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Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– El Consejo Insular de Aguas de La Palma ha iniciado el proceso de licitación el desdoble del canal LP-II para llevar recursos al noroeste de la isla, un proyecto al que se destina 2.

632.

299,77 euros.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende en un comunicado la apuesta por mejorar la gestión del agua, poniendo en marcha acciones que permitan, por un lado reducir las pérdidas en la red insular, así como disponer de infraestructuras de almacenamiento y transporte para garantizar el agua en todos los puntos del territorio.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, explica que se este desdoble permitirá un mayor aprovechamiento de las aguas procedentes del Barranco de Las Angustias y otras fuentes, y facilitará la conexión con el embalse de Vicario sin interrumpir el suministro a otras áreas.

El proyecto incluye obras que discurren paralelas a otras conducciones de agua y terrenos de titularidad privada, por lo que se solicitará la disponibilidad de estos terrenos a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tijarafe.

Además, se realizarán consultas a los órganos gestores de los espacios naturales afectados para asegurar que no se produzcan impactos significativos sobre el medio ambiente.

El objeto de la presente contratación es definir una infraestructura hidráulica que tiene como finalidad incrementar la capacidad de transporte y mejora del funcionamiento e interconexión hidráulica vinculadas a la Balsa de Vicario, y por tanto, mejorar la integración de esta infraestructura de almacenamiento en el sistema hidráulico insular, y contribuir así a un mejor uso y aprovechamiento de la misma, lo que redundará en una mayor y mejor flexibilidad de funcionamiento y gestión del Canal General LP-II.

Las obras consistirán, en primer lugar, en la ejecución de una nueva conducción hidráulica paralela al Canal General LP-II, en el tramo conocido como Sifón de Las Angustias, con el objeto de permitir el desdoblamiento del actual sistema de transporte de caudales.

Además, se contemplan actuaciones para incrementar la capacidad de transporte, permitir la reversibilidad de flujos y facilitar el llenado de la Balsa de Vicario, sin interferir con el funcionamiento ordinario del Canal LP-II, mejorando así la flexibilidad operativa del sistema hidráulico insular.

Este proyecto se ejecuta con fondos propios y la aportación de 1,5 millones de euros realizada a través del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

EFErdg

(Corrige la GC5019: faltaba un «no» en el penúltimo párrafo: «censura que no le informara.

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«)Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la sanidad pública de las islas a indemnizar con 200.

000 euros a una embarazada que perdió a su hijo por una negligencia médica en la fase final de la gestación, al apreciar que sufrió «violencia obstétrica» y trato «deshumanizado».

Los hechos sucedieron en Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria en 2020, cuando la mujer acudió al centro con contracciones y fue enviada a planta directamente, sin que la viera un médico, a pesar que se trataba de «un embarazo de alto riesgo por edad, obesidad y diabetes de la gestante», relata la sentencia.

En el tiempo que estuvo en el hospital, el feto falleció y se impuso a la madre expulsarlo en un parto natural que duró seis horas, sin ofrecerle una cesárea, opción que había pedido el padre.

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria primero, y el TSJC ahora, consideran que el Servicio Canario de Salud infringió los procedimientos médicos y cometió varios errores que le hacen responsable patrimonial del daño y el sufrimiento que padeció la madre al perder a su bebé.

En los últimos años, la sanidad pública canaria ha sido condenada en varias ocasiones en casos en los que se consideró que se postergó innecesariamente el parto natural sin ofrecer una cesárea a la madre, lo que ha dado lugar a una jurisprudencia que el SCS aún discute.

En esos casos, el TSJC ha fallado reiteradamente que era obligado informar a las madres de que podrían haber optado por una cesárea y que elegir entre esa operación o el parto natural era su derecho.

En la sentencia, que ha hecho pública este viernes el despacho Henríquez y Carnero Abogados, se refleja que el pleito con el SCS por este asunto sigue abierto: los magistrados reflejan en sus razonamientos que la sanidad canaria «insiste en que la cesárea no es una alternativa al parto natural de libre elección para la madre y en que son los médicos asistentes quienes pueden observar si concurren o no los presupuestos para la realización de una cesárea».

