Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).
– Numerosos jueces y fiscales de Canarias se han sumado este miércoles al paro simbólico convocado en toda España por varias asociaciones profesionales para rechazar las reformas que impulsa el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal y el ambiente de «continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía».
Así lo recogen en un manifiesto común en toda España suscrito por la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación de Profesionales Independientes de Canarias (APIF) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Ante la sede de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado más de un centenar de jueces y fiscales durante los diez minutos del paro simbólico celebrado y cuatro representantes de estas asociaciones, Ramón Toubes (APM), Marina Mas (AFV), Miguel Pallarés (APIF) y Miguel Hernández (AF), han dado lectura al manifiesto.
En él piden la retirada del proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y del anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la «amenaza» que, en su opinión, suponen para la independencia judicial.
Denuncian, asimismo, que estas reformas tienen lugar en un ambiente que describen como de «continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía», con declaraciones políticas que «deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan», que tratan al Ministerio Fiscal como «un apéndice el Gobierno» y que, por todo ello, «minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia».
Desde su punto de vista, esas reformas legales que van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder «con minúscula», un poder «más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder».
Consideran que el proyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial ha sido tramitado «injustificadamente por vía de urgencia», no responde a demanda social alguna y ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, denuncian que el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración.
Critican además que «meta la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces», al tiempo que pretenda crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, opinan, «con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Se muestran preocupados por el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos «sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» y que supone un «grave perjuicio» para las promociones más jóvenes.
En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, piensan que con ella se pretende aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo».
Esto, añaden, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Así, reclaman la retirada de ambos proyectos y, de no ser así, no descartan medidas «más intensas», como la huelga.
«La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma», subraya el manifiesto, que recalca que ambas exigencias «son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país».
Los jueces y fiscales además han insistido en su reclamación desde hace lustros de una «masiva» creación de plazas a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestan a la sociedad.
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