Santa Cruz De Tenerife, 6 jun (EFE).
– La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición de uno de los abogados de la empresa de criptomonedas Arbistar, cuya sede central estaba en el sur de Tenerife, de dar por concluida la investigación de la pieza separada de este caso que se centra en el supuesto blanqueo de capitales por cerca de 100 millones de euros.
La defensa del principal encausado, Santiago Fuentes Jover, había pedido que no se concediera otra nueva prórroga de seis meses, dado que en realidad estas causas deben resolverse en el plazo de un año y en este caso el inicio se sitúa en 2021.
De forma paralela ya ha terminado hace unos días en la AN el juicio por la pieza central que ha durado dos meses y se ha centrado en falsificación documental, estafa piramidal y organización criminal, en la que el fiscal pide 30 años de cárcel para el primer encausado al que atribuye una estafa de 600 millones.
En el caso del blanqueo, las sospechas apuntarían a que el dinero invertido por los clientes en criptomonedas fue luego convertido en euros y no se destinó al fin comprometido con los afectados.
El abogado estima que la existencia de contestaciones pendientes de diversas comisiones rogatorias internacionales y los informes de la Fiscalía, “no justifican una nueva prórroga de la investigación” al entender que a lo largo de estos años, se ha puesto de manifiesto la “inexistencia de indicios de criminalidad”.
El pasado mes de abril el Juzgado Central concedió una nueva prórroga de seis meses que concluirá en octubre de este año y que fue recurrida ante la AN.
El letrado mantiene que las continuas prórrogas vulneran el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y lamenta que la AN no concrete cuáles son las actuaciones pendientes.
El Auto responde que es necesario hacer una relación “pormenorizada” de los informes solicitados sobre cuentas corrientes y monederos electrónicos, bienes muebles, inmuebles, identificación concreta de operaciones económicas y relación de personas y entidades que podrían estar involucradas en el blanqueo.
La Audiencia discrepa del letrado y cree que las investigaciones pendientes, “no sólo están exhaustivamente fundamentadas y motivadas, sino que resultan necesarias y relevantes, puesto que de ellas podrían derivar nuevas diligencias”.
La Audiencia, al igual que hizo en noviembre de 2024, recuerda mediante un Auto que las últimas gestiones han sido la emisión por la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife de una Orden Internacional de Investigación (OEI) librada a las autoridades de Alemania, sobre diversos datos bancarios de titulares de las cuentas corrientes.
En septiembre de 2024 también se emitieron oficios rogatorios a Estonia, Luxemburgo, Italia y a Hong Kong y por lo tanto la petición de continuar con las investigaciones se justifica en la necesidad de conocer la contestación a los informes y requerimientos efectuados.
A partir de aquí, la AN apunta que existe la posibilidad de abrir nuevas diligencias que determinarían la existencia de más hechos e imputados, extremos todos ellos que justificarían continuar con las investigaciones.
Las próximas gestiones “no sólo estarían exhaustivamente fundamentadas y motivadas, sino que resultarían necesarias y relevantes, a la hora de derivar nuevas diligencias de investigación”.
Por lo tanto, resulta “no sólo prudente y razonable, sino imprescindible” mantener abierta la instrucción, con la ampliación de su plazo hasta octubre, a fin de llevar a cabo ejecución completa de todas las pesquisas, en tanto que “por su contenido pueden presentar una trascendencia indudable”.
También se recuerda que la respuesta que se reciba de las rogatorias puede tener tanto resultados incriminatorios como exculpatorios y a partir de ese momento ambas partes podrían solicitar las diligencias que estimen convenientes.
Una complejidad añadida es la voluminosa información pendiente de analizar, buena parte de la cual se encuentra en documentos que deben ser traducidos y estudiados en profundidad.
Una vez dado este paso, “se podrán conocer las concretas operativas de lavado de dinero que se habrían llevado a cabo”, a lo que se unirían las declaraciones de los acusados lo que reforzaría sus posibilidades de defensa, evitar que haya una vulneración de derechos fundamentales y garantizar la tutela judicial efectiva.
“Por lo tanto, la justificación de la ampliación del plazo por esos seis meses más debe ser asumida por esta Sala”, concluye el Auto de la AN.
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