Ginebra, 18 jul (EFE).
– El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes preocupación por los informes que ha recibido sobre las condiciones inadecuadas y las plazas insuficientes en ciertos puntos de recepción de inmigrantes en España, en particular en Ceuta, Melilla y Canarias, a pesar de reconocer los esfuerzos del Estado para responder a este problema.
«El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado para responder a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes, en particular en respuesta al aumento de solicitudes de protección internacional desde 2019», recalca el órgano compuesto de expertos independientes.
El Comité analizó recientemente la situación en España, como parte de un ejercicio en el que los Estados que son parte del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos deben participar y al cual el Gobierno español acudió con una delegación que incluyó a representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Seguridad Social y Migraciones, entre otros.
En su informe final sobre España, el Comité pidió hoy que el país aumente de forma prioritaria su capacidad de tramitación de solicitudes de refugio y que se asegure de que todas sean debidamente recibidas, registradas y remitidas a las autoridades competentes, cualquiera que sea el lugar del territorio nacional en el que se presenten.
Otra preocupación del Comité ha sido «la práctica de devoluciones sumarias y rechazos en fronteras» y señaló que tiene conocimiento de que esto ocurre especialmente cuando las personas son interceptadas en el mar o en las playas de Ceuta.
Por otra parte, el órgano de expertos reconoció los avances en los ámbitos de la memoria, verdad y reparación por las violaciones de derechos humanos pasadas, así como la medida de crear una Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Sin embargo, tras ese reconocimiento lamentó que la Ley de Amnistía de 1977 siga sin derogarse.
En el mismo capítulo hace mención a las denominadas «leyes de concordia» en las comunidades de Aragón, Valencia y Castilla y León, las que han sido impugnadas por el gobierno y se encuentran pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional.
Al respeto, el Comité considera que la aprobación de tales medidas genera «profunda preocupación» porque «omiten las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y contribuyen a la negación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación».
En otra área, el Comité comenta los informes que ha recibido sobre «la ausencia de avances significativos para prevenir la corrupción en relación con altas funciones ejecutivas del gobierno central, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los parlamentarios, los jueces y los fiscales».
Para remediar esto, propone que el Estado haga más esfuerzos en favor de la transparencia y de los mecanismos de rendición de cuentas.
Concretamente, le recomienda tomar las medidas que permitan «investigar y enjuiciar con prontitud, independencia e imparcialidad todos los casos de corrupción, en particular de alto nivel».
Otro asunto que fue objeto de atención por parte del Comité fue «las elevadas tasas de feminicidios» y que persistan los estereotipos de género en áreas clave, como el Poder Judicial, así como las barreras con las que aún se enfrentan las mujeres para interponer denuncias.
EFEis/fpa
