Santa Cruz de Tenerife, 21 jul (EFE).
– El 31 por ciento de las 1.
089 entidades privadas que recibieron dinero público vía subvención, es decir, un total de 333, no presentaron los formularios para someterse a la evaluación de transparencia del Comisionado de Transparencia, mientras que las 756 que lo hicieron sacaron una nota media de 6,15, la primera vez que aprueban.
Son los datos del informe que ha presentado por este órgano, dependiente del Parlamento canario, y cuyos datos, en el caso de las entidades privadas, se remonta a la información disponible desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Para la comisionada de Transparencia, Noelia García, que ha recordado que estas entidades percibieron en ese bienio cerca de 985 millones de euros, ha habido una «mejora sostenida desde años anteriores» tanto por parte de las administraciones como de las entidades privadas, que han pasado de tener un 4 de media en 2019 al 6,15 entre 2022 y 2023.
«Por primera vez la nota es de un aprobado.
Se presentan menos entidades privadas pero las que se presentan aprueban», ha resumido Noelia García.
En el caso de las entidades públicos, cuyos datos a analizar abarcan desde el 1 de enero de 2022 y 30 de junio de 2023, se evaluaron 382 de 404, y hay un cumplimiento de la ley del 94,9 % y una nota media de 8.
Los entes públicos con peor nota en transparencia son las mancomunidades, con un 6,95.
Del resto de administraciones, las asociaciones públicas obtuvieron un 9,25, el sector público autonómico un 8,63, el sistema público universitario un 8,48, los cabildos un 8,2, la única parte del sector público que retrocede en su puntuación, y los ayuntamientos un 7,73.
Respecto a las reclamaciones por incumplimientos en transparencia, se interpusieron 777, la mayoría admitidas a trámite.
Noelia García se ha quejado de que la mayoría de las reclamaciones vienen derivadas del silencio administrativo por parte de las entidades, que mayoritariamente no contestan, «ni cuando les pedimos un trámite de audiencia».
Respecto a la posibilidad de que un régimen sancionador que ayude a incrementar los umbrales de transparencia de las entidades públicas y privadas, la comisionada ha deslizado que la futura ley que deberá aprobar el Parlamento canario se podrá trabajar ese aspecto, y ha recordado que, por ejemplo, no remitir información a la Audiencia de Cuentas supone una detracción de fondos públicos, lo que refuerza el cumplimiento con este órgano.
Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Rosa Bella Cabrera ha señalado que la voluntad debería ser ir hacia una transparencia proactiva, avanzar hacia donde la información de interés pública esté disponible y «nadie tenga que pedirla».
También ha lamentado la falta de homogeneidad y desequilibrio entre los diferentes niveles de la administración y ha preguntado si se piensa poner en marcha un plan para corregir esas diferencias.
De Coalición Canaria, Socorro Beato ha destacado que la valoración global es heterogénea, pues se demuestra por un lado la fortaleza de las grandes instituciones frente a la fragilidad y falta de recursos de los pequeños ayuntamientos.
Para la diputada nacionalista, «hay mucho margen de mejora y es una buena noticia la intención de hacer una labor de acompañamiento a esas pequeñas administraciones», y ha expresado que, en general, ha habido una mejora sistemática de la transparencia, «pese a la percepción del deterioro institucional que supone el conocimiento de casos de corrupción».
La diputada del grupo Popular Mónica Muñoz se ha quejado de que algunas consejerías del Gobierno canario aleguen no tener estructura administrativa para responder reclamaciones, y ha opinado que, este sentido, existe una «falta de voluntad política».
Por Nueva Canarias, Carmen Hernández ha subrayado que la transparencia «fortalece la democracia y reconcilia con lo público», y ha insistido en que las entidades privadas tienen la «obligación legal» de someterse a escrutinio si reciben el dinero de todos.
«Debemos reclamar que se sometan a la transparencia.
Si como nota media los que participan sacan poco más de un 6, significativamente inferior a las administraciones, sabemos que hay muchas entidades que suspenden en transparencia y esto es inaceptable», ha esgrimido.
Del grupo Vox, Paula Jover ha pedido incorporar la inteligencia artificial a la tramitación de reclamaciones.
También ha destacado los «grandes avances en la creación de portales», si bien ha demandado medidas para hacer que la ciudadanía conozca las herramientas de transparencia y cómo usarlas.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha dicho que es importante que por primera vez de cuatro años las entidades privadas aprueben, pero lo ha considerado «insfuciente» teniendo en cuenta el dinero que perciben, 985 millones de euros.
«Debería ser el cumplimiento con la transparencia el requisito para poder acceder a esas ayudas.
Eso exigiría un mayor cumplimiento», ha concluido.
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