción previa a la regulación efectiva del uso turístico con la redacción del nuevo Plan General Municipal.
Este instrumento, de carácter técnico y con una vigencia máxima de cuatro años, permitirá ordenar y verificar la situación real de las viviendas turísticas existentes en el municipio, garantizar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas y reforzar la coordinación con Cabildo y Gobierno de Canarias en esta materia.
El Ayuntamiento de La Laguna hace hincapié en que es una de las primeras localidades del archipiélago en culminar este proceso, cuyo plazo legal finaliza el 13 de agosto, tras recibir el listado oficial de viviendas inscritas en el Registro General Turístico de Canarias.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señala que este Plan «nos permite cumplir con rigor» la ley y ordenar un ámbito que «ha generado preocupación social y falta de claridad administrativa durante años».
Abunda en que el plan «permitirá reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar que la actividad turística se desarrolle con seguridad, transparencia y respeto al uso residencial».
Y añade que la implantación de la ley «debe hacerse con planificación, criterios claros y seguridad jurídica, y confiamos en que el Gobierno de Canarias acompañe a los municipios en este proceso, que es complejo y de gran impacto social».
El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, abunda en este sentido en que la aplicación de la ley «va a requerir claridad competencial, criterios orientadores y recursos suficientes, porque los municipios van a tener muy complicado asumir, en solitario, la carga técnica y jurídica que esta supone».
«La Laguna -prosigue el edil- está dispuesta a colaborar lealmente, pero necesitamos, de forma continuada, seguridad jurídica, datos fiables y apoyo institucional para garantizar que la implantación de la norma sea viable».
Cordobés hace hincapié en que «este desajuste entre la declaración responsable presentada por los titulares en el momento de la inscripción turística y la realidad administrativa municipal no es atribuible a una sola administración, sino a la falta de coordinación histórica entre los distintos niveles competenciales».
Recuerda que hasta la aprobación de la Ley 6/2025, los ayuntamientos no tenían acceso directo al Registro General Turístico de Canarias ni a las declaraciones responsables presentadas ante el Cabildo, además de que la actividad de vivienda vacacional carecía de una calificación normativa uniforme.
Valora que la nueva ley «corrige esta situación, define la vivienda vacacional como actividad clasificada y exige la aprobación de planes municipales de comprobación y control».
El plan aprobado por La Laguna articula un sistema de trabajo por fases concurrentes que permite abordar la totalidad del parque inscrito.
La fase 0 contempla la remisión al Cabildo de Tenerife de las 1.
093 viviendas sin título municipal, para que esta administración instruya el decaimiento de las declaraciones responsables turísticas por omisión esencial, con la consiguiente pérdida del número de registro y la imposibilidad de comercialización en plataformas digitales.
Las fases 1 y 2 se centran en cerrar los expedientes municipales ya abiertos, mediante visitas de comprobación de inicio y requerimientos de subsanación.
La fase 3, que se activará en colaboración con el Cabildo de Tenerife, abordará la inspección individualizada de las viviendas que continúen en explotación turística sin registro vigente ni título municipal, priorizando aquellas con denuncias vecinales, grandes explotadores o indicios de riesgo.
Además, el plan incorpora una fase transversal que permita actuar, de forma inmediata, ante cualquier vivienda que presente riesgos para la seguridad o conflictos reiterados de convivencia.
El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que la ley permite destinar al uso turístico hasta un 10% del parque total de viviendas, «porcentaje muy superior» al existente en el municipio, donde las 1.
179 viviendas inscritas representan aproximadamente el 1,57% de las 75.
000 viviendas del término municipal.
Avanza que el nuevo plan general «deberá equilibrar la protección del derecho a la vivienda, la cohesión social, la conservación del patrimonio y la actividad económica, estableciendo un porcentaje realmente adecuado a la realidad municipal y de forma plenamente participativa».
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