El tribunal contesta al SCS de forma expeditiva: «La administración tiene una posición clara y esta Sala tiene otra.

A lo mejor no hemos sabido trasladar nuestra posición y doctrina, pero vamos a intentarlo una vez más: nuestra doctrina son los derechos humanos y los derechos de la mujer respecto al parto».

La magistrada ponente, Inmaculada Rodríguez, lo detalla aún más: el consenso científico médico establece que a partir de la semana 39 el feto es viable, por lo que la decisión que se tome a partir de ese plazo (esperar, inducir el parto, hacer una cesárea.

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) ya no compromete la vida del niño, de modo que «la madre cuya salud sí que está en riesgo tiene que ser escuchada y tiene capacidad de decidir entre el abanico de alternativas que se abren».

El SCS intentó objetar frente a ese argumento que la cesárea de libre elección no está cubierta por la asistencia gratuita, a lo que el TSJC le contesta con un nuevo reproche: «El planteamiento induce a pensar que, al final, la cuestión se reduce a que las alternativas para la terminación del parto en un embarazo a término se ofertan en la sanidad pública por razones económicas, y no médicas».

El tribunal falla que el SCS cometió varios errores con esa paciente, dice expresamente que la sometió a «violencia obstétrica» y censura que no le informara de las alternativas existentes, para concluir que la «atención médica fue deshumanizada».

«No nos podemos representar cuáles serían las razones médicas para obligar a una gestante a pasar seis horas de parto en la situación en la que se encontraba y a quién se le preguntó sobre ello», remarcan los tres magistrados que componen la Sala.

EFEjmr/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado este viernes una «respuesta solidaria y compartida tanto a nivel nacional como europeo» para hacer frente a la situación de los más de 5.

400 menores migrantes no acompañados tutelados por el archipiélago.

Durante su intervención ante la comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, la consejera ha subrayado que «esta responsabilidad no puede recaer en los hombros de esta comunidad autónoma», y ha opinado que la integración social y laboral de los jóvenes migrantes que alcanzan la mayoría de edad «no es un gesto existencial, es una obligación ética, jurídica y social».

El debate se produjo a raíz de una pregunta parlamentaria del Grupo Mixto sobre el grado de ejecución del Plan Canarias Convive, centrado en la integración y promoción de la convivencia intercultural.

El diputado Raúl Acosta ha instado al Ejecutivo regional a impulsar con mayor eficacia el acceso al empleo de estos jóvenes, señalando las «trampas burocráticas» que dificultan su regularización y contratación.

La consejera ha respondido que, aunque el plan aún no ha sido aprobado formalmente, ya se están aplicando muchas de sus medidas gracias a presupuestos específicos y a la implicación de varias direcciones generales.

Entre ellas ha destacado los programas de emancipación, pisos tutelados, acciones de mentoría y cooperación con el tercer sector.

También se ha comprometido a apoyar a las entidades deportivas que integran a jóvenes migrantes, reconociendo el «sobrecoste» que muchas veces asumen por su participación.

Asimismo, la responsable autonómica ha reiterado que el enfoque del Gobierno canario es “garantizar los derechos de los menores y jóvenes migrantes” con dignidad y respeto, a pesar de la insuficiencia de recursos y el desequilibrio competencial existente.

“Canarias ha respondido con responsabilidad, pero no puede ni debe hacerlo sola”, ha zanjado.

EFEbrr/spf

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado este viernes una financiación “justa, legal, estable y suficiente” para el sistema de dependencia en las islas, y ha exigido al Gobierno central un trato equivalente al acordado con el País Vasco, donde el Estado ha asumido el 50% del coste del sistema.

Durante una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Popular, Delgado ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha reiterado esta demanda “en todas las conferencias sectoriales, consejos territoriales y reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales”, y ha denunciado que actualmente la financiación estatal en Canarias apenas alcanza el 22% del coste del sistema, “muy por debajo” de la media nacional del 28,6%.

