Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).
– El exdirectivo de Valoriza Pablo Abril Maratorell ha afirmado este miércoles ante la Audiencia de Las Palmas que quizá no hubiese habido caso Emalsa si el informe de auditoría de Auren encargado por el Ayuntamiento se hubiera acabado antes de la denuncia presentada a la Fiscalía.
En la novena sesión del juicio que se sigue contra los quince exdirectivos de la empresa mixta de aguas de Las Palmas por un presunto quebranto de 23,4 millones de euros a Emalsa, Abril Martorell, que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, ha indicado que a los pocos meses de presentarse la denuncia se conoció que los precios de los contratos con Sercanarias y que se cuestionan en la causa eran «intachables».
El procesado, que formó parte del consejo de administración de Emalsa entre 2006 y 2015, ha señalado que fue él quien propuso al entonces alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), que se hiciera la auditoría porque estaba preocupado por la empresa.
Según ha manifestado, él quería una consultora de prestigio, pero no le hicieron caso, y el Ayuntamiento se la encargó a Auren «a dedo y saltándose» los procedimientos y la pagó Emalsa.
Abril Martorell ha señalado que no intervino en ninguno de los 19 contratos de Emalsa con Sercanarias (participada por Valoriza y Saur) y que según la Fiscalía generó un perjuicio de 16 millones de euros.
No obstante, ha dicho que estuvo en el consejo de administración en el que trató el contrato del mantenimiento del alcantarillado -al que la Fiscalía atribuye un daño de 11 millones- y que hubo informes que validaban que se podía contratar directamente con los socios privados de Emalsa, que eran los mismos que los de Sercanarias, Valoriza y Saur.
En cuanto a las prestaciones accesorias del pacto suscrito entre Emalsa y los socios privados, también cuestionadas por la Fiscalía, Martorell ha calificado ese documento como un «bodrio» que nunca se puso en práctica «y no valió para nada», pues para pagar el ‘know how’, es decir, los conocimientos que aportaban los socios privados, y los gastos de personal, se siguió el mismo procedimiento que mantenía Emalsa desde los años noventa.
En relación al contrato de arrendamiento entre Satocan y Emalsa para el traslado de la sede al centro comercial Las Ramblas, ha indicado que lo conoció al poco de que se firmara y que pidió explicaciones y una compensación, que se la reclamó al alcalde hasta 2011, Jerónimo Saavera (PSOE), porque hasta entonces no pagaban nada por el alquiler del edificio en la plaza del Obelisco.
Además, exigió explicaciones por el precio, que se logró renegociar, y por la duración del contrato, del que sí dijo conocer que el presidente ejecutivo de Sercanarias, el acusado Rafael González Bravo de Laguna, recibió unas transferencias de Satocan por el contrato, lo que motivó que le retiraran el cargo.
A preguntas de la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos, Abril Martorell ha dicho desconocer el motivo por el que Rafael González Bravo de Laguna percibió 739.
000 euros de Sercanarias en 2009, si bien ha precisado que su contrato era «muy singular y de alta dirección», y que en los años anteriores las cantidades que cobraba eran de entre 66.
000 y 68.
000 euros.
Rafael González Bravo de Laguna en su declaración, que ha sido la que ha iniciado la sesión de hoy, solo ha contestado a las preguntas formuladas por su abogado y ha asegurado que los contratos de Sercanarias con Emalsa se cumplieron y respondían a la legalidad y que a día de hoy la empresa de la que fue presidente ejecutivo sigue prestando servicios a la compañía de aguas de la ciudad.
Para Emalsa, era mejor contratar con Sercanarisa porque eran los mismos socios y se evitaba retrasos en la toma de decisiones porque se trataba de servicios prioritarios, ha recalcado este acusado, quien al terminar su declaración ha señalado que le gustaría que el Ministerio Fiscal le dijera el motivo de su imputación: «Si algún día tiene a bien decírmelo, que me lo cuente».
El procesado José Luis Rubio Díaz de Tudanca, que fue consejero de Emalsa entre los años 2008 y 2020 en representación del grupo Saur, ha indicado al tribunal que no suscribió ningún contrato de la causa ni intervino en la ejecución ni en la elaboración y que sí formó parte del comité de gerencia que crearon los socios privados de Emalsa para mejorar la coordinación entre ellos y acabar la «situación de bloqueo» que existía.
Se trató de un documento corriente y que se suele firmar entre socios, pero que al final no se utilizó, y ese comité no abordó los contratos entre Emalsa y Sercanarias y su coste no se repercutió a la compañía de aguas.
En cuanto al acuerdo de prestaciones accesorias y al contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa, ha comentado que no intervino en ninguno, al tiempo que ha subrayado que nunca cobró nada en perjuicio de Emalsa, de la que solo ingresó las dietas por asistir a los consejos de administración, ya que su sueldo se lo pagaba Saur.
La acusada Laura Rivero, que formó parte del consejo de administración de Emalsa desde 2007 por parte del grupo Valoriza, ha contestado a las preguntas de la fiscal y de su letrado, y también ha incidido en que el comité de gestión se constituyó «no tanto para controlar los contratos» sino para mejorar las relaciones entre los socios.
Rivero, que fue directora financiera y directora de Emalsa, ha referido al tribunal que el informe de Auren concluyó que había un control interno y se aplicó, aunque detectó «pequeñas deficiencias» en las facturas a veces a favor y otras en contra de Sercanarias y de otras empresas con las que se contrataba; y sobre el pacto de prestaciones accesorias, ha manifestado que «el documento es tan malo que se archivó».
El presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán, que ha sido el último de los acusados en declarar, ha señalado que no tuvo ningún cargo en Emalsa, solo fue miembro del consejo de administración en representación de su empresa y delegó su voto en Álvaro Aguirre, que no figura en la causa y que estuvo presente en el consejo en el que es abordó el contrato del mantenimiento del alcantarillado con Sercanarias.
No obstante, ha afirmado que está convencido que todos los acuerdos fueron correctos y que se actuó conforme a la ley.
Sanjuán ha recalcado que «no tuvo conciencia de haber participado en algo ilícito».
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