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Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).

– El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha afirmado este miércoles que Canarias, «a pesar de que realmente está creciendo», lo está haciendo «por debajo de su potencial».

Santiago Sesé, en la presentación de los resultados del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) para el tercer trimestre de 2025, periodo en el que retrocedió un 2,1%, ha señalado que Canarias podría ser mucho más eficiente «si verdaderamente pudiéramos desarrollar todos los proyectos que tenemos» y estuvieran centrados en los temas más económicos y menos políticos.

«Necesitamos luces largas, una planificación y unas ejecuciones realistas para poder sacar tanto las inversiones públicas como las privadas», ha aseverado, al tiempo que ha admitido que Canarias no se puede permitir el «lujo» de no potenciar sectores emergentes relacionados con la economía azul.

Asimismo, ha abogado por digitalizar «muchísimo más» las empresas en base a los fondos europeos que hay destinados para ello y en retener el talento joven que se «está yendo fuera» en busca de oportunidades que no hay en las islas.

El presidente de la Cámara ha criticado el bajo grado de ejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y ha reflexionado sobre la importancia no solo de tener recursos sino de transformarlos en proyectos que sean efectivos y operativos.

Ha denunciado dificultades en los puertos y aeropuertos, que son «absolutamente estratégicos», en concreto el del sur de Tenerife y el puerto de Los Cristianos que, a su juicio, está colapsado y necesita una ampliación o trasladar la actividad a Fonsalía.

Se trata de ejemplos que están «limitando» que Canarias pueda «tener unos crecimientos mayores que los que tenemos».

Incertidumbres fiscales, energéticas y de inversión en el archipiélagoAdemás, Santiago Sesé ha advertido de un retroceso en la confianza empresarial en el archipiélago durante el tercer trimestre del año, con una caída del 2,1%, según los últimos datos del Indicador de Confianza Empresarial.

Aunque se trata de una bajada estacional habitual en estas fechas, ha avisado de varios factores que amenazan la evolución económica de las islas.

Entre los principales riesgos ha destacado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica y la falta de ejecución de los fondos europeos Next Generation.

En este contexto, ha subrayado que Canarias depende en mayor medida que otras regiones del sistema de transferencias estatales, y expresan su preocupación por posibles concesiones a Cataluña o el País Vasco que puedan dejar a las islas en desventaja.

Además, ha puesto el foco en la situación energética, calificando como “grave” la emergencia en islas como Tenerife y La Palma, donde los cortes de suministro y el colapso de las infraestructuras amenazan la actividad económica.

Ha criticado también la reciente eliminación de las bonificaciones en las tasas aeroportuarias para Canarias, una medida que, según afirman, puede perjudicar la conectividad aérea y la competitividad turística del archipiélago.

Pese a estas incertidumbres, ha estimado que Canarias podría cerrar 2025 con un crecimiento del 3% del PIB, uno de los más altos del país, impulsado principalmente por el turismo.

No obstante, ha insistido en que las islas crecen por debajo de su potencial y ha reclamado una mayor colaboración público-privada, un plan de inversiones estructurales y un impulso decidido a sectores emergentes como la economía azul, la innovación o las energías renovables.

Expectativas positivas pese a la caída estacional de la confianzaLa directora de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, ha precisado que aunque el Indicador de Confianza Empresarial correspondientes al tercer trimestre del año ha caído, se trata de una variación estacional habitual en este periodo y no altera la previsión general de recuperación durante el verano.

Pérez ha indicado que las expectativas empresariales siguen siendo positivas.

Un 22% de las empresas afirma haber mejorado su actividad en el segundo trimestre, frente a un 17,4% que indica un retroceso.

De cara al verano, el 28,3% prevé una mejora, mientras disminuyen las respuestas que apuntan estabilidad o descenso.

Por sectores, transporte y hostelería son los que más acusan la caída intertrimestral, debido a la comparación con el primer trimestre, coincidente con la temporada alta turística, aunque también concentran las mayores expectativas de mejora para el verano.

El comercio, por su parte, prevé un notable repunte impulsado por el gasto turístico.

El único sector que experimenta retroceso a nivel nacional es la construcción.

Por islas, todas salvo Tenerife y El Hierro presentan descensos de confianza.