La consejera ha subrayado que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe cubrir el 50% del coste real, algo que “no se está cumpliendo”.

Además, ha alertado de que el actual reparto territorial no tiene en cuenta las “peculiaridades estructurales” del archipiélago, como la insularidad o la duplicación de servicios en cada isla.

También ha criticado que la aportación de los cabildos “no se esté contabilizando”, mientras que en el País Vasco “un euro cuenta el doble”.

Delgado ha destacado que, pese a esta infrafinanciación, Canarias ha mejorado su sistema en los últimos meses: el número de personas con derecho a prestación ha crecido un 17,5% (frente al 3,2% de media estatal), la lista de espera se ha reducido en más de 2.

800 personas y se ha recortado el tiempo de tramitación en más de ocho meses.

Por su parte, la diputada del PP María Saavedra ha reclamado un “acuerdo similar” al del País Vasco y ha lamentado que “cuando gobierna el Partido Socialista, Canarias siempre acaba en la cola”.

Saavedra ha acusado al Ejecutivo central de ejercer un “centralismo selectivo” y ha recordado que, según el Imserso, Canarias es una de las comunidades que menos recursos recibe por persona dependiente atendida.

“No puede haber dependientes de primera y de segunda.

En este tema no caben medias tintas”, ha zanjado la diputada.

EFEbrr/spf

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha afirmado este viernes en que Fernando Clavijo (CC) es un presidente «débil» de un gobierno regional sin capacidad para ejecutar su presupuesto, pues, según ha dicho, en los dos años de esta legislatura ha dejado de invertir 2.

500 millones de euros.

En rueda de prensa para hacer un balance de los dos años de gestión de gobierno de CC y PP en el ejecutivo canario, Sebastián Franquis ha subrayado que Fernando Clavijo no puede hablar de la herencia del anterior ejecutivo porque el actual ha gobernado con presupuestos propios.

Ha considerado que Clavijo está a las órdenes del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y de determinados intereses económicos de las islas, y le ha acusado de mirar para otro lado cuando el PP no asiste a la reunión de la conferencia sectorial de infancia y con ello impide la distribución autonómica de menores inmigrantes no acompañados.

Sebastián Franquis ha comenzado su intervención hablando de que el pasado año la ejecución presupuestaria del gobierno canario fue del 89 por ciento, la más baja de la historia de la autonomía, ha asegurado.

El portavoz del grupo Socialista ha incidido asimismo en que en los dos años de mandato de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) 30.

000 viviendas han salido del mercado residencial hacia el vacacional, y más de 18.

000 personas están en la lista de espera de la dependencia.

Esas cifras, en palabras de Sebastián Franquis, ilustran la capacidad de un gobierno que está «dividido, roto internamente, con un presidente que no lidera», que es el «más débil» de la historia de la comunidad autónoma y que mantiene un «absoluto» silencio cuando su socio (PP) impide un acuerdo para la derivación de los menores inmigrantes.

También ha criticado Sebastián Franquis que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, por decir que PP y gobierno español son igual de responsables en la falta de acuerdo, cuando, ha destacado, el ejecutivo central toma medidas para que se lleven a cabo las derivaciones.

Ha pedido a Fernando Clavijo que hable con los presidentes de Madrid, Isabel Ayuso, y de Andalucía, Juan Manuel Bonilla, ambos del PP, porque Canarias no puede seguir «abandonada».

Sebastián Franquis también ha dicho que Fernando Clavijo habla desde 2015 de un cambio de modelo de desarrollo económico pero «ha hecho lo contrario».

Y ha hecho hincapié en que el anterior gobierno de Canarias, el denominado ‘pacto de las flores’, liderado por el PSOE, presentó un plan de vivienda, mientras que Fernando Clavijo solo ha hecho dos decretos ley en dos años para poner la política de vivienda «en manos de promotores», de la iniciativa privada.

El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha reiterado que las viviendas que se construyen ahora en el archipiélago son «todas» del plan de vivienda aprobado por el ‘pacto de las flores’.

