Santa Cruz de Tenerife, 10 jun (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha anunciado este martes en el Parlamento que el ejecutivo autonómico trabaja en una reforma de la ley 3/1996 de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.
Delgado ha esgrimido que en todo este tiempo han cambiado las condiciones de vida, los perfiles demográficos y el marco jurídico nacional e internacional relativo a las personas mayores, motivo por el cual se pretende una reforma «parcial pero profunda» de esta ley.
Ha avanzado algunas novedades como la sustitución del término incapacitado por el de personas con derecho a apoyos personalizados, o la incorporación de nuevos «derechos subjetivos» como el de la autonomía y el ejercicio de la capacidad con apoyo, a vivir en el entorno habitual con acceso a transporte adaptado, o a la participación activa con representación en órganos consultivos.
También se pretenden blindar otros derechos como el de la protección frente a la soledad no deseada con recursos específicos, y el del acceso digital para evitar la llamada brecha tecnológica.
La consejera ha hecho hincapié en el objetivo de fortalecer órganos de participación como el Consejo canario de las personas mayores, que ha de tener «capacidad real» para realizar informes vinculantes, así como la creación de consejos insulares y municipales de mayores.
Otro de los objetivos de esta reforma legislativa, ha detallado Candelaria Delgado, es la puesta en marcha de un sistema de evaluación, seguimiento e inspección.
Ha señalado que muchas de estas actuaciones estratégicas se incluyen en el Plan integral de personas mayores en el que viene trabajando el ejecutivo canario que, como han recordado los grupos de la oposición, ya anunció en septiembre de 2024.
Delgado ha especificado que el plan tiene cuatro objetivos generales: prevenir la fragilidad y la dependencia con programas de atención temprana y promoción de la autonomía; mejora de las infraestructuras y la tecnología de teleasaistencia; fomentar la participación social y comunitaria combatiendo el aislamiento y la soledad no deseada; y la protección ante situaciones maltrato, abuso o discriminación por edad.
Se contemplan actuaciones concretas como programas de ejercicio físico adaptados en centros de día; la extensión de la evaluación geriátrica integral en atención primaria para detectar fragilidad; o formación a las familias en cuidados básicos y en la prevención de caídas en el hogar, entre otras.
También se persigue el impulso de la atención domiciliaria avanzada y la modernización y ampliación de residencias y centros de día.
Delgado ha recordado que en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 hay reservados 6,3 millones de euros para las primeras fases del plan.
Cantidades que se complementan con las de la estrategia canaria de envejecimiento activo y los fondos europeos captados para, entre otros proyectos, la puesta en marcha de un programa de teleasistencia avanzada.
Desde la oposición, Elena Máñez (PSOE) ha cuestionado si la participación de 150 mayores en el diseño de este plan es «representativo» de la diversidad de este colectivo social o si se corre el riesgo de incurrir en una «visión limitada» del mismo.
También ha opinado, en vista de la ficha financiera reservada al mismo, de 6,3 millones, que «poco de integral tiene», y ha confiado en que no acabe siendo «un mero titular».
Máñez ha asegurado que no duda de la «buena voluntad» de la consejera, si bien ha incidido la situación de las listas de espera en dependencia y en las crecientes tasas de pobreza entre los mayores de 65 años, al tiempo que ha expresado su preocupación por la «externalización» de la gestión de los centros de mayores.
Natalia Santana (NC) ha criticado que la consejera «repita anuncio sin concretar cifras, ficha financiera ni cronograma» del plan, y le ha pedido «menos márketing y más hechos» a la luz de la carencia de plazas residenciales y de una atención domiciliaria «digna».
A diferencia de Máñez, Santana ha dicho que no cree en «las buenas voluntades» de este Gobierno de Canarias, «que engaña» con las cifras de dependencia, «recorta derechos» e incurre en «un auténtico fraude» con la creación de una dirección general específica de discapacidad.
Mientras, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han celebrado las prioridades y contenidos del plan, su «transversalidad» y la participación de otras administraciones y del tercer sector en su elaboración.
María Isabel Saavedra (PP) ha advertido, eso sí, de que «no basta solo con una buena planificación» sino que «se necesita una implementación efectiva, con plazos claros, recursos suficientes y evaluación constante».
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