Esta última destaca por un fuerte crecimiento, debido al impacto positivo de eventos locales como la Bajada de la Virgen y el inicio de la temporada estival.

En cuanto al empleo, la mayoría de las empresas mantuvieron sus plantillas en el segundo trimestre (78%) y prevén seguir igual durante el verano (79%).

El saldo neto, no obstante, fue negativo en el trimestre.

Sobre los precios, se espera cierta presión al alza por el aumento previsto de la demanda.

EFEbrr/asd

Santa Cruz De Tenerife, 23 jul (EFE).

– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha revocado una condena anterior por homicidio imprudente a un hombre que a las 20:45 horas del 30 de marzo de 2022 acabó con la vida de una mujer que cruzaba un paso de peatones en el acceso a la capital tinerfeña por Las Ramblas.

En principio al acusado se le atribuyó conducir a una velocidad superior al límite permitido y con el semáforo en ámbar, de manera que fue condenado por un homicidio imprudente menos grave a pagar 1.

500 euros y la prohibición de conducir durante diez meses.

La pena se basó en el informe elaborado por la Policía Local pero al final la Audiencia optó por absolverlo totalmente, y por su parte la compañía aseguradora indemnizó al hijo de la fallecida y a otros familiares.

En segunda instancia se admitió que pasar un semáforo en ámbar es una infracción grave, a lo que se unió que en aquel momento se suponía que el vehículo superaba la velocidad permitida, pero también se mencionó que en el reglamento de tráfico se contempla una excepción, que sería cuando al conductor no le da tiempo de frenar en el momento en el que el semáforo pasa de verde a ámbar.

La Sala barajó la posibilidad de que al acusado no le quedara otra opción que no poder parar y un informe pericial aportado por la defensa apunta que el coche estaba a 41 metros del paso de peatones.

Extremo este último que la Sala considera que “no se sabe de dónde se extrae”, pese a lo cual sospecha que efectivamente el conductor no pudo frenar bruscamente.

La Audiencia no comparte la afirmación de que el condenado iba a más velocidad de la permitida en este punto, que son 50 kilómetros por hora, dado que según el informe aportado por la defensa sería “impecable” en este extremo y es más completo que el de la Policía Local.

Este peritaje fija en 48 kilómetros por hora la velocidad a la que circulaba por lo que no se habría superado el límite, conclusión a lo que se llega tras tener en cuenta variables que no contemplaron los agentes como el peso del peatón, del coche y forma del vehículo.

A todo ello se uniría que la víctima iba corriendo, llevaba ropa oscura, falta de visibilidad por un árbol, el acusado circulaba por el carril central y la mujer venía de uno extremo cuando “se lanzó” al paso de cebra en rojo.

Este cúmulo de circunstancias “hizo imposible que pudiera ser advertida y se justificó que no pudiera frenar dado que ni siquiera la vio”, indica el fallo.

A todo ello se une que el conductor no había bebido ni se le detectaron sustancias tóxicas por lo que, a juicio de la Audiencia, no se le puede atribuir responsabilidad alguna ni calificar de “menos grave” la imprudencia en el siniestro.

“En resumen, la conducta del acusado en modo alguno puede ser objeto de reproche penal, cuando existen alternativas más favorables tales como que no le dio tiempo de frenar cuando pasó a ámbar el semáforo y que iba a menos de 50 kilómetros por hora”, indica el fallo, que ya es firme.

EFEnra/asd1012088

Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles instar al Gobierno regional a implantar en todas las zonas básicas de salud la consulta de fisioterapia +AP, que permite abordar precozmente patologías de etiología musculoesquelética, respiratoria y la atención al parto desde una perspectiva integral.

Petición que se hace en una proposición no de ley aprobada por unanimidad y que ha presentado el diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Yone Caraballo, quien ha aceptado una enmienda técnica de Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

De este modo se insta a implantar la consulta de fisioterapia +AP en todas las zonas básicas de salud, garantizando su extensión progresiva, homogénea y equitativa en todas las áreas de salud del archipiélago en el plazo de cinco años, con especial atención a las islas con implantación nula o baja como La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

También se insta a reforzar y crear consultas de fisioterapia en aquellas zonas básicas de salud con alto volumen de pacientes, así como aquellas que tengan difícil accesibilidad.