En cuanto a la gestión de los servicios sociales ha manifestado que es un «desastre» con más de 18.

000 personas en lista de espera, y en discapacidad la espera es superior a los cinco años.

Además, ha criticado que el gobierno canario no hacen públicos los datos de la lista de espera estructural en sanidad.

Sebastián Franquis ha indicado que su partido seguirá trabajando para que haya una alternativa real, como, ha agregado, se demostró en la anterior legislatura.

EFErdg/spf(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 18 jul (EFE).

– El ala-pívot catalán Eric Vila, nuevo fichaje del Dreamland Gran Canaria, ha resaltado que «es difícil no decir que el objetivo es ganar títulos», ya que el club «lleva haciéndolo muchos años», tarea para la que espera «aportar mi versatilidad y mi granito de arena».

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Vila ha destacado que su llegada a Gran Canaria es «una oportunidad para seguir creciendo» en su carrera, tras su paso por Bàsquet Girona y Río Breogán, al unirse a un club «tan competitivo en Liga Endesa y Europa».

«Ojalá competir con los tenores en Liga Endesa, Copa del Rey y Liga de Campeones.

El equipo ha demostrado que es muy competitivo y siempre está ahí», ha enfatizado.

El catalán ha realzado que la entidad posee «una base asentada» con un equipo «con experiencia» que le sirve para dar un siguiente paso en su carrera y donde ayudará en tres posiciones: alero, ala-pívot y pívot, según Jaka Lakovic «lo crea conveniente».

La última incorporación claretiana tiene en la mente el recuerdo «impactante» de la afición amarilla en la Copa del Rey de Málaga 2008, a la que acudió en familia y tuvo su primer contacto con una ‘Marea Amarilla’ a la que desea dar alegrías y recibir su cariño.

Eric Vila ha desvelado que hace un tiempo había hablado con Miquel Salvó sobre la posibilidad de jugar juntos y «viajar por Europa», una premisa que se cumplirá esta próxima temporada con «un compañero increíble que siempre me ha hablado genial del club y de la isla».

También ha apelado a «seguir la estirpe gironí» de exjugadores como Xavi Rabaseda y Oriol Paulí y ofrecer su aportación a la historia catalana de la entidad.

«Muchísima gente me habla maravillas del club y de la afición.

Salvó, Paulí, Luis Casimiro o Xavi Rey me han hablado genial de la isla y la entidad.

Muy contento de formar una pequeña parte de un club tan grande como el Gran Canaria y con ganas de empezar», ha indicado.

EFE1012208phd/jmr

Santander, 18 jul (EFE).

– La compañía aérea Binter ha cumplido cinco años de su conexión entre el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y las Islas Canarias, que ha utilizado 165.

000 pasajeros durante ese periodo.

El consejero responsable del área de Transporte del Gobierno cántabro, Roberto Media, la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz, el responsable Comercial y de Marketing de Binter, Miguel Ángel Suárez, y su compañero de Programación, Jonay Lobo, han hablado de lo que ha hecho la compañía en estos cinco años en los que ha conectado Cantabria con Canarias.

La compañía canaria cuenta con cinco frecuencias semanales de vuelos entre ambas comunidades autónomas, que salen desde Santander hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, los lunes y miércoles, y hasta el de Gran Canaria los jueves, viernes y domingos.

Saiz ha apuntado que la aerolínea ofrece a los usuarios vuelos gratuitos entre islas una vez llegados a uno de estos dos aeropuertos, una posibilidad que, ha explicado Suárez, ha sido aprovechada por el 25 por ciento de los viajeros.

El director comercial de la compañía ha subrayado que tres de cada diez usuarios de estos vuelos son de Cantabria y que la mayoría son por motivos vacacionales y de ocio, con una estancia media de cuatro días.

Respecto al número de pasajeros que viajaron desde Santander hasta Gran Canaria en junio, Media ha señalado que aumentó un 35 por ciento, mientras que el número de usuarios que viajaron hasta Tenerife Norte, lo hizo un 14,5 %.

El consejero cántabro ha apostillado que la conectividad aérea es una oportunidad de desarrollo entre territorios, además de lo que supone de transporte.

«A lo largo de estos cinco años hemos consolidado una ruta estratégica que une el norte y el sur de España y que no solo favorece el turismo, sino también el intercambio cultural y comercial entre ambas regiones», ha dicho.

Media también ha destacado las mejoras en las frecuencias de los vuelos hasta Madrid y Barcelona y que, durante la temporada de verano, el número de vuelos hasta Sevilla ha aumentado.

Ha subrayado que se ha licitado un requerimiento para la ruta con Granada, con el objetivo de que esta pase de 26 operaciones en julio y agosto a 120 operaciones anuales.

Asimismo, ha señalado que ha habido un incremento del 50 por ciento y del 18 % en el número de operaciones con Ibiza y Menorca, respectivamente.

Y ha añadido que se ha adjudicado la ruta con Bucarest, para la que ya hay billetes a la venta y que comenzará a operar en octubre.

EFEaas/mg

Las Palmas de Gran Canaria, 18 jun (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la sanidad pública de las islas a indemnizar con 200.

000 euros a una embarazada que perdió a su hijo por una negligencia médica en la fase final de la gestación, al apreciar que sufrió «violencia obstétrica» y trato «deshumanizado».

Los hechos sucedieron en Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria en 2020, cuando la mujer acudió al centro con contracciones y fue enviada a planta directamente, sin que la viera un médico, a pesar que se trataba de «un embarazo de alto riesgo por edad, obesidad y diabetes de la gestante», relata la sentencia.

En el tiempo que estuvo en el hospital, el feto falleció y se impuso a la madre expulsarlo en un parto natural que duró seis horas, sin ofrecerle una cesárea, opción que había pedido el padre.

Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria primero, y el TSJC ahora, consideran que el Servicio Canario de Salud infringió los procedimientos médicos y cometió varios errores que le hacen responsable patrimonial del daño y el sufrimiento que padeció la madre al perder a su bebé.

En los últimos años, la sanidad pública canaria ha sido condenada en varias ocasiones en casos en los que se consideró que se postergó innecesariamente el parto natural sin ofrecer una cesárea a la madre, lo que ha dado lugar a una jurisprudencia que el SCS aún discute.

En esos casos, el TSJC ha fallado reiteradamente que era obligado informar a las madres de que podrían haber optado por una cesárea y que elegir entre esa operación o el parto natural era su derecho.

En la sentencia, que ha hecho pública este viernes el despacho Henríquez y Carnero Abogados, se refleja que el pleito con el SCS por este asunto sigue abierto: los magistrados reflejan en sus razonamientos que la sanidad canaria «insiste en que la cesárea no es una alternativa al parto natural de libre elección para la madre y en que son los médicos asistentes quienes pueden observar si concurren o no los presupuestos para la realización de una cesárea».

El tribunal contesta al SCS de forma expeditiva: «La administración tiene una posición clara y esta Sala tiene otra.

A lo mejor no hemos sabido trasladar nuestra posición y doctrina, pero vamos a intentarlo una vez más: nuestra doctrina son los derechos humanos y los derechos de la mujer respecto al parto».

La magistrada ponente, Inmaculada Rodríguez, lo detalla aún más: el consenso científico médico establece que a partir de la semana 39 el feto es viable, por lo que la decisión que se tome a partir de ese plazo (esperar, inducir el parto, hacer una cesárea.

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) ya no compromete la vida del niño, de modo que «la madre cuya salud sí que está en riesgo tiene que ser escuchada y tiene capacidad de decidir entre el abanico de alternativas que se abren».

El SCS intentó objetar frente a ese argumento que la cesárea de libre elección no está cubierta por la asistencia gratuita, a lo que el TSJC le contesta con un nuevo reproche: «El planteamiento induce a pensar que, al final, la cuestión se reduce a que las alternativas para la terminación del parto en un embarazo a término se ofertan en la sanidad pública por razones económicas, y no médicas».

El tribunal falla que el SCS cometió varios errores con esa paciente, dice expresamente que la sometió a «violencia obstétrica» y censura que le informara de las alternativas existentes, para concluir que la «atención médica fue deshumanizada».

«No nos podemos representar cuáles serían las razones médicas para obligar a una gestante a pasar seis horas de parto en la situación en la que se encontraba y a quién se le preguntó sobre ello», remarcan los tres magistrados que componen la Sala.

EFEjmr/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– La Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha anunciado este viernes el comienzo del proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias para el año 2026, con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la orden que lo pone en marcha.

En la orden se regula el procedimiento para la elaboración del presupuesto y su estructura, incluyendo los plazos y la información que cada consejería, centro directivo, organismo autónomo y ente público debe remitir a la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

La titular de la Consejería, Matilde Asián sostiene en un comunicado que la publicación de esta orden garantiza que la tramitación habitual para la confección del presupuesto autonómico se hará «en tiempo y forma», lo cual da «certeza y tranquilidad a los ciudadanos», en contraste con «la incertidumbre en la que las cuentas públicas se mueven a nivel nacional».

La falta de presupuestos estatales en los últimos dos años han obligado al Gobierno de Canarias a elaborar «unos presupuestos prudentes, con cálculos a gasto real» en los dos últimos ejercicios, indica la consejera.

En esta ocasión, la falta de presupuestos estatales y el desconocimiento de las principales magnitudes «vuelven a dificultar» la elaboración del presupuesto canario y «añaden muchas incógnitas».

Asián critica además la negociación bilateral de una financiación singular para Cataluña, que en su opinión rompe con el principio de solidaridad y con el sistema de financiación autonómica.

Las cuentas de 2026 «perseguirán la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda», adelanta la responsable de Hacienda.

Se cumplirán «los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos» y se «dará respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable», afirma.

También se atenderán «cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente».

EFEacp/spf

Santa Cruz de Tenerife, 18 jul (EFE).

– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este viernes que se ha reforzado el compromiso con la igualdad y la diversidad ante «el aumento de agresiones al colectivo LGTBI y la negación de la violencia machista», que ha denunciado CC.

Candelaria Delgado, en comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta de CC, ha informado de que se ha recuperado la financiación destinada a las víctimas de violencia machista y también el Ejecutivo ha suscrito acuerdos con los siete cabildos insulares para luchar contra esta violencia, con una dotación conjunta de 74,73 millones de euros hasta 2026.

Según ha detallado, el sistema de prevención e intervención contra la violencia de género incluye casas de acogida, centros de emergencia y dispositivos especializados.

Además, ha agregado, ya están operativos cinco centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y se prevén nuevos espacios en La Gomera y El Hierro.

En materia de diversidad, la consejera ha destacado que Canarias fue la primera comunidad en activar el teléfono 028 Arcoiris, un servicio telefónico para el asesoramiento y atención de personas LGTBI que ha recibido más de mil llamadas, siendo la segunda autonomía con mayor volumen de consultas.

Las principales demandas están relacionadas con apoyo psicológico, asesoramiento legal y situaciones de violencia.

Asimismo, ha anunciado la creación del Comité Consultivo para la Igualdad Social y No Discriminación, que garantiza la participación de entidades LGTBQA+ y promueve campañas de sensibilización y respeto a la diversidad sexual y cultural.

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Calero, ha alertado del» crecimiento de la violencia contra el colectivo LGTBI» y de la “negación preocupante” de los crímenes machistas entre los jóvenes, y ha instado al Gobierno canario a impulsar proyectos que promuevan la igualdad, la diversidad y el respeto.

Durante su intervención, Calero ha recordado que una de cada cuatro personas trans ha sufrido algún tipo de agresión y que los delitos de odio “no se pueden negar ni relativizar”.

“Esto no es una cuestión ideológica, sino un deber moral”, ha aseverado, al tiempo que ha abogado por promover nuevas masculinidades y espacios de debate para combatir los mitos que alimentan la violencia de género.

EFEbrr/spf