Asimismo se pide asegurar que, en cada consulta de fisioterapia implantada, se puede desarrollar de manera íntegra el programa ‘Fisioterapia + AP’, tal como está definido en la estrategia oficial del Servicio Canario de la Salud, sin restricciones en función del área sanitaria, y promoviendo la derivación directa desde cualquier especialidad médica, conforme a lo instado en una proposición no de ley de 2019.

En la proposición se incluye adecuar las infraestructuras necesarias con la dotación de material correspondiente para posibilitar la implantación de esas consultas en aquellos centros de salud que no disponen de espacio suficiente.

Y contemplar la posibilidad de ubicar las consultas de fisioterapia en centros periféricos o consultorios locales, cuando no sea viable su instalación en el centro de salud de referencia, asegurando así la cobertura territorial y asistencial en todas las zonas.

Además, se insta a valorar la incorporación de nuevas patologías de baja complejidad al protocolo de la consulta de fisioterapia + AP, así como facilitar el acceso directo a este recurso una vez consolidada la presencia del fisioterapeuta en la mayoría de las zonas básicas de salud.

Así como añadir en la evaluación anual del despliegue del programa ‘Fisioterapia +AP’ los indicadores de equidad, accesibilidad, eficiencia y resultados en salud, publicando los datos de implantación y dotación de profesionales de forma periódica y detallada por zonas básicas de salud.

EFErdg/asd

Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha votado por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley que reconoce la autoridad del profesorado en las aulas, planteada por los grupos del Gobierno, si bien los partidos de la oposición han denunciado la falta de consenso con la que se plantea y han confiado en que en el trámite parlamentario se llegue a un acuerdo común.

Esta iniciativa dota al profesorado de presunción de veracidad ante conflictos en las aulas y les garantiza apoyo jurídico y psicológico, según han detallado los diputados Yonathan Martín (CC), Sonsoles Martín (PP) y Melodie Mendoza (ASG).

Marcos Hernández, del PSOE, ha criticado que la propuesta parta exclusivamente de los grupos del gobierno pero ha confiado en que en el trámite de enmiendas puedan mejorarse algunas cuestiones.

Denunció que se plantea sin aportar datos sobre si hay una demanda social respecto al nivel de conflictividad, cuántos profesores y maestros pueden estar afectados por este modo de convivencia o cuántas agresiones hay.

También preguntó si la norma va a tener respaldo financiero o será un brindis al sol.

La diputada de NC Carmen Hernández lamentó que esta norma se remita al Parlamento sin el respaldo del Consejo Escolar de Canarias y sin el consenso de los grupos parlamentarios, por lo que también anunció enmiendas.

El representante de Vox Javier Nieto consideró necesaria la norma, aunque anunció que planteará propuestas para dar más protagonismo a las familias.

Yonathan Martín, de CC, dijo que los principales objetivos de la norma son ofrecer una herramienta al profesorado y a los equipos directivos para que conozcan y hagan valer sus derechos, profundizar en el reconocimiento al profesorado como autoridad pública, con la presunción de veracidad de sus actuaciones, garantizar su protección jurídica y psicológica y fomentar un clima de convivencia escolar positivo, en el que el respeto mutuo sea un valor esencial.

Sonsoles Martín, del PP, aseguró que la norma se justifica porque en las aulas hay «datos que preocupan», como docentes agredidos física y verbalmente, profesores desautorizados delante de sus alumnos y familias que se enfrentan al centro educativo.

Para Melodie Mendoza, de ASG, defendió la proposición de ley porque «nace del consenso y también de la urgencia».

EFEacp/asd

Madrid, 23 jul (EFE).

– El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el real decreto que detalla el protocolo para trasladar a los menores migrantes no acompañados desde comunidades con los recursos tensionados -como Canarias, Ceuta o Melilla- a otros territorios.

Este real decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor este jueves y es un paso más en el calendario previsto por el Ejecutivo para comenzar con la política de traslados a partir del 28 de agosto.

La idea es derivar a unos 3.

000 jóvenes que son atendidos hoy por Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año y, además, que todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados sean derivados a otras autonomías en apenas 15 días.

1.

Declaración de contingencia migratoriaEl primer paso será que la comunidad autónoma que tenga sus recursos al triple de su capacidad ordinaria declare la situación de contigencia migratoria, que deberá ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Según el calendario del Ejecutivo, esto podría ocurrir el 27 de agosto, después de que el Consejo de Ministros apruebe el día anterior un último decreto con las cifras de traslados que corresponden a cada comunidad.

2.

Evaluación personal del menorEl siguiente paso es que la Subdelegación del Gobierno adopte una propuesta de traslado de forma simultánea a la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Para ello, la comunidad autónoma de origen deberá remitir, en tres días, un informe sobre la situación del menor realizado tras una entrevista personal.

Este expediente se remitirá al menor y a la comunidad de destino, que podrán presentar alegaciones en tres días.

También se comunicará al Ministerio Fiscal, que podrá pronunciarse en dos días naturales y, en todo caso, si el joven se opone al traslado.

3.

Propuesta y resolución de traslado a otra comunidadPara determinar a qué territorio irá cada joven se tendrá en cuenta unos criterios ya fijados por el Ejecutivo: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

Con toda la información, la Subdelegación del Gobierno elevará su propuesta a la Delegación del Gobierno, que será la que resuelva.

La resolución será remitida en diez días al menor, a la comunidad de origen, a la de destino, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio Fiscal.

Esta resolución podrá recurrirse por vía administrativa o judicial y significará la asunción de tutela y custodia del menor por parte de la comunidad de destino.

4.

Traslado del jovenLa comunidad de origen será responsable del traslado de los jóvenes, que será financiado por el Estado mediante el fondo de 100 millones de euros aprobado en marzo.

Esta autonomía deberá notificar al joven, a la comunidad de destino, a su Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de destino, con una antelación mínima de 48 horas, la fecha, hora y lugar de llegada y el traslado deberá ejecutarse en cinco días desde este aviso.

5.

Recepción del menor en la comunidad de destinoLa comunidad de destino recibirá en el día, hora y lugar notificados al menor, que llegará en compañía de profesionales de la entidad pública de origen para intercambiar información con los de destino sobre la situación del joven.

Si la comunidad se niega a recibirlo, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán al joven a la entidad de destino.

El plazo máximo para los traslados es de 15 días naturales desde la inscripción de los jóvenes en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y, una vez completado, deberá ser notificado al Ministerio de Juventud e Infancia para su seguimiento.

EFElll/aam/pcr

Santa Cruz De Tenerife, 23 jul (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenó a tres personas a cuatro años de prisión cada uno por creer probado que ejercieron de patrones de un cayuco que llegó el 13 de diciembre de 2023 a El Hierro con 50 personas a bordo, algunos menores.

La Sala resaltó el hecho de que se trataba de “una frágil embarcación africana de pesca de bajura” de diez metros de largo y dos de ancho que carecía de medios para navegar con la mínima seguridad para realizar cualquier travesía, y tampoco contaba con comida suficiente.

El barco partió de Mauritania y la travesía duró unos cinco días, durante los cuales se les atribuye a los encausados haber realizado funciones de navegación, como el manejo del timón y la fijación del rumbo operando con al menos dos dispositivos GPS, así como del mantenimiento del orden.

En el tramo final del viaje la embarcación tuvo que ser asistida por un barco de Salvamento Marítimo que los trasladó hasta El Hierro, donde arribó sobre las 17:00 horas del citado día.

Los recursos se basaron en infracción de normas y garantías procesales y ausencia en autos de algunos de los atestados policiales y en diligencias, además de haberse incurrido en contradicciones e infracciones en los reconocimientos fotográficos y declaraciones y falta de intérpretes.

La respuesta del TSJC es avalar “la solidez probatoria de la resolución recurrida”, que se fundamenta en varios testimonios de los migrantes, más las declaraciones policiales, tal y como, de forma “detallada y exhaustiva” se recoge en la sentencia de instancia.

La versión alternativa sólo cuenta como soporte probatorio con la propia declaración de los acusados, que no está avalada por indicio alguno, según el fallo judicial.

La condena se basa en una grabación hecha por uno de los migrantes donde aparecen los acusados patroneando la nave, su identificación por el atuendo y el comportamiento como que uno de ellos fumaba mucho.

En principio la Fiscalía solicitó que se le impusieran a cada uno de los tres acusados cinco años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los encausados entraron en prisión provisional desde el momento en el que fueron identificados.

EFEnra/asd1012088

Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).

– Cincuenta adolescentes de Senegal, Mali y Guinea mayores de 16 años que llegaron a Canarias en pateras y cayucos se convertirán este miércoles en los primeros menores que acoge el Estado en su sistema de protección internacional en cumplimiento de las medidas dictadas por el Tribunal Supremo.

Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, la mayoría (35) procede de centros de acogida para menores migrantes de Gran Canaria y el resto (15) estaba bajo tutela autonómica en Tenerife.

Estos primeros 50 muchachos han sido seleccionados por la Administración del Estado en atención a sus perfiles personales y al estado o viabilidad de su solicitud de asilo o refugio, y a ellos se unirán esta misma semana otros 50.

Se trata de menores rescatados en las costas de Canarias en 2023, 2024 y 2025 y que solicitaron acogerse a la protección de España por diferentes cuestiones personales o relativas a la situación de su país de origen (en el caso de los malienses, por ejemplo, hay una recomendación genérica a su favor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR).

Los chicos pasarán sus primeros días en la red de protección nacional de España en el centro Canarias 50 de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, al que está previsto que lleguen a lo largo del día en diferentes transportes, ya que no todos estaban tutelados hasta ahora en los mismos centros de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias ha exigido que se cumpla el acuerdo de utilizar solo como centro de tránsito ese antiguo cuartel reconvertido en recurso de acogida, de modo que los menores sean transferidos en el plazo de quince días a plazas habilitadas en la península.

EFEjmr/pcr

Valencia, 23 jul (EFE).

– La Comunitat Valenciana lidera un frente común con Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Andalucía para reclamar al Gobierno más inversiones para regenerar la costa, una normativa costera «adaptada a la realidad» y herramientas para «frenar los deslindes».

La Generalitat ha presidido la reunión de los responsables en materia de Costas de estas Comunidades, que han acordado una declaración conjunta para la defensa del litoral y el impulso de una nueva normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adaptada a las normas a cada territorio con herramientas para frenar los deslindes.

Así lo ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante seis cargos de diferentes gobiernos autonómicos encabezado por Marc García Manzana, director general de Costas Puertos y Aeropuertos.

Los dirigentes han abogado por alzar la voz para denunciar la falta de inversiones para regenerar la costa y demandar una protección para las viviendas de núcleos costeros tradicionales amenazados por los deslindes.

Las seis autonomías presentes han explicado su experiencia que ha llevado a Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia y Galicia a asumir competencias y a la región gallega a promulgar una ley.

Una experiencia que ha servido también a la Comunitat Valenciana, con norma propia desde este 2025 y en proceso de asunción de competencias.

Durante su intervención, el conseller ha explicado el contenido de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que va en la línea de las reivindicaciones de estos gobiernos autonómicos.

Ha censurado que el Gobierno central «cercene los derechos de los vecinos que viven más cerca del mar.

Esta es la primera norma de rango autonómico que ofrece una serie de protecciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los deslindes», ha defendido.

En esta línea, Martínez Mus ha recordado que esta ley, entre otros, se enfoca en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su valor etnográfico y habilitando un nuevo canal para su protección frente a estos procesos.

De la misma forma, se ha recordado que la Generalitat aspira a contar con el aval, que ya han recibido otras autonomías, para gestionar las licencias de actividades en la costa.

Martínez Mus ha denunciado que el Gobierno de España está obstaculizando una gestión autonómica eficaz del litoral y de las playas, limitando las capacidades de acción directa de las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las realidades específicas de sus costas.

Por ello, considera necesario asumir el máximo de competencias posibles.

«La falta de inversiones por parte del Ministerio en infraestructuras de protección de la costa y obras de regeneración de las playas, sumado a unos deslindes que carecen totalmente de criterios técnicos, hace que las comunidades autónomas debamos dar un paso adelante en la gestión de nuestras costas», ha remarcado.

Para el titular de Medio Ambiente, esta jornada «es un ejemplo de esa alianza entre comunidades autónomas para intentar conjugar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente en unas costas donde la inversión estatal brilla por su ausencia».

«El litoral no puede esperar.

La costa retrocede, y con ella retrocede una parte fundamental de nuestro país.

Es tiempo de compromiso, de responsabilidad y de soluciones sostenibles y duraderas», ha sentenciado.

EFEmc/crf

Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).

– El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado a los diputados del PP de Canarias en el Congreso de haber «preferido la derrota del Gobierno» a la seguridad energética de las islas, al provocar que decaiga el decreto ley con medidas para prevenir nuevos apagones.

En unas declaraciones difundidas por su departamento, el también secretario general del PSOE canario reacciona de este modo a lo ocurrido el martes en el Congreso, a rechazar la Cámara el decreto ley «antiapagones» con los votos del PP, pero también con los de tres de los socios de investidura de Pedro Sánchez (Junts, Podemos y BNG).

Torres ha remarcado que ese decreto ley incluía, entre otras cuestiones, las medidas que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transición Ecológica habían pactado para intentar prevenir «gravísimos apagones» como los que han sufrido las islas como La Palma, el más reciente, pero también La Gomera, Tenerife o Gran Canaria, con anterioridad.

«El Gobierno de España las llevó al Consejo de Ministros, las aprobó en un real decreto ley y ahora se tenían que convalidar en el Congreso de los Diputados.

Y el PP ha votado en contra.

Los diputados del PP de Canarias han votado en contra de las medidas de emergencia para evitar apagones en nuestra tierra», ha añadido.

Para la Torres, la lectura de lo ocurrido en el Congreso es que los diputados del PP elegidos en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife «han preferido y decidido que es más importante que el Gobierno sufriera una derrota que la seguridad de los canarios».

«Lo vuelven a hacer.

Lo han hecho con los menores y con otros asuntos.

Ahora lo han hecho con la seguridad de los canarios.

Es absolutamente lamentable», asegura.

En un comunicado, el diputado del PP por Las Palmas y portavoz del partido en el Congreso en materia de energía, Guillermo Mariscal, replica que el decreto ley impulsado por el Gobierno «no ofrecía garantías reales ni soluciones responsables a los problemas del sistema energético» que se pusieron de manifiesto en el apagón total que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

«El decreto no solo carece de autocrítica y responsabilidad por el reciente apagón eléctrico general, sino que además valida un modelo energético que supondrá un enorme sobrecoste para las familias y empresas.

Lo que pretende el Gobierno es trasladar a los ciudadanos las consecuencias de su mala gestión y falta de planificación», argumenta el diputado popular.

Mariscal anuncia que su partido impulsará, en su lugar, una proposición no de ley con las medidas que considera más necesarias, en las que asegura que se incluirán las que precisa Canarias.

«Seguiremos trabajando desde la responsabilidad.

No vamos a permitir que la seguridad energética de Canarias dependa de decisiones políticas cortoplacistas.

Proteger a las islas ante un riesgo real de colapso energético no es opcional, es urgente», dice Guillermo Mariscal.

EFEjmr

Santa Cruz De Tenerife, 23 jul (EFE).

– Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad para pedir que designe al frente del Servicio Canario de la Salud (SCS) a una persona con un perfil técnico y no político, que de continuidad al trabajo y afronte retos como los procesos selectivos en curso.

La organización, que representa a 14.

000 trabajadores de los Grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud con más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha realizado esta petición en un comunicado con motivo del cese del director del SCS, Carlos Díaz.

La Consejería de Sanidad es el servicio público con el mayor presupuesto de la Comunidad Autónoma, la plantilla más numerosa, con 38.

000 trabajadores entre personal sanitario y no sanitario y se encuentra en una situación muy compleja con muchos frentes abiertos, añade.

Entre ellos los más relevantes son las ofertas de empleo público sin finalizar, con más de 12.

000 plazas convocadas, y otra pendiente de iniciarse de 8.

000 plazas, un concurso de traslado que lleva más de 10 años sin convocarse, sin olvidar los graves problemas asistenciales, como las urgencias, Atención Primaria y las infraestructuras con obras muy importantes pendientes de iniciar y terminar, prosigue Asamblea7islas.

Por todo lo expuesto, la organización pide un perfil técnico para la Dirección del Servicio Canario de Salud «con capacidad de diálogo».

EFEasd/